La rabieta de Del Rivero y la estancia en España del oscuro 'fontanero' de Martinelli

Luis del Rivero (Murcia, 1950) disfruta de un más que convulso retiro dorado. Tan convulso que, desde que abandonó la poltrona de Sacyr, los dardos le llueven más que cuando estaba al frente de la misma. “Hay una campaña de Rajoy para acabar conmigo”, rezongaba el jueves tras conocerse el plante de Sacyr en Panamá. No en vano, Gobierno, empresarios y opinión pública le señalan como el culpable del fiasco panameño y del puntapié propinado a la marca España.

Lejos de fustigarse, el constructor de Murcia sólo ve una confabulación contra su persona. Así lo manifiesta a sus vecinos de Santander, donde pasa estos días entrantes de 2014. Allí estudió la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos, de allí es oriunda su mujer y allí levantó, en Hornedo, un ostentoso casoplón que frecuenta habitualmente. El empresario está que bufa. “Quiero ir a televisión a explicar lo que está pasando y contar la verdad”, comentaba a los lugareños. “Quiero que me entreviste esta chica de LaSexta, Ana Pastor…”.

Del Rivero se sacude las acusaciones con displicencia, como a quien le caga una paloma en la solapa. También exculpa en parte a su archienemigo y actual presidente de Sacyr. Manuel Manrique, a quien el conflicto cogió precisamente en tierras panameñas. Eso sí, no intentando solventar el mismo, sino de crucero con su pródiga familia.

Cortés, responsable del órdago

En opinión del empresario murciano, el auténtico responsable de lanzar un órdago brutal al gobierno de aquel país al comunicar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) su renuncia a continuar con la ampliación, una de las mayores obras de ingeniería civil del siglo XXI, no es ni el uno ni el otro sino Matías Cortés, socio del bufete Cortés Abogados y miembro del consejo de Sacyr. Del magín de este letrado, que llegó a la constructora de la mano de Juan Abelló, salió en su día la idea de asaltar el BBVA, la posterior asonada contra Del Rivero y, por último, la reclamación del pago de 1.600 millones de dólares al Gobierno de Panamá en concepto de sobrecostes por las obras del Canal.

Este modificado representa un 50% sobre un proyecto inicial de 3.200 millones. De no avenirse a estas reclamaciones, la constructora paralizará las obras del Canal, una amenaza que, como no podía ser de otra forma, ha devenido en conflicto internacional. “De esos 1.600 millones, un cuarenta por ciento puede ser sobrecoste, pero el resto… el resto está inflado”, calcula a vuelapluma Luis del Rivero. Se trataría, en su opinión, de apostar por lo alto para luego quedarse en una cifra intermedia, aunque Matías Cortés, que es quien “realmente manda en la compañía”, tal vez, no haya sabido calibrar en esta ocasión los devastadores efectos de su golpe de mano.

Pese a todo, las hemerotecas no fallan y quien se llevó las alabanzas por haber conseguido el contrato del siglo no fue otro que Luis del Rivero, entonces presidente de la constructora, quien tuvo que tratar con gente de toda índole y condición para hacerse con la ampliación del Canal.

El conseguidor de Martinelli, en España

Oficialmente, el proyecto fue adjudicado al consorcio liderado por Sacyr siguiendo criterios escrupulosamente técnicos. Pero la trastienda de la licitación tiene más aristas de las que han querido reconocer públicamente sus máximos responsables. Fuentes cercanas a la operación aseguran que, en paralelo al concurso, Ricardo Martinelli envió a un estrecho colaborador a Madrid para que cerrara con Sacyr los flecos del contrato. Los contactos se establecieron cuando Martinelli era un simple candidato, aunque ya se perfilaba como el favorito para ocupar la presidencia, tras reponerse de un primer intento en los anteriores comicios de 2004 (entonces sólo consiguió el 5% de los votos). Si Martinelli vencía, sería el encargado de cerrar el proceso de adjudicación. Y todo apuntaba a que iba a imponerse claramente en las urnas, como acabó ocurriendo en mayo de 2009.

El escogido por el actual presidente panameño para desplazarse a España fue Salomon Shamah, un hombre de negocios de nacionalidad colombiana al que convirtió en gerente de la Autoridad de Turismo de Panamá en cuanto ganó las elecciones. Si no le hizo ministro fue únicamente porque las leyes panameñas no permiten que ciudadanos extranjeros ocupen tan alta responsabilidad. Pero los empresarios españoles que han hecho negocios en el país centroamericano saben que, en la práctica, Shamah tiene rango de vicepresidente. “Sin hablar con él es imposible hacer un negocio importante”, cuenta uno de los consultados.

La mera participación de Shamah en las negociaciones resulta inquietante. Llegó a instalarse durante cuatro meses en Madrid. “Alquiló con su mujer Raquel un apartamento en un bloque de la calle Agustín de Foxá, junto a la estación de tren de Chamartín”, explica otro empresario español, que le trató durante esa estancia en España. Aunque Shamah mantiene en la actualidad una imagen de anodino gestor público, desde que tomó las riendas del turismo panameño no han dejado de brotar escándalos que resucitan su pasado y ponen de relieve sus supuestas vinculaciones con el crimen internacional.

Las acusaciones de EE.UU.

