Pastor se reúne mañana con Martinelli para abordar la situación del Canal de Panamá

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, se reunirán mañana en Panamá con el presidente del país, Ricardo Martinelli, para abordar la situación del Canal de Panamá.

Según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Fomento, Pastor mantendrá otras dos reuniones durante su visita a Panamá para tratar el mismo asunto, una con los responsables del consorcio que construye la ampliación del Canal y otra con el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, y el administrador de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano.

La ministra se reunirá a las 7.30 hora local (12.30 GMT) con los responsables del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construye la ampliación del Canal.

La jornada continuará con el encuentro con Martinelli a las 9.30 hora local (14.30 GMT) en el Palacio de las Garzas y cerrará con la reunión con Roy y Quijano a las 14.30 hora local (19.30 GMT).

Un intento de resolver el conflicto

Con esta visita, Pastor pretende "ayudar" y "mediar" en la resolución del conflicto desatado después de que el consorcio, liderado por la española Sacyr, anunciara que planea paralizar las obras.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio liderado por Sacyr, anunció el miércoles que suspenderá las obras de ampliación del Canal de Panamá ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por el importe inicialmente fijado en el contrato.

El consorcio -integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una nota de preaviso de suspensión de los trabajos, por la que dispone de 21 días para "cumplir con los requerimientos solicitados" si quiere evitar la paralización de las obras.

Este sobrecoste asciende a unos 1.600 millones de dólares (1.168 millones de euros) -que se sumarían a los 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros) del contrato- y corresponden a supuestos incumplimientos contractuales por parte de la ACP a los que no ha dado respuesta, según los constructores.