España pincha en la anulación del arbitraje con Francia por el recorte a las renovables

El Tribunal Supremo Federal de Suiza ha desestimado el recurso de España para anular un laudo que le condena a indemnizar con 29,6 millones de euros a la energética francesa EDF, controlada por el Estado francés, por los recortes a las primas de las energías renovables, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, fechada el 3 de abril.

España defiende que los arbitrajes entre una sociedad europea y un Estado miembro de la Unión Europea (arbitrajes intra-UE) no son válidos y cita los casos de Achmea y Komstroy, en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que estos arbitrajes al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) son incompatibles con el derecho comunitario. El tribunal no comparte este argumento y recuerda que el TCE establece que los firmantes (entre ellos España, aunque ya ha pedido salir) someterán a arbitraje cualquier controversia.

En su resolución, el Supremo suizo apunta que decisiones como la del caso Komstroy no le vinculan y que fueron dictadas con el único objetivo de defender la normativa comunitaria sin tener en cuenta otra normativa internacional. De hecho, explica que se trata de una interpretación errónea del tratado y que cualquier disputa debe someterse a arbitraje, no resultando aplicable como precedente la sentencia Komstroy. La compañía francesa ha estado asesorada en el procedimiento por el despacho Schellenberg Wittmer.

EDF, que había invertido en 12 plantas solares en España, presentó la demanda de arbitraje contra España en 2016 con una reclamación inicial de hasta 55 millones de euros. El laudo, dictado hace alrededor de un año, fijó la indemnización en 29,6 millones de euros. El arbitraje estuvo administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA).

La estrategia de España

Aunque España acumula condenas por más de 1.000 millones de euros, lo cierto es que el país todavía no ha desembolsado ni un euro en concepto de indemnizaciones. El Estado, que está defendido por la Abogacía del Estado con el apoyo de algunos despachos, se escuda en las sentencias de los casos Komstroy y Achmea dictadas por el TJUE para defender la ilegalidad de este tipo de arbitrajes.

Aunque España acumula condenas por más de 1.000 M, el país todavía no ha desembolsado ni un euro en concepto de indemnizaciones

De forma paralela, España sostiene que la Comisión Europea le ha ordenado no abonar ninguna indemnización hasta que concluya la investigación que tiene abierta para determinar si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea, donde están establecidos los fondos demandantes. Si pagase ya, España asegura que la Comisión Europea le obligaría a recuperar las ayudas, tal y como establece la ley.

España ha reclamado en los diferentes procesos de ejecución que tiene pendientes que se mantengan suspendidos hasta que Bruselas tome una decisión final.