El sueldo de la cúpula de Aena desencadenó las hostilidades entre Guindos y Vargas

Los motivos reales que han paralizado la oferta pública de venta (OPV) de Aena trascienden la elección del auditor y del verificador de la empresa pública. Según han indicado distintas fuentes, una de las causas principales ha sido la intención de la cúpula directiva de adecuar su sueldo para igualarlo al de una empresa cotizada y así evitar que los competidores pudieran fichar a los gestores clave del grupo por “cobrar poco”.

Ni el Ministerio de Economía ni el Hacienda aprobaron la petición del presidente del grupo aeroportuario, José Manuel Vargas, de implantar un plan de stock options para vincular los intereses de la compañía al de los directivos. Una práctica muy habitual en cualquier compañía cotizada de cierto tamaño, como es ACS, Banco Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola o Amadeus, cuyo objetivo es incentivar la consecución de mejores resultados.

Pero ni Luis de Guindos ni Cristóbal Montoro le aceptaron la petición al considerar que el Estado seguiría teniendo después de la privatización el 51% del capital de Aena, por lo que continuaría como principal accionista. En consecuencia, Vargas y su equipo debían cobrar sueldo de empresa pública, muy por debajo de otros operadores privados. En concreto, el presidente seguiría percibiendo unos 160.000 euros al año, mientras que los principales directores generales, cerca de 90.000.

Una remuneración que está muy lejos de los 2,3 millones de euros que percibe el presidente del comité ejecutivo de Fraport, el gestor de los aeropuertos alemanes, y de los 1,65 millones de los principales directivos. Además, esta compañía tenía varios planes de incentivos, tanto a corto como a largo plazo, que suponían el pago de un bonus adicional de entre el 10 y el 20% del salario. Por su parte, los dos directivos claves de Aéroports de Paris, compañía también semipública, recibieron cerca de 500.000 euros, pero tampoco tenían derecho a un plan de stock options.

Tras la negativa de ambos ministerios, Aena decidió no incluir en la presentación de la compañía a los potenciales inversores esta posibilidad, habitualmente bien valorada por el mercado cuando los términos del plan son razonables, según aseguran fuentes próximas la frustrada OPV. La empresa negó que este asunto fuera motivo de debate, pero otras fuentes de los bancos coordinadores, por ejemplo, desde Economía y de Hacienda aseguran que fue uno de los factores que provocaron la discordancia entre los gestores de Aena y los representantes del Estado.

La polémica del folleto

Sin embargo, Vargas sí quiso que el folleto informativo de la colocación de hasta el 28% del capital incorporase en el capítulo cero, en el que se definen los factores de riesgo para los inversores, que los directivos cobraban poco en comparación con compañías competidoras y que podrían aceptar cualquier oferta de un rival. Por lo tanto, Aena corría el riesgo de perder “talento clave” para la buena gestión del negocio, lo que podría impactar en la cotización.

Su petición no sólo fue de nuevo denegada por Guindos y por Montoro, sino que fue interpretada como un ataque directo de Vargas a Economía y a Hacienda. “Trabajar en una empresa pública supone aceptar un sueldo acorde a la situación”, sostienen fuentes próximas a los ministerios, cuyos titulares cobran menos que los directivos de Aena.

Vargas, que fue nombrado presidente de la empresa aeroportuaria en enero de 2012 tras la toma de gobierno por parte del PP, tenía un sueldo de un millón de euros en su antiguo cargo como consejero delegado de Vocento. Cuando dimitió a mediados de 2011, recibió 3,12 millones en concepto de indemnización.