OHL denuncia varios intentos de extorsión de Infraiber, su mano negra mexicana

Principios de este año 2015 que está a punto de terminar. La compañía mexicana Infraiber pide verbalmente a OHL que interceda a su favor ante las autoridades aztecas para que le devuelvan el SIVA (Sistema Independiente de Verificación del Aforo Vehicular) que le había concedido la sociedad pública Saascaem en 2010 para garantizar la correcta recaudación del peaje del Circuito Exterior Mexiquense, autopista explotada por la compañía española, pero que le fue revocado tres años después.

En aquella reunión, los responsables de Infraiber ya advirtieron a la empresa controlada por Juan Miguel Villar Mir de que, si no accedía a sus peticiones, se enfrentaría a presiones. Una amenaza que reiteró José Luis Meana, asociado de Infraiber, que en una conversación telefónica con OHL alertó de que "si no se arreglaba el asunto del SIVA, se crearía un gran escándalo para perjudicar", según aparece en la denunica que la compañía española presentó en septiembre ante la Procuradoría General de la República y a la que ha tenido acceso este medio.

Esta denuncia se suma a otros dos escritos presentados por OHL ante la PGR por la "intervención y difusión de comunicaciones telefónicas ilícitas (...) que han sido uno de los medios para la extorsión", y en ella, OHL deja ver claramente su sospecha de que Infraiber es quien está detrás del desplome de la constructora en bolsa, ya que la responsabiliza de una campaña de desprestigio que ha incluido desde desplegables en periódicos hasta el envío de comunicados a todo tipo de organismos e instituciones o la creación de la página web finalabuso.net.

Esta denuncia ha dado lugar a una investigación al otro lado del Atlántico, que se encuentra actualmente en fase de instruccion, y durante cuyas diligencias un equipo de la PGR inspeccionó las oficinas de Infraiber, sociedad del empresario Pedro Topete. Fue entonces cuando, según dijo públicamente la propia Procuraduría, se encontró material para realizar escuchas telefónicas.

Este punto es clave, ya que el detonante último que se llevó por delante la cotización de OHL y de su filial azteca, OHL México, fueron las filtraciones de unas grabaciones donde, presuntamente, empleados del grupo español trataban de sobornar a altos funcionarios mexicanos y hablaban sobre cómo falsear los flujos de tráfico para inflar sus tarifas.

Paulo Díez Gargari, abogado de Topete, denunció públicamente estas diligencias, por considerar que los empleados de la PGR se habían extralimitado respecto a la orden que tenían, ya que esta, afirmó, iba dirigida a notificar a Topete su citación para testificar, no a llevarse material, y que los equipos encontrados pertenecen a un cliente de nacionalidad francesa. De hecho, "Infraiber ha presentado denuncia penal en contra del agente del Ministerio Público y los policías que participaron en el ilegal cateo de sus oficinas y en el ilegal aseguramiento de equipo de oficina y documentos", explican desde la empresa.

Infraiber intentó que OHL adquiriera su tecnología por 300 millones, propuesta que la empresa española rechazó. Poco después, comenzaron las hostilidades

El dueño de Infraiber está en el centro de las sospechas de OHL desde hace mucho tiempo, ya que según afirman fuentes próximas a la constructora fue él en persona quien, ya en agosto de 2014, es decir, un año antes de que estallara el escándalo, se presentó en Madrid con la intención de que la constructora de Villar Mir le comprara el SIVA por 300 millones de dólares.

La compañía española rechazó de pleno esta propuesta, lo que desató la ira de Topete, que amenazó a los directivos de la constructora asegurando que "el que inicia la pelea y rompe, paga", según afirman las mismas fuentes. Desde Infraiber niegan que el SIVA haya estado nunca en venta y, según afirma el propio Paulo Díez, "en más de una ocasión, OHL intentó comprarlo".

El largo historial de Topete

Las múltiples sospechas que existen en todos los frentes de esta historia tienen en el empresario azteca a uno de sus máximos protagonistas. Por una parte, según recoge la denuncia presentada por OHL, llama la atención que Infraiber se constituyera apenas tres meses antes de que el Saascaem celebrara con ella un convenio marco para que, durante 20 años, "instalara y suministrara el SIVA". Desde la compañía azteca, afirman que esta práctica es habitual en el país y que su tecnología se instaló un programa piloto que fue validado por el Estado de México.

Este contrato prometía reportar a Topete un negocio de miles de millones de pesos, gracias al cobro de 50 centavos por cada automóvil que circulara por las autopistas del Estado de México, incluido el Circuito Exterior Mexiquense de OHL.

A pesar de estas bendiciones, hubo que esperar dos años, hasta marzo de 2013, para que el Saascaem notificara al grupo español que sería a partir del 8 de abril cuando iba a iniciar la implementación del SIVA, planes que la propia Saacaem echó por tierra pocos días después, con un oficio en el que revocaba la concesión a Infraiber, y contra el que Topete reaccionó llevando ante los tribunales tanto a OHL como al Gobierno del Estado de México.

Pero este no es el único enfrentamiento que existe entre las autoridades aztecas y el empresario, al que algunas fuentes sitúan en Brasil por tratarse de un país con leyes antiextradición. La concesión del ferrocarril Chiapas-Mayab, que Topete adquirió a la norteamericana Genesse & Wyoming a través de su sociedad Viabilis, es otro enfrentamiento que ha llegado hasta los tribunales.

La estadounidense abandonó la explotación del ferrocarril en 2007, a causa de los daños sufridos por un huracán, y meses después vendió el 100% de las acciones de la concesionaria a Viabilis, operación que las autoridades del país no reconocen, porque consideran que, conforme a la ley, no se pueden vender licencias de concesiones ferroviarias. De hecho, la línea está siendo explotada por una sociedad bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que Viabilis ha demandado, según ha publicado la prensa mexicana.

Otro negocio bajo sospecha es la concesión de la autopista Naucalpan-Escatepec, por cuya titularidad está enfrentado con la empresaria de origen español Guadalupe Gallego Ochoa, que le acusa de fraude y apropiación indebida, y que llevó el caso ante la Justicia estadounidense.