Ana Pastor recurre a la abogada del Estado Marta Silva para salvar la OPV de Aena

Enaire, la empresa estatal controlada por el Ministerio de Fomento y que actúa como gestor de la privatización de Aena, ha lanzado su particular ‘grito de socorro’ a la Abogada General del Estado Marta Silva para que resuelva el laberinto en el que ahora se encuentra la OPV del operador aeroportuario. Los promotores de la operación, con la ministra Ana Pastor a la cabeza, necesitan un respaldo jurídico que eluda cualquier problema de procedimiento en la designación de PwC como auditor de Aena y encargado de firmar la carta de conformidad de la oferta pública en bolsa.

El doble papel de la firma auditora ha sido el gran motivo de controversia que provocó las discusiones en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, puso el dedo en la llaga de una supuesta incompatibilidad, aunque ayer mismo señaló que, en realidad, sólo existían cuestiones técnicas pendientes de resolución. Dichos flecos se refieren a la decisión de otorgar a PwC el mandato para certificar la OPV sin que haya mediado previamente un concurso público.

Al tratarse de una empresa estatal como Aena, todo el desarrollo de la oferta en bolsa se ha llevado a cabo bajo estricto control y dependencia de la ley de Contratos del Estado. Hasta la configuración del núcleo estable de accionistas de referencia se ha realizado mediante una subasta al mejor postor, y lo mismo se puede decir de la elección de los bancos aseguradores y colocadores, así como también de los asesores legales. En el caso del auditor, la excepción ha confirmado la regla, pero en este caso la decisión ha respondido a la práctica habitual en todas las operaciones similares llevadas a cabo en Europa durante la última década.

Fuentes conocedoras del conflicto planteado dentro del máximo órgano colegiado del Gobierno aseguran que la necesidad de un concurso para seleccionar a la firma auditora encargada de rubricar la comfort letter de la OPV hubiera tenido todo el sentido en el supuesto de que PwC no fuera la compañía elegida. La razón es tan simple como que la citada compañía, en la que casualmente trabajó hace cinco años el propio Luis de Guindos, es desde hace tiempo el auditor de cuentas de Aena.

Una garantía adicional para los inversores

La CNMV es partidaria de que sea el mismo auditor tradicional el encargado de avalar la oferta pública dado que es el que tiene mejor conocimiento de causa sobre la situación financiera y las perspectivas del emisor. Para los inversores es una garantía adicional que la carta de conformidad tenga la rúbrica del propio auditor, por lo que la convocatoria de un concurso público se considera una medida desproporcionada o, cuando menos, superflua. En todo caso, el organismo regulador ha decidido ‘lavarse las manos’ y mantenerse a la expectativa con la confianza de que el Gobierno sepa encontrar una salida favorable esta misma semana.

Para ello es fundamental que la Abogacía del Estado defienda la conveniencia de PwC como el mejor avalista de la OPV en los mercados de valores y desmonte cualquier suspicacia que pueda obligar a la convocatoria de un concurso público que, en su caso, retrasaría la aprobación de la OPV por parte del Consejo de Ministros y daría al traste con el proyecto de venta del 49% de Aena. A estas alturas de la película, con los bancos trabajando en la negociación de los mandatos de compra, la suspensión de la oferta pública no dejaría de ser un esperpento que afectaría muy gravemente a la imagen de marca de España en los mercados internacionales.

El plan trazado por el Ministerio de Fomento consiste en disponer de un dictamen por parte de los servicios jurídicos del Estado antes del próximo viernes, de manera que Ana Pastor pueda elevar al Consejo de Ministros del día 31 la aprobación de la fase final de la OPV. La carta de conformidad está ya elaborada desde hace tiempo y ahora lo que se necesita es habilitar el mandato de Enaire para que el trabajo de PwC pueda incorporarse a la documentación que reclama la CNMV. En cuanto todos estos trámites estén resueltos, el regulador no tendrá mayor reparo en verificar el folleto y dar el pistoletazo de salida a la oferta pública. Todo ello, claro está, con una semana de retraso y salvo mejor opinión de Luis de Guindos.