Bruselas estrecha el cerco a España por ayudas de Estado ilegales al Grupo Correos
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Bruselas estrecha el cerco a España por ayudas de Estado ilegales al Grupo Correos

La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra el Reino de España, Correos y la SEPI por ayudas de Estado ilegales a la empresa

Foto: El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros (i), y el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin
El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros (i), y el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin

Nuevos problemas para el Gobierno español con las autoridades comunitarias. Y es que, según aseguran fuentes conocedoras del proceso,la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra el Reino de España, el Grupo Correos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por ayudas de Estado ilegales concedidas a la empresa pública y a sus filiales. El argumento de fondo de la reclamación, anónima y a la que ha tenido acceso El Confidencial, es que el importe que destinan los Presupuestos Generales para sufragarla “carga financiera injusta” que supone cubrir el servicio postal universal (SPU) sirven realmente para “garantizar la viabilidad económica” del grupo.

En paralelo, también se expone que esas subvenciones distorsionan y “amenazan con afectar seriamente al segmento de paquetería empresarial”, a la postre un árealiberalizada. Fuentes oficiales del Grupo Correos explicaron que el procedimientose encuentra actualmente en el trámite de petición de información y que la sociedad está preparando las oportunas explicaciones para defender su posición. "A partir de ahí, esperamos que la denuncia se archive", subrayaron.

Según explica el documento, el mercado postal español puede dividirse en dos segmentos claramente diferenciados. Por un lado, el tradicional, que supone un 20% y engloba el servicio postal universal. Por otro, la paquetería industrial, comercial y mensajería, con mayor valor añadido, completamente liberalizado y que supone el 80% restante. En este sentido, la denuncia parte de que “Correos está aprovechando su posición de dominio en el mercado postal tradicional aplicando sus políticas anticompetitivas al segmento de la paquetería, con el fin de incrementar sus cuotas” en esemercado, abierto a la competencia.

Un escenario favorecido por la legislación y la ampliación del servicio postal universal contempladaenla Ley 43/2010, que eleva de 10 a 20 kilos los paquetes incluidos en su marco de aplicación. “La ampliación del ámbito del SPU, sin una justificación objetiva, expresa la voluntad del Estado español de favorecer con esta medida a su empresa Correos, que podrá ofertar a los clientes unos servicios de paquetería, en condiciones de costes de prestación más ventajosas, por estar subvencionados por las ayudas que se denuncian en este escrito”, expone la demanda, fechada el 27 de marzo. Y apunta a todo un trasunto de ayudas cruzadas, con fondos que procedentes del área no rentable terminan en las filiales y restringen la competencia en sectores liberalizados.

Una oficina de Correos. (EFE)En concreto, la denuncia centra su análisis en Chronoexprés y las inyecciones de capital recibidas en los últimos años por esta firma, incluida en el Grupo Correos y especializada en la distribución de paquetería empresarial. Según las cuentas que presenta el documento, el capital aportado a esa sociedad por la matriz alcanzaría los 229,2 millones entre 2003 y 2012, después de que hasta en dos años –2003 y 2005– el capital de la empresa quedara a cero. “Debemos concluir en ese extremo que, en el mercado de la paquetería empresarial, ninguna empresa puede soportar unas pérdidas de 229.256.075 millones de euros sin desaparecer.Los socios quieren ser retribuidos por las aportaciones y, en este caso, sólo en el año 2008 se ganó un millón de euros. Absurdo”, expone la documentación remitida a la Comisión.

La financiación del grupo

Una situación que, de acuerdo con la denuncia, respaldaría la tesis de que los fondos presupuestarios tienen como último objetivo sostener el conglomerado de empresas.“La voluntad del legislador no es compensar el área no rentable del SPU, sino garantizar la viabilidad financiera de Correos y, en consecuencia, de la unidad económicaque formael grupo de empresas”, se expone. Y se va más allá: “Esta voluntad sólo se explica porque en la más alta dirección de la empresa se encuentra representada la administración general del Estado, y existe por tanto una identidad común, de la empresa y del otorgante de ayudas”. En efecto, la SEPIatesora el 100% del grupo.

La sobrecompensación que se advierte por los denunciantes se justificaría, entre otras razones, por los fondos propios positivos registrados por la firma entre 2005 y 2012, entre 1.314,64 y 1.537,08 millones de euros, que no han sido óbice para mantenerlos montantes en ayudas. También, por ejemplo, por el elevado porcentaje que supone el coste del SPUrespecto a la cifra de negocios, superior al 10% en los años analizados. “Es de señalar que en el año 2005, la compensación era de 88 millones de euros, en el año 2009 alcanzó la cantidad de 222 millones de euros, y en 2010, último en el que se determina el coste neto, ascendió a 197 millones de euros”, subraya el documento. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 reconocen a Correos 518 millones de euros para los ejercicios pendientes de liquidación.

La demanda también describe otras entregas de dinero público, vía exenciones fiscales, aportación de recursos de capital incrementados con renuncias al cobro de dividendos, bonificaciones en cotizaciones sociales, etc. “Este hecho es la causa de la ventaja económica sustancial, como se acredita por los más de 5.000 millones de euros recibidos en el periodo analizado”, zanja. En este sentido, solicita que se inicien diligencias informativas y, tras el periodo de información, la Comisión abra un expediente sancionador, “que finalice con la adopción de las medidas precisas para que cesen las conductas denunciadas, con devolución de las cantidades percibidas ilícitamente por parte de los beneficiarios de las mismas”. Un frente no pequeño para la empresa y el Ejecutivo.

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