Sánchez solivianta a los fiscales y complica la entrega de Puigdemont a cuatro días del 10-N

Es una regla de oro de las campañas electorales. El candidato, del partido que sea, debe, sobre todo, evitar riesgos. Ha de procurar no equivocarse, no patinar. No meterse en charcos. En eso también se basaba la estrategia del presidente del Gobierno en funciones. Pero este miércoles, en una entrevista en Radio Nacional, Pedro Sánchez puso un pie en un jardín quizá poco conveniente a solo cuatro días de unas generales. Porque al trasladar que la Fiscalía sigue sus órdenes en la ya de por sí difícil entrega de Carles Puigdemont por parte de Bélgica, dio alas a la defensa del 'expresident', centrada en la denuncia de la falta de independencia de la Justicia española. Además, su afirmación soliviantó a los fiscales, que recuerdan que el Ministerio Público es independiente y no atiende directrices del Ejecutivo. A tanto llegó el revuelo que Sánchez finalmente tuvo que matizar sus palabras a través de un tuit y a través también de su número dos, Carmen Calvo. Lo hizo para precisar que "nadie está por encima de la ley", y Puigdemont tampoco.

La polémica viene arrastrándose desde el lunes. El jefe del Ejecutivo planteó, en el debate a cinco del pasado lunes, y con toda contundencia, que se comprometía a traer "hoy y aquí" a Puigdemont a España, para que "rinda cuentas" ante la Justicia española. De hecho, contraponía la actitud de firmeza de su Gobierno con la del PP, al que se le "fugó" en 2017 después de la declaración unilateral de independencia. Pablo Iglesias le afeó incluso esa afirmación. "Creo en la separación de poderes y esto les corresponde a los jueces", le lanzó. Este miércoles, el candidato se sometía a la primera entrevista tras ese combate televisado, y la pregunta en 'Las mañanas de RNE' era esperable: ¿cómo lo va a hacer?

"Bueno, lo estamos haciendo ya. No solo el juez [Pablo] Llarena en este caso, como instructor, sino también la Fiscalía General del Estado pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo" sobre el 'procés'. "Estamos esperando a ver la decisión final de la Justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo".

"¿De quién depende la Fiscalía?". Del Ejecutivo, replica el periodista. "Pues ya está", dice, antes de mostrar su confianza en que el 'expresident' volverá

El conductor del programa, el periodista Íñigo Alfonso, le recordó que en todo caso esta labor la está acometiendo la Justicia, y él lo planteó en el debate como un compromiso electoral. También le añadió que el propio separatismo está preguntando cómo lo va a hacer el presidente. Puigdemont, de quien se reclama su extradición por los delitos de sedición y malversación, incluso se burló de esa promesa del candidato socialista e inquirió si le va a secuestrar para garantizar su vuelta a España.

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Dar "información a la Justicia belga"

"¿Es que la Fiscalía de quién depende, de quién depende?", respondió, interpelando al entrevistador, conducta que, extrañamente, siguió en más puntos de la entrevista. Alfonso contestó que "del Gobierno", en la medida en que el fiscal general es nombrado por el Ejecutivo. "Pues ya está". "El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela y se crea sus propias burbujas, pero es evidente que nosotros lo estamos haciendo y yo espero que, más pronto que tarde, el señor Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia española, que es lo que debe hacer", remachó. El periodista le preguntó si será posible conseguirlo a partir de diciembre, cuando está prevista la vista judicial sobre la euroorden de Puigdemont. "Sobre los tiempos de la Justicia belga evidentemente no tengo nada que añadir, pero nosotros estamos trabajando para suministrar toda la información a la Justicia belga" a fin de conseguir que Bruselas entregue al 'expresident'. "De eso, no le quepa duda", terminó.

La Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales recuerdan que el Ministerio Público es autónomo y "solo depende de la legalidad"

Las reacciones no tardaron en producirse. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) dejó este aviso escrito en Twitter: "El Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno, y este no puede dar órdenes al / a la fiscal general, que quede claro".

La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de talante conservador, también se sumó a las críticas al presidente en funciones: "La Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad. La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable". La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también cargó duramente contra el líder socialista: "Sánchez se equivoca. No puede dar ninguna orden al fiscal, conforme a la ley: artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal. A lo mejor quiere decir saltándose la ley, pero eso es otra historia".

La ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala, en su artículo sexto, que la Fiscalía actuará "con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan". Y el siguiente precepto, el séptimo, subraya que "por el principio de imparcialidad, el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia de los intereses que le estén encomendados".

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El Estatuto sí confiere al Gobierno la facultad de pedir al fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes "en orden a la defensa del interés público". Esa comunicación del Ejecutivo puede hacerse a través de la ministra de Justicia, y también a través del propio presidente del Gobierno cuando lo estime "necesario". El fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno y su mandato es de cuatro años, aunque cesa cuando cesa el Ejecutivo que lo promovió para el cargo. Son precisamete el artículo 8, y también el 31, en los que fuentes del Ejecutivo fundamentaban la argumentación de Sánchez.

"Más que ganar las elecciones, lo que realmente quiere es que le fichemos para la defensa", celebra el abogado defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye

Además de la respuesta de la carrera fiscal, se cruzó el frente puramente judicial. Porque Puigdemont caza al vuelo las declaraciones de dirigentes políticos para demostrar, ante la Justicia belga, que el procedimiento por el que se le reclama, el 'procés', es eminentemente político. El equipo jurídicio del expresidente catalán, como informaba El Confidencial este mismo jueves, está traduciendo parte de la intervención de Sánchez en el debate a cinco para aportársela al juez que tiene en sus manos la resolución de la orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por España. El propio Puigdemont ya manifestaba ayer en un vídeo colgado en las redes sociales que el líder socialista solo tiene "dos maneras de cumplir su promesa electoral, y las dos son ilegales": "Tomar las decisiones del Poder Judicial en el Consejo de Ministros o volver al secuestro de personas, como hacían dirigentes de su partido en el pasado".

La defensa del exjefe del Govern celebró las palabras del candidato socialista. "Más que ganar las elecciones, lo que realmente quiere es que le fichemos para la defensa", escribió el letrado Gonzalo Boye en Twitter. "No hay separación de poderes", abundó Puigdemont en Twitter.

Todos "iguales" ante la ley

"Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que encuadrado en el ámbito del poder judicial no es poder judicial", aclaró primero Calvo en declaraciones a los medios, cuando ya había saltado la polémica. La vicepresidenta en funciones recordó que el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo, como prescribe el artículo 124 de la Constitución, algo común en otras democracias, por lo que el "tiene un vínculo muy importante en las decisiones de política criminal del Gobierno" en este y otros países. "Y eso es justo lo que ha dicho el presidente, que esta democracia y este Estado de derecho quiere que todos seamos iguales ante la ley. Y cuando la ley nos coloca a todos por igual, es a todos, también al señor Puigdemont". Calvo defendió que no había habido "injerencia" por parte de Sánchez, "en absoluto". El candidato había "aclarado" el principio básico de que todos los ciudadanos son "iguales ante la ley". "Quienes no están en España con hechos similares a quienes han sido condenados tienen que rendir cuentas ante la Justicia de nuestro país. Eso es lo que ha dicho el presidente. Ha hecho muy bien en recordarlo".

La vicepresidenta recuerda que el fiscal general es nombrado por el Gobierno: "Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal"