Las empresas que construyen la ampliación del Canal justifican los sobrecostes

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha informado de que los 1.600 millones de dólares de sobrecostes en la ampliación del Canal de Panamáque reclama se justifican porque la autoridad administradora no dio la información geológica correcta y que de no haber acuerdo el próximo 20 de enero paraliza la obra.

En la primera rueda de prensa desde que GUPC advirtió de la suspensión, que entregó el pasado 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el coordinador del GUPC, el italiano Paolo Moder, ha dicho que, si finalmente se rompe el contrato, "acudiremos a todas las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos, a todos los lugares y países que tengamos que ir".

GUPC, encabezado por la compañía españolaSacyr Vallehermoso en asociación con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, exige a la ACP que le reconozca unos 1.600 millones de dólares (casi 1.200 millones de euros) en sobrecostes para terminar la construcción del tercer juego de gigantescas esclusas de la ampliación del Canal de Panamá.

"Después de los 21 días, si no hay acuerdo, definitivamente se suspenden las obras, no es que se termina la obra", ha matizado.

Fecha: junio de 2015

No obstante, aseguró que GUPC quiere terminar la obra en el plazo anunciado de junio de 2015 y su reclamo lo hace con apego al contrato original suscrito en 2009 y a las leyes panameñas, por 3.118 millones de dólares.

Un portavoz de la ACP ha confirmado a Efe que el grupo constructor ya ha recibido desembolsos por 2.831 millones de dólares, conforme a lo establecido en el contrato.

Moder ha asegurado que "todo se ha invertido" en la obra y ninguna de las empresas del consorcio "ha retirado dinero" como ganancia.

Incluso detalló que, adicionalmente, los socios del GUPC, excepto Cusa, han invertido de sus fondos otros 280 millones de dólares, "y continúa absorbiendo hoy en día otros costos".

El sobrecoste, culpa de fallas geológicas

El gerente de la construcción de la esclusa del sector Atlántico, el español José Peláez, ha detallado que los 1.600 millones del reclamo se explican en que no se pudo usar el basalto que la ACP les dijo que era el adecuado para hacer el hormigón, que estaba en la misma área donde se excavaría para levantar el canal del Pacífico.

"Además, la ACP no previó, pese a sus estudios de más de 7 años y nosotros tampoco porque nos basamos en esa información que nos suministraron, que hay fallas geológicas a lo largo de 2,5 kilómetros de las esclusas del Pacífico", ha apuntado Peláez.

El ejecutivo ha enfatizado que ello explica "la mayor parte del reclamo", mientras Moder ha detallado que la consecuencia de esas dos circunstancias geológicas conlleva "llevar el material excavado a otro depósito (doce millones de toneladas métricas), comprar en otras canteras el basalto requerido y, además, rellenar con concreto las fallas geológicas descubiertas". "Nos dimos cuenta cuando estábamos excavando", ha argumentado.

La ACP es responsable -por contrato- de las condiciones físicas no previsibles en dichas áreas y por la información geotécnica dada al contratista, ha apuntado Peláez.

Ha especificado que otro factor de sobrecostes es el retraso en siete meses para la aprobación de la fórmula del concreto utilizado para edificar las esclusas.

"Elaboramos la fórmula que nos exigían, pero ahora estamos usando la que en principio nos rechazaron porque demostramos que era la adecuada", resaltó Peláez.

ACP puede asumir la obra

Por su parte, un portavoz de la ACP ha asegurado que la institución está "de acuerdo en revisar todos los reclamos, pero insiste en que se haga por los mecanismos establecidos en el contrato, no fuera de él". "La ACP está dispuesta a pagar lo que esté justificado", ha reiterado.

El administrador del Canal, Jorge Quijano, anticipándose a una terminación abrupta del contrato con GUPC, anunció en días pasados que la ACP está lista para asumir la finalización de la obra, ya sea en conjunto con la aseguradora Zurich, garante del contrato, o subcontratando a otro constructor.

De acabarse el contrato anticipadamente, Moder anticipó que el coste de la obra se aumentaría en unos 2.000 millones de dólares, implicaría un retraso en la entrega "con todo lo que ello implica para Panamá y el comercio mundial" y "el nuevo contratista no daría las garantías técnicas de diseño y operación que GUPC hoy por hoy ofrece".

Este lunes se espera una reunión entre la ACP, GUPC y la ministra española de Fomento, Ana Pastor, encargada de mediar en el contencioso contractual, anunció el viernes el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien ha manifestado que los sobrecostes del consorcio son "un cuentito".