Todos los partidos, salvo CiU, piden que ATLL vuelva a ser pública

La oposición en el Parlament ha advertido a la Generalitat que tendrá que provisionar la venta fallida de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) aAccionay el banco brasileñoBTG Pactual. La Generalitat contabilizó 995 millones de euros al cierre del Presupuesto de 2012 por esta operación, que ahora estaría en el alero.

La cuestión se puso sobre la mesa ayer durante la comparecencia del conseller de Economía,Andreu Mas-Colell,y el de Territorio y Sostenibilidad,Santi Vila.Ambas quisieron dar explicaciones sobre el concurso público que adjudicó en concesión por 50 años ATLL a Acciona y sus socios, que ha acabado en una batalla legal entre esta última, Agbar y la propia Generalitat y que en algunos de sus aspectos ya se ha llegado hasta el Tribunal Supremo.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, han pedido a la Generalitat que retrotraiga la operación, que cumpla las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que entienden de obligatorio cumplimiento, y que la gestión de la compañía siga siendo pública.

Pero la principal novedad ha sido la referencia a una futura provisión. El primero en preguntar por la cuestión fueJordi Terrades(PSC), que preguntó si en los Presupuestos del 2014 habrá una para cubrir las incertidumbres jurídicas que pesan sobre esta venta. Al prorrogar los Presupuestos, la posible provisión no ha tenido que hacerse en el año en curso.

El más directo resultóAlbert Rivera(C's), quien denunció que “cuando ustedes contabilicen esta operación, ustedes tendrán 3 décimas más de déficit, casi 1.000 millones. ¿Qué pasará ahora con estos 1.000 millones?”. Mas-Colell no respondió a estas cuestiones en su turno de réplica. Sólo desveló una cosa: “Esto costará más de 300 millones”, por lo que ha abogado por seguir recurriendo ante los tribunales y no hacer nada hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión.

"Con esta operación han demostrado ser bananeros. Por esoArturMasse ha ido a Brasil, para calmar los ánimos de personas que han invertido dinero en Cataluña. Ustedes serán el Gobierno de los mejores, pero hacen las cosas muy mal. Sólo pueden repetir el concurso o mantener la empresa como pública", denunció Rivera.

La carta a los ganadores

Durante las intervenciones, los diputados sacaron a colación cuestiones como la carta que se ha enviado a los ganadores, tal y como revelóEl Confidencial,garantizando que se pagaría a los inversores en caso de marcha atrás en la privatización, incluyendo indemnizaciones y compensaciones. El conseller Santi Vila confirmó que, apetición del adjudicatario, se envió una resolución en la que se da respuesta a las dudas que tenían los inversores "y la firmaba yo y el conseller de Economía".

Pese a la caótica situación, Andreu Mas-Colell aseguró en el Parlament que respecto a la venta de ATLL "estamos convencidos de que las cosas se han hecho bien" y añadió que la Generalitat intentará "mantener la situación actual hasta que haya una sentencia firme". En todo caso, el conseller de Economía abrió la puerta a una posible reversión: "Que quede claro que, naturalmente, la Generalitat acatará las resoluciones con sentencia firme de la justicia cuando estas se produzcan".

Por lo demás, se centró en señalar la mala situación en la que se encontraba ATLL, de manera que la privatización de la compañía fue planteada como algo inevitable:acumulaba pérdidas de 128 millones en los últimos cinco ejerciciosy 800 millones de deuda, 200 de estos a cargo de proveedores.

"No hay provisionalidad. Los 300 millones están ingresados y gastados y esta será la situación hasta que haya una resolución jurídica. Tengo la confianza de que la resolución de la justicia nos será favorable y mi responsabilidad es apoyar a la Mesa de Contratación que tomó esta decisión", defendió Mas-Colell.

La Generalitat descarta a Agbar

Vila advirtió que "excluir a Acciona, como plantea la OARCC –el organismo independiente que tumbó la adjudicación–, ni es posible ni es deseable. Si reconociésemos el vicio en el primerotambién deberíamos reconocerlo en Agbar. Pero la Mesa de Contratación ya avaló que la programación de obras no podía ser excluyente".

Santi Vila también recordó que "ningún tribunal ha anulado la decisión, sólo se han pronunciado sobre las cautelares. No se ha entrado en el fondo de la cuestión, algo sobre lo que debe fallar el TSJC. Debe definirse hasta qué punto la programación de obras debía ser motivo de exclusión, pero, si esto se aplicase, también afectaría a Agbar. Agbar dejó 6 de las 36 actuaciones fuera de calendario. Por tanto, hayuna imposibilidad de atender la petición de la OARC".