según accionistas de veloi rail

Lara da plantón al Gobierno y se baja de la privatización del AVE al Levante

El dueño de la editorial Planeta ha decidido no acudir al concurso para gestionar el AVE entre Madrid y Valencia por las recientes desavenencias con el Gobierno.

Foto: El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara (Reuters)
El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara (Reuters)

José Manuel Lara, el editor español que quería convertirse en el gran operador privado de trenes de pasajeros, ha decidido no acudir a la privatización de la línea del AVE entre Madrid y Valencia. La decisión ha sido adoptada tras comprobar que el Ministerio de Fomento no liberalizará de momento el corredor que une la capital con Barcelona, el verdadero tesoro de Adif y Renfe.

Fuentes próximas a Veloi Rail, la empresa constituida por el dueño de la editorial Planeta, han asegurado que el proyecto “ha muerto” tras el anuncio por parte del consejo de ministros del pasado 13 de junio de abrir solo a la competencia privada la vía que va de Madrid al Levante. En consecuencia, Lara no se presentará a este concurso para gestionar el AVE que enlaza con Cuenca, Albacete, Valencia, Castellón y Murcia, cuya licitación está prevista para septiembre.

A la vuelta del verano, Fomento prevé emitir una orden ministerial donde se detallarán las características del contrato, que deberá ser respaldado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y por el Consejo de Estado. Así lo señaló días atrás el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, quien desveló las prisas del Gobierno al añadir que “tan pronto como esté en condiciones de llevarlo a cabo, el nuevo operador empezará a dar servicio en el sector de Levante”.

El Ministerio que dirige Ana Pastor estima que el título habilitante estará listo hacia finales de año, mientras que el inicio de las operaciones dependerá de lo que tarde la empresa adjudicataria en estar preparada para operar la concesión, según agregó Catalá en su intervención en el congreso anual sobre la inversión y financiación de las infraestructuras organizado por IFAES.

Sin embargo, la retirada de Lara es un golpe a las pretensiones del Gobierno de tener a varios competidores con músculo financiero para calentar la puja. De hecho, el ejecutivo de Mariano Rajoy confiaba en la presencia del empresario catalán para hacer frente al interés de la francesa SNFC, dueña del 25% de Comsa Rail, y de la alemana Deutsche Bahn, propietaria de Tranfesa. Estas dos sociedades ya tienen licencias para operar en el negocio del transporte de mercancías.

Otras compañías que se han posicionado para quedarse con el corredor del Levante son Continental Rail, Eco Rail, Interbus, Avanza Tren y Alsa Rail, que podrían asociarse con constructoras como Acciona, OHL y Ferrovial, las cuales también han mostrado interés por participar en la privatización. Asimismo, el grupo turístico Globalia de Juan José Hidalgo había filtrado que miraría las cuentas del contrato para sopesar una oferta.

Grandes apellidos

Veloi Rail fue la primera empresa creada ex profeso para este negocio bajo el paraguas de la sociedad patrimonial Inversiones Hemisferio. La familia Lara contrató a directivos procedentes de Renfe y de Accenture para prepararse de cara a la liberalización e incluso este año aprobó una ampliación de capital por tres millones de euros para tener los recursos suficientes de cara a optar a la licitación.

La ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)
La ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)

El editor, que ya se introdujo en el sector del transporte cuando tomó una participación significativa en Vueling, había contactado con importantes empresarios catalanes y madrileños para formar parte del consorcio. Varios de ellos, entre los que se encontraban algunos de los apellidos más ilustres de Cataluña y de la capital, ya se habían comprometido a meter dinero en una segunda ampliación de capital. Según confiesan, el proyecto se ha parado hasta nuevo viaje.

Lo llamativo de la retirada de Lara es que la ha adoptado antes de conocer los detalles del pliego de condiciones, lo cual es interpretado por distintas fuentes por la tensión actual del Gobierno con los grupos de comunicación. En especial, con las televisiones, a las que ha golpeado con la supresión de varios de los canales que obtuvieron en la anterior legislatura.

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