Tomás Pascual sobre su ex socio Arranz: “Estoy preocupado; algunos golfos me traen por la calle de la amargura”

“Pues sí, no lo voy a ocultar: estoy bastante preocupado por culpa de algunos golfos que me traen por la calle de la amargura”, aseguró ayer a este diario el presidente y alma mater del Grupo Pascual, Tomás Pascual, “porque yo he sido siempre una persona seria y honesta, dedicado toda mi vida a crear riqueza, y que en este caso me he visto sorprendido en mi buena fe”.

Ayer quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid el litigio inmobiliario que desde el año 1998 enfrenta a Tomás Pascual con su antiguo socio inmobiliario marbellí en el Grupo La Quinta, Ricardo Arranz. Se trata del recurso de apelación planteado por ambos contra una sentencia previa dictada por el juzgado de primera instancia de Madrid, que no satisfizo a ninguna de las partes.

“Este Arranz es de Aranda de Duero, donde yo le conocí, entre otras cosas porque era hijo del alcalde, gran persona y amigo mío. En su juventud se fue a Marbella, donde hizo empresariales, y cuando yo quise diversificar y hacer cosas en el mercado inmobiliario pues se me ofreció”.

“Yo le regalé un porcentaje minoritario pero importante de la sociedad que formé”, prosigue el empresario, “y le di el poder absoluto, hasta el punto de que hizo y deshizo a su antojo. De modo que cuando me dijo que se quería separar, no puse objeción: tú te llevas tu parte y yo la mía. Pensando que actuaría de buena fe, hizo la separación de tierra y firmé en barbecho”.

“Pero cuando mi gente empezó a inspeccionar las cosas, descubrimos que se había quedado con los terrenos mejores, mientras que a mí me había dejado con los peores. En fin, un caso de abuso de confianza por parte de un pájaro de cuentas, algo que no podíamos aceptar de ninguna manera. Espero que los jueces sean justos y pongan a cada uno en su sitio”.

Fuentes próximas al caso señalaron ayer a este diario que la sentencia podría producirse en un plazo de entre 15 días y un mes. Arranz estuvo representado por el letrado Fernando Pantaleón, mientras los intereses de Pascual fueron defendidos por José Manuel Soriano, del bufete Ramón y Cajal.

Una sentencia con mucho dinero en juego -cerca de 200 millones de euros- (ver El Confidencial de ayer) que, en el caso de que el tribunal terminara dando la razón a Ricardo Arranz, daría lugar a una ejecución muy problemática, porque algunas de las propiedades que le fueron adjudicadas en el contrato de separación firmado el 13 de marzo de 1998 entre las partes, ya no están en poder del grupo inmobiliario Pascual, al haber sido transmitidas a terceros, o haberse construido sobre esos terrenos, todo lo cual configuraría una ejecución de sentencia extraordinariamente ardua.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que lleva ejecución provisional incorporada, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recurso que en muy contadas ocasiones es atendido.