La 'segunda oportunidad' de los autónomos será regulada en la nueva Ley Concursal
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MÁS CAMBIOS EN LA NORMATIVA CONCURSAL

La 'segunda oportunidad' de los autónomos será regulada en la nueva Ley Concursal

La ansiada ley de 'segunda oportunidad' para los autónomos será regulada con una nueva enmienda a la ley Concursal que se tramita en el Parlamento

Foto: El ministro de Economía, Luis de Guindos (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos (EFE)

El Ministerio de Economía ultima nuevos cambios en el real decreto de medidas urgentes en materia concursal con el fin de asegurar una verdadera ley de ‘segunda oportunidad’ para los trabajadores autónomos. Los empleados por cuenta propia han sido las víctimas propiciatorias de la crisis y la Ley de Emprendedores se ha quedado corta en su pretensión de salvar de la quiebra a muchos de estos empresarios individuales. En la actualidad, uno de cada cinco ocupados en España se rige por sus propias condiciones de trabajo.

El Gobierno ha ido adaptando de manera paulatina en los últimos años la normativa concursal en nuestro país con la clara y manifiesta intención de favorecer el mantenimiento de la actividad económica ante las peores circunstancias de insolvencia empresarial. La última vuelta de tuerca legislativa se encuentra ahora en su fase de convalidación parlamentaria como proyecto de ley y ha facilitado que muchas grandes compañías en proceso de suspensión de pagos puedan incluso abordar en condiciones ventajosas la renegociación de sus convenios originales de acreedores.

La flexibilización de todo el procedimiento concursal, tanto en sus plazos temporales como en la reducción de los porcentajes de aprobación de los acuerdos, constituye la piedra angular de una reforma que ahora se quiere extender también a los autónomos. El objetivo no es otro que establecer un marco específico en materia concursal para los trabajadores por cuenta propia, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de este colectivo las suspensiones de pagos son mortales de necesidad y en un 98% de los casos desembocan en una liquidación irreversible.

Con estos antecedentes y a la vista de la que se avecina en el panorama político, el grupo parlamentario del PP está ultimando una enmienda al mencionado decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre. El partido en el poder quiere congraciarse de una vez por todas con el colectivo de autónomos, fomentando medidas que hasta ahora podrían resultar revolucionarias en el escenario financiero. El Gobierno es consciente de que no sólo se puede vivir del rescate bancario y quiere que las ventajas de salvar a los prestamistas se trasladen también en beneficio de los deudores.

Para ello es preceptivo mejorar los fundamentos contenidos en la Ley de Emprendedores y adaptar los niveles de la responsabilidad limitada de los autónomos para posibilitar que la insolvencia de un proyecto empresarial no se convierta en una quiebra económica personal sin punto de retorno. La disposición legal en la que trabajan los técnicos del Ministerio de Economía otorga carta de naturaleza a lo que en el mundo anglosajón se denomina el fresh start, que consiste en la condonación definitiva del pasivo no satisfecho por el prestatario después de un procedimiento de liquidación.

El modelo de Estados Unidos

La rehabilitación del autónomo a partir de la exoneración de la deuda pendiente está vinculada a la buena fe en el proceso de reestructuración, lo que exige un nuevo sistema de calificación crediticia al estilo del que funciona en Estados Unidos. Dicho mecanismo, llamado credit score, permite puntuar la calidad financiera de los ciudadanos en función de elementos positivos y no sólo negativos. En España, por el contrario, todos los registros de referencia como el RAI o el CIRBE están constituidos sobre datos de impagos, lo que impide en la práctica cualquier intento de segunda oportunidad para los autónomos en crisis.

El propio gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha reconocido en el Congreso de los Diputados la conveniencia de abordar esta reforma, que ha sido reclamada insistentemente desde hace tiempo por las principales formaciones de la izquierda política. Es significativo que el supervisor del sistema financiero ponga el dedo en la llaga de una regulación que, en teoría, supone la asunción de riesgos adicionales para las entidades de crédito, si bien tiene por otra parte la ventaja de atenuar la exclusión social, reducir la economía sumergida y evitar la desaparición de un tejido empresarial clave para la recuperación económica.

De acuerdo con los últimos datos de la EPA, correspondientes al tercer trimestre de este año, el número de trabajadores por cuenta propia supera los tres millones en España. De esta cifra, más de dos millones son trabajadores independientes sin asalariados a su cargo. Si se eliminan los empleados del sector público, los resultados son todavía más elocuentes, hasta el punto de que un 21,1% de los ocupados en el sector privado de la economía lo son por cuenta propia en cada una de sus modalidades. No es de extrañar que el Gobierno intente ahora echar el resto sobre este segmento de actividad laboral. Más vale tarde que nunca.

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