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La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Tragsa, el mayor de una empresa pública
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'EL CONFIDENCIAL' HABÍA DENUNCIADO IRREGULARIDADES

La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Tragsa, el mayor de una empresa pública

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo del Expediente de Regulación de Empleo, presentado por Tragsa, por lo que decreta la

Foto: Trabajadores de Tragsa se manifiestan en Madrid (Atlas)
Trabajadores de Tragsa se manifiestan en Madrid (Atlas)

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo del expediente de regulación de empleo, presentado por Tragsa, por lo quedecreta la admisión de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que dejaron de percibir. Se trataba del mayor ERE de una empresa pública presentado hasta el momento en España.El juez ha comunicado esta decisión a CSI-F, una organizaciónque está presente en este proceso y que ha valorado de forma "positiva" esta sentencia, ya que había advertido en el pasado que elERE presentado por Tragsa era "desproporcionado".

La Sala de lo Social de la Audiencia ha establecido que existe causa para la nulidad del ERE por la forma en que fueron seleccionados los empleados que iban a ser despedidos. La sentencia establece que, en el caso de las Administraciones Públicas y entes del sector público, el "derecho de igualdad" en el empleo exige la "predeterminación" de criterios basados en la "igualdad, mérito y capacidad" y que la falta de vinculación a tales principios es causa de invalidación de los despidos. En este supuesto, la sentencia de la Audiencia Nacional ha señalado que "los criterios no han sido fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones".

El expediente de regulación de empleo de Tragsacontemplaba unajuste de 726 trabajadores,de los cuales 150 ya han sido despedidos, mientras que el juicio sobre Tragsatec, filial que también presentó otro ERE, se ha retrasado al 27 de mayo. Entre ambas empresas, la matriz pensaba despedir a 1.336 trabajadores.

Para justificar este ajuste, Tragsa había alegado al presentarel EREen el mes de octubreuna drástica caída de los ingresosque le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio. La compañía alegaba que la drástica reducción de la inversión pública le obligaba a reducir su plantilla, dado que sus únicos clientes son las Administraciones.

Sin embargo, los sindicatos consideraban que la dimensión del ERE era excesiva respecto a los resultados de la empresa, asegurando que el ahorro conseguido con los despidos era el triple de lo que la compañíaiba a perder en un año. Además, los trabajadores habían denunciado la falta de recortes en los cargos directivos y la contratación de eventuales.

El Grupo Tragsa presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales a las Administraciones y su titularidad es 100% pública, siendo la tercera empresa que más ingresos aporta a laSEPI, detrás deCorreosy casi a la misma altura queNavantia.Aunque la SEPI es su principal accionista con un 52%, el grupo está controlado por el Ministerio de Agricultura, que posee un 38% y designa a 8 de sus 15 consejeros.

Una adjudicación bajo sospecha

Pese a que la impugnación del EREante la Audiencia Nacional hacía pensar en una posible anulación, la empresa decidió comenzar los despidos sin esperar la resolución judicial, un proceso en el que se encontró con otro obstáculo legal debido auna cuestionada adjudicación en concurso públicopor valor de un millón de euros, correspondiente al plan de recolocación de los despedidos, como publicó El Confidencial.

El citado concurso se puso en marcha el pasado noviembre en cumplimiento de la obligación legal que exige contratar los servicios de una agencia de recolocación que ayude a los empleados despedidos a encontrar lo antes posible otro puesto de trabajo. El pliego incluía dos concursos con las mismas condiciones para Tragsa y Tragsatec, de500.000 euros cada uno, y fue adjudicado a la compañía Lee Hecht Harrison (Grupo Adecco).

Sin embargo, una de las empresas que también había concurrido sin resultar elegida presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al entender quela adjudicación se había realizado de forma arbitrariasin atender a los criterios técnicos y económicos pertinentes.El tribunal, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,decretó de forma inmediata la suspensión del contratoante los indicios de irregularidades, peroel Grupo Tragsa comenzóa entregar notificaciones de despidopese a que la empresa de recolocación no estabalegalmente contratada.

Tras la publicación por parte de este diario de las irregularidades que se estaban cometiendo en el proceso, el citado tribunal perteneciente a Hacienda tardó menos de 24 horas endecretarque las actuaciones eran correctas, lo que ocurrió con fecha del 27 de febrero. Curiosamente, en su resolución hecha pública más adelante, el tribunal aseguró que el contrato con Lee Hecht Harrison se había firmado el día 28 de febrero, el primer día en el que se podía hacer de manera formalmente legal. Estaserie de coincidencias temporalesinducían a pensar que Hacienda no quería correr el riesgo de que una pequeña cuestión formal pudiera anularun ERE de estas dimensiones, pero finalmente ha sido la Audiencia Nacional la que ha dado al traste con el proceso.

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo del expediente de regulación de empleo, presentado por Tragsa, por lo quedecreta la admisión de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que dejaron de percibir. Se trataba del mayor ERE de una empresa pública presentado hasta el momento en España.El juez ha comunicado esta decisión a CSI-F, una organizaciónque está presente en este proceso y que ha valorado de forma "positiva" esta sentencia, ya que había advertido en el pasado que elERE presentado por Tragsa era "desproporcionado".

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