El Gobierno deja en 3.000 M el coste máximo por la avalancha de pleitos de las renovables

Hasta 3.000 millones de euros. Esa es la cantidad que calcula el Gobierno que le puede costar como máximo la avalancha de arbitrajes interpuestos por inversores internacionales en renovables contra el Reino de España, según señalan fuentes del Ejecutivo. Pese al golpe, al Gobierno le salen las cuentas: cree que se trata de un coste mínimo comparado con los ahorros obtenidos por la reforma del sistema eléctrico ejecutada por José Manuel Soria y Alberto Nadal en 2013.

Aunque la batalla arbitral está en los inicios, el Gobierno ya ha movido ficha para efectuar los pagos. Tras el primer fallo judicial en contra de España, el PP realizó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se tirara del superávit acumulado desde 2014 en el sistema eléctrico. La Ley del Sector Eléctrico de 2013 establecía que el superávit debía dedicarse íntegramente a amortizar la deuda acumulada, que llegó a rozar los 30.000 millones de euros en 2013. Sin embargo, la amortización de esa deuda tendrá que esperar. De 2014 a 2016, la reforma había logrado embridar el déficit y lograr un superávit de 1.130 millones de euros. Una cantidad que podría ir a parar a manos de los inversores extranjeros si los laudos arbitrales estiman sus reclamaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué pierde España el arbitraje renovable: por la reforma "devastadora" de Soria

Juan Cruz Peña

Actualmente, hay pendientes 27 arbitrajes interpuestos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversores (Ciadi), corte arbitral adscrita al Banco Mundial, por empresas foráneas. Solo ha concluido uno, que se saldó con la victoria parcial de Eiser Infrastructure y Elecnor. El laudo condenaba al Reino de España a pagar 128 millones de euros más las costas del proceso. Hasta entonces, se habían librado dos arbitrajes más por esta causa en el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo, cuyas reclamaciones fueron desestimadas para alivio del Estado.

Sin embargo, la contundencia del último laudo del Ciadi ha dado esperanzas a los inversores, que creen que sus reclamaciones tienen más posibilidades de prosperar. Fuentes jurídicas consultadas creen que llegarán más demandas y los 'hedge funds' especializados en pleitos están sondeando el mercado en busca de financiar estos litigios a cambio de un porcentaje de la reclamación. Uno de los últimos fue Fortress, un fondo especializado que señaló en un evento sectorial en Madrid estar dispuesto a comprar alguno de estos arbitrajes relacionados con la Carta de la Energía.

TE PUEDE INTERESAR

Los 'hedge funds' para pleitos elevan el pulso contra España por el caso de las renovables

Juan Cruz Peña

No obstante, los expertos jurídicos consultados creen que no será un todo o nada. Según explica un abogado de uno de los despachos que defienden a los inversores, habrá laudos condenatorios para España y otros que no lo serán. Una consultora inmersa en algunas de estas causas asegura que los abogados del Estado se están preparando a fondo para las batalla arbitral que se avecina. Los letrados se esfuerzan por salir mejor parados que en el caso de Eiser, en el que los tres árbitros, incluso el propuesto por el Reino de España, fallaron a favor de los inversores extranjeros.

[Consulte aquí el laudo completo del Ciadi contra España]

Además de 27 reclamaciones en el Ciadi, existen otras causas similares que el Ejecutivo no ha querido detallar. Una resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Energía, recogía que Électricité de France (EDF), el gigante del Estado galo, también ha interpuesto una reclamación por los recortes a sus plantes de energía fotovoltaica en España, tal y como informaba 'eldiario.es'.

Pese a todo, el Gobierno cree que si finalmente tiene que asumir 3.000 millones de euros en litigios, se tratará de un daño colateral que se queda en el chocolate del loro si se compara con los ahorros logrados por la reforma eléctrica. Según las empresas consultadas, el Gobierno consiguió que las primas a las renovables pasaran de cerca de 8.500 millones en 2012 a 6.600 en 2015. Es decir, casi 2.000 millones menos cada año. Además, los planes del Ejecutivo pasan por que a partir de 2020 las primas bajen aún más. Estos recorte se implementaron cambiando un sistema de pagos por electricidad generada a otro de retribución a la inversión de las plantas.

TE PUEDE INTERESAR

Energía no mantendrá la rentabilidad actual a las renovables y la revisará en 2020

Juan Cruz Peña

La clave para el Ejecutivo está en que únicamente pueden reclamar en instancias arbitrales internacionales los inversores extranjeros. Las empresas locales llevaron el asunto al Tribunal Supremo y perdieron, con lo que el gran escollo para el Gobierno estaba superado. Sin embargo, si las reclamaciones alcanzan esos 3.000 millones que estima como máximo el Ejecutivo, los esfuerzos de la reforma eléctrica por mantener el sistema en superávit podrían saltar por los aires.

Unos esfuerzos que además del recorte de primas a las renovables también pasaron por aplicar en 2012 mayores impuestos a la generación eléctrica, a la venta y a los residuos nucleares, lo que provocó el malestar de las grandes eléctricas. Ahora se está dirimiendo en los juzgados si ese gravamen del 7% a la generación se ajusta a derecho.

No obstante, hasta que el actual Gobierno del PP no abordó esta problemática, el déficit de tarifa engordó en 10 años, hasta casi los 30.000 millones de euros. El actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, achaca esta pesada losa a "decisiones políticas del pasado". A las elevadas primas que decretó Zapatero en 2008 para las renovables en un momento de inmadurez tecnológica habría que sumar la decisión del Gobierno de Aznar de elevar la factura cada año solo el IPC, mientras se iba cargando una serie de costes que ahora, además, cuestan a todos los consumidores por los intereses de la deuda acumulada.

Por otro lado, con respecto a esta cuestión, varios portavoces de la comisión de Energía en el Congreso de los Diputados afeaban a Nadal el efecto de inseguridad jurídica que habían generado en España y el rechazo que esto podría haber creado a los capitales extranjeros. En las actuales subastas de renovables, las empresas de fuera han decidido no participar. En términos de imagen, el sector considera que España ha salido mal parada. En este punto, cabe destacar que el Reino de España es el tercer país que más pleitos ha recibido por cuestiones de inseguridad jurídica, solo superado por Argentina y Venezuela.