apoyo a los CONVENIOS DE ACREEDORES

El SOS empresarial obliga a una enésima vuelta de tuerca en la ley concursal

El Gobierno explora la conveniencia de ampliar a la fase de convenios las nuevas mayorías rebajadas que ahora se aplican a la fase pre-concursal

Foto: El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el titular de Economía, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el titular de Economía, Luis de Guindos. (EFE)

Las medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de deuda no van a ser las últimas que promueva el Gobierno en su operación de ‘socorro y salvamento’ empresarial. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha planteado a su colega de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la necesidad de dar otra vuelta de tuerca a la ley concursal de modo que las ventajas adoptadas ahora para esquivar las suspensiones de pagos puedan extenderse a la fase de convenios, con el fin de impedir también la definitiva liquidación de empresas.

El Real Decreto 4/2014 del pasado 7 de marzo acaba de ser convalidado en el Congreso con un respaldo mayoritario de los distintos grupos políticos. La normativa ha sido acogida además con un respaldo unánime de público y crítica dentro del controvertido mundo de los negocios, donde no siempre existen intereses y sensibilidades coincidentes. Acreedores y deudores han cerrado filas en esta ocasión para saludar una regulación que será tramitada durante los próximos meses en el Parlamento como proyecto de ley. El objetivo final no es otro que definir un nuevo marco concursal acorde con la recuperación económica que favorezca el verdadero y efectivo rescate de empresas en España.

El primer cometido del Ministerio de Economía ha consistido en evitar la ocasión, entendiendo como tal la proliferación de concursos de acreedores, que sólo durante el pasado ejercicio han afectado a casi 13.000 empresas en nuestro país. La segunda fase de cambios legislativos pretende ahora ir un poco más allá, evitando el peligro que supone la desaparición de empresas que se encuentran en fase avanzada de convenio, pero que necesitan un último empujón para cumplir los acuerdos con sus acreedores.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (EFE)

El nuevo decreto de refinanciación ha modificado la disposición adicional cuarta de la ley concursal con objeto de blindar la posición de los acreedores en la renegociación de deudas con empresas amenazadas de suspensión de pagos. A tal efecto se han reducido las mayorías necesarias para llegar a un acuerdo en la denominada fase preconcursal, que originalmente exigían el respaldo de hasta un 75% del pasivo exigible y que ahora han quedado establecidas por término general en sólo el 51%.

Bruselas reclama una ‘segunda oportunidad’

El plan que ahora estudia la Abogacía General del Estado pasa por introducir una enmienda en el flamante proyecto de ley para que estas nuevas mayorías rebajadas se extiendan tanto a las empresas que ya han solicitado concurso ante el juzgado mercantil como, sobre todo y principalmente, a las que disponen de un convenio de acreedores. Tanto el Partido Popular como el PSOE están de acuerdo en priorizar los programas de reflotamiento frente a las liquidaciones, evitando que el incumplimiento de los convenios implique de forma automática la desaparición de una empresa.

Los principales bufetes de abogados y entidades financieras se muestran igualmente favorables a esta reforma legislativa, dada la experiencia contrastada en los numerosos procesos de liquidación, que suelen traducirse en una nula o escasa recuperación de los créditos. Los grandes bancos del país, con importantes riesgos declarados en múltiples procesos de suspensión de pagos, tratan de sustraerse a las tensiones que generan los pequeños acreedores, cuya oposición minoritaria resulta muchas veces decisiva para frustrar un acuerdo razonable de reestructuración de deuda.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), con el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), con el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. (EFE)

La Comisión Europea ha abundado también en la conveniencia de lo que considera “una segunda oportunidad para empresarios honrados”. A través de un comunicado difundido el pasado 12 de marzo, las autoridades comunitarias recomiendan a los Estados miembros la revisión de su normativa interna para evitar los concursos o, en su defecto, ayudar a viabilizar las empresas que, tras entrar en suspensión de pagos, han logrado aprobar una solución de índole conservativa. Bruselas apunta claramente a los convenios de acreedores, instando a la utilización de todos los instrumentos que proporciona el nuevo sistema concursal para que el incumplimiento puntual de un acuerdo con los bancos no suponga la destrucción económica empresarial que implica una liquidación.

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