Una de las personas que voluntariamente subrayó esas relaciones fue la exembajadora de Estados Unidos en Panamá Barbará Stephenson. En uno de los cables diplomáticos desvelados por Wikileaks, Stephenson advierte a su gobierno de que el aeropuerto de Tocumen, uno de los más importantes de la región, está siendo utilizado por un primo de Martinelli para sacar del país 30 millones de dólares mensuales que pertenecerían al presidente y que Shamah, “sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico”, forma parte de la junta directiva del aeródromo que estaría permitiendo conscientemente esos traslados de capitales. En al menos otros dos cables la embajadora hace la misma advertencia sobre el actual gerente de turismo de Panamá utilizando datos proporcionados por la poderosa Administración para el Control de las Drogas (DEA, en inglés) estadounidense.

El pasado del responsable del turismo del país centroamericano tiene aún más tachones. La antigua agencia de inteligencia colombiana, la DAS, tenía catalogada a Shamah como integrante de una red de criminales que abasteció de armas a grupos irregulares colombianos durante años. Su foto de detenido aparece en uno de los expedientes elaborados por la DAS. Más recientemente, un abogado de Panamá divulgó dos cheques de 800.000 dólares girados a nombre de Shamah por un delincuente internacional, David Murcia Guzmán, vinculado con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Los fondos de los cheques habrían sido destinados a sufragar la campaña del actual presidente.

En ese contexto fue cuando se produjo la visita a España del enviado de Martinelli. En plena campaña, su objetivo era entablar contacto directo con Luis del Rivero, número uno de Sacyr. Y en juego estaba la adjudicación de un contrato de alcance y prestigio mundial.

La conexión socialista

Según fuentes cercanas a la operación consultadas por este diario, los encargados de facilitarle a Shamah el contacto con Luis del Rivero fueron dos ilustres socialistas que siempre han tenido una fuerte relación con el mundo de los negocios. El primero de ellos es Xoan Cornide Pérez, el actual gerente del PSOE, hombre de la esfera del exministro de Fomento y exvicesecretario general socialista José Blanco. El segundo es Rafael Lobeto Lobo, un abogado maritimista que llegó a ocupar el puesto de director general de la Marina Mercante entre otras responsabilidades durante los gobiernos de Felipe González.

“Shamah conocía a Cornide y Lobeto de conversaciones anteriores que afectaban a una caja gallega. Y, sobre todo Cornide, mantenía conversaciones frecuentes con Del Rivero”. Eso no es ningún secreto. De hecho, las excelentes relaciones del constructor murciano con el PSOE y especialmente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero son fundamentales para explicar la trayectoria de Sacyr hasta octubre de 2011, fecha en la que Del Rivero fue invitado a abandonar el Consejo de Administración de la constructora. No obstante, Del Rivero asegura que nunca ha tratado personalmente con Shamah, a pesar de los numerosos viajes de éste a España y de que el entonces presidente de Sacyr visitó varias veces Panamá cuando el empresario colombiano ya era el máximo responsable de Turismo y, de facto, uno de los hombres más fuertes del actual gobierno centroamericano.

En Panamá, los comicios acabaron otorgando la victoria a Martinelli. El 1 de julio de 2009, el candidato del Partido Cambio Democrático fue oficialmente proclamado 49º presidente de Panamá. Y sólo siete días después, el 8 de julio, en un acto que fue retransmitido con alharacas y en directo por la televisión panameña, se abrieron los sobres de las tres ofertas presentadas para el ‘contrato del siglo’: la de Bechtel, la de CANAL y la de Grupo Unidos por el Canal.

Los candidatos al contrato de la década

El consorcio Bechtel estaba liderado por la norteamericana Bechtel International, Taisei Corporation y Mitsubishi Corporation, ambas de Japón; el consorcio CANAL lo conformaban ACS, Acciona y Fomento de Construcciones y Contratas, de España, y Hochtief de Alemania; en el Consorcio Grupo Unidos por el Canal estaban Sacyr, la italiana Impregilo y la Constructora Urbana, S.A. (CUSA), de la Familia Alemán Zubieta de Panamá. De los tres contendientes, fue este último consorcio, el comandado por Del Rivero, quien se llevó el gato al agua. Como curiosidad, en el momento de adjudicación, el jefe de la Autoridad del Canal de Panamá, uno de los responsables del contrato, era Alberto Alemán Zubieta, hermano de Rogelio Alemán Zubieta, presidente de CUSA, una de las empresas que formaba parte del consorcio ganador. Esta coincidencia despertó suspicacias en la prensa de aquel país.

Según recoge el libro Estructura-Coyuntura, Conflicto, Clases y Política, editado por CEE-Panamá, “la ACP había estimado un costo de 3.481 millones de dólares; el Consorcio CANAL cotizó 5.981 Millones; el Consorcio Bechtel cotizó 4.185 millones; y el Consorcio ganador –al que, casualmente, pertenece la empresa familiar del Administrador del Canal (CUSA)- cotizó 3.118; es decir, no sólo 2.863 millones y 1.067 millones de dólares, respectivamente, por debajo de los otros dos postulantes sino que -por si eso fuera poco- cotizó 363 millones por debajo del costo estimado por la propia ACP”. Ya desde el principio, las cuentas nunca salieron. “Nosotros tenemos que disparar a todo lo que se mueva; ya habrá tiempo después de ajustar el punto de mira”, decían por aquel entonces un ilustre consejero de Sacyr. “De momento hemos conseguido el contrato; de lo que venga después ya se encarga Luis”, añadía.

Las mismas fuentes aseguran que el fontanero de Martinelli ha seguido viniendo a España con cierta regularidad. Para visitar la sede de Sacyr. Pero el próximo en aterrizar en suelo español va a ser el propio presidente del país centroamericano. Con un viaje de Ana Pastor a Panamá por en medio. La ministra, claro.