El Gobierno quita a los bancos el control del Fondo de Garantía de Depósitos

El Gobierno va a quitar a la banca el control del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), dotado por las aportaciones del sector. Hasta ahora, su comisión gestora estaba dividida de forma paritaria entre seis representantes del Banco de España y otros seis del sector. Según ha anunciado el ministro de Economía,Luis de Guindos, a partir de ahora esta comisión se reduce a 11 miembros y se incluyen a dos representantes del Gobierno, mientras que se reducen a cuatro los del BdE y a cinco los del sector. Asimismo, Guindos ha anunciado ventajas fiscales para la inversión extranjera en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija).

El titular de Economía ha hecho estos anuncios tras el Consejo de Ministros, en la presentación del proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvenciade las Entidades de Crédito, que traspone a España la normativa internacional de solvencia de Basilea III y agrupa en un solo texto la vorágine de normas que se han aprobado en los últimos años sobre el sector bancario. Además, aprovecha para introducir nuevas exigencias de gobierno corporativo para el sector financiero.

El cambio de control del FGD obedece a que la Unión Europea obliga a España a consolidarlo en las cuentas públicas, puesto que no tiene suficiente con sus recursos para afrontar los compromisos adquiridos, en especial el EPA (esquema de protección de activos) concedido en la venta de CAM al Banco Sabadell-cuya pérdida esperada se eleva a 9.600 millones-. Por tanto, si sus pérdidas computan como déficit público y su dotación como deuda pública, el Ejecutivo considera que lo lógico es que cuente con representantes en su órgano de Gobierno.

Con la nueva composición de la comisión gestora, habrá un representante de Economía y otro de Hacienda, que ocuparán dos sillones que hasta ahora estaban en manos del supervisor. Éste mantendrá la presidencia en la persona del subgobernador, Fernando Restoy. En cuanto al sector, pierde un consejero, con lo que queda en minoría, y a partir de ahora habrá tres representantes de los bancos y sólo uno de las cajas de ahorros y otro de las cooperativas, algo que se justifica por la conversión masiva de las antiguas cajas en bancos (sólo las dos más pequeñas seguirán siendo cajas).

Esta toma de control del FGD replica a la ocurrida en el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) con la llegada del PP al Gobierno, cuando Guindos puso al frente como director general a su hombre de confianza en PwC,Antonio Carrascosa, para gestionar el rescate y posterior venta de las entidades insolventes. Durante el Gobierno socialista, el poder de decisión enel FROB estaba en manos del Banco de España.

Además de esta novedad bancaria, el ministro ha anunciado una primera ventaja fiscal para el MARF, el gran proyecto de Economía para que las empresas consigan crédito al margen de la banca y que había chocado hasta ahora con la reticencia de Cristóbal Montoroa concederle incentivos de tipo impositivo. Esta ventaja consiste en la supresión de la retención a cuenta para los inversores extranjeros, algo que ya existía en la deuda pública y en las empresas cotizadas y queahora se extiende a todas las compañías.

La nueva Ley de Solvencia

El proyecto de ley se divide en tres bloques y el primero de ellos aborda el régimen jurídico de las entidades en el que se incluyen los requisitos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo.

El segundo se dedica a la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, así como el régimen sancionador, mientras que el último modifica la Ley de Mercados de Valores para adaptarla a la norma europea, así se adecúa el régimen de las preferentes, se adapta la regulación de los conglomerados financieros y se modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía.

El ministro de Economía ha desglosado cada uno de estos bloques y ha recordado que una entidad de crédito dejará de serlo si no puede captar depósitos, aunque habrá un periodo transitorio en el que mantendrá esa condición hasta que se apruebe un régimen singular para esta actividad.

En materia de gobierno corporativo y remuneraciones, De Guindos ha destacado que ahora se imponen límites al número de consejos en los que puede participar una misma persona, dos si cuenta con funciones ejecutivas y hasta cuatro si no las tiene.

Además, se prohíbe que una misma persona pueda ocupar el cargo de presidente del consejo de administración y de consejero delegado, salvo autorización excepcional del Banco de España.

La norma también limita el sueldo variable, que deberá estar sometido a "cláusulas malus", al 100 % del fijo, a no ser que los accionistas autoricen un máximo del 200 %. Eso no quita para que las entidades estén obligadas a tener un comité de remuneraciones.

En el segundo bloque, se fija por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un programa supervisor que recoja las actuaciones que va a tomar y que incluirá la elaboración de un test de estrés.

En cuanto a la solvencia, la novedad son los colchones de capital que los supervisores pueden exigir por encima de los requisitos mínimos europeos y que obligarán a las entidades a atesorar más capital.

Habrá cinco colchones de capital, uno para conservar el capital y asumir pérdidas inesperadas, que se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y será del 2,5 % en 2019; otro anticíclico específico, que será también del 2,5 % desde enero de 2016; un tercero y un cuarto para entidades de importancia sistémica mundial o regional, entre 1 % y el 3,5 %; y un quinto contra riesgos que puede llegar al 5%.

Estos colchones suponen un complemento al mínimo del 4,5 % de capital y reservas (common equity tier 1) frente a activos ponderados por riesgos a partir de 2015.