Diez años de privatizaciones: los viejos monopolios públicos son ahora privados

Los monopolios siguen gozando de buena salud. Ni siquiera las privatizaciones han acabado con ellos. Tanto es así que, incluso, en algunos sectores las viejas empresas vendidas en su día por el Estado en el marco del mayor proceso privatizador habido en Europa -sólo superado por el llevado a cabo en el Reino Unido de los tiempos de Margaret Thatcher- han reforzado sus posiciones. En el negocio de la concesión de autopistas hoy hay menos competidores de los que había hace una década, y lo mismo sucede en el transporte marítimo o por carretera, en los que no sólo brillan por su ausencia nuevos operadores que favorezcan la competencia, sino que el número de protagonistas ha menguado. Ni que decir tiene que las grandes empresas enajenadas por el Estado (Telefónica, Repsol, Endesa o Gas Natural) mantienen una posición hegemónica en sus respectivos sectores. Pero ahora, eso sí, en manos privadas.

Aunque formalmente el programa de privatizaciones fue aprobado por el primer Gobierno nada más aterrizar José María Aznar en la Moncloa [el 28 de junio de 1996 el Consejo de Ministros aprobó las Bases del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado], lo cierto es que fue en 1997 cuando el Estado colgó el cartel de ‘se vende’ en la inmensa mayoría de las empresas públicas. Ese año, las arcas del Estado ingresaron nada menos que 12.934 millones de euros por la venta de sus sociedades empresariales, prácticamente la tercera parte de los 41.495 millones de euros que ha ingresado el Tesoro Público por privatizaciones desde que a mediados de los años 80 el Gobierno de Felipe González autorizara la venta de Secoinsa, Telesincro o Viajes Marsans, por entonces en el ámbito del Estado.

Las privatizaciones se hicieron con un doble objetivo. Desde el lado estrictamente económico, se pretendió cerrar la sangría generada por empresas estatales en pérdidas; pero al tiempo también se trataba de obtener recursos con los que sanear las cuentas públicas en aras de dejar atrás el crónico déficit presupuestario que ha tenido la Hacienda española en los dos últimos siglos. Ese objetivo se cumplió de forma impecable. El Estado tiene hoy unas cuentas públicas saneadas gracias, entre otras cosas, a que la venta de empresas públicas generó recursos equivalentes al 4,2% del Producto Interior Bruto (a precios actuales).

Desde el punto de vista político, el objetivo era liberalizar los mercados de bienes y servicios para favorecer la competencia aumentando el número de operadores. Reduciendo al mínimo, en pocas palabras, el papel del Estado en la economía. Esto último, sin lugar a dudas, se ha cumplido. Un indicador puede servir de referencia. Si a principios de los años 80 -según datos del Consejo Consultivo de Privatizaciones- el Estado controlaba directamente el 16,6% de la Bolsa española a través empresas públicas, en 2006 tiene un papel residual: apenas el 0,4%.

¿Y las liberalizaciones? ¿Cómo han ido? Pues los resultados no dejan lugar a dudas. Los antiguos monopolios, como se ha dicho, gozan de excelente salud, pero ahora están en manos privadas. Estos son los datos

TELEFONÍA

La antigua Compañía Telefónica Nacional de España mantiene una posición de privilegio. Según recoge la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en su último informe anual, los ingresos totales de los operadores que trabajan en España ascendieron a 42.006 millones de euros. Pues bien, Telefónica y su filial sumaron en conjunto prácticamente la mitad. En concreto, 20.337 millones de euros, de los que algo más de 11.100 millones corresponden a la matriz. Para hacerse una idea de su relevancia hay que tener en cuenta que su inmediato seguidor es Vodafone, con unos ingresos de 6.620 millones de euros, menos de la tercera parte de lo que facturaron Telefónica y sus filiales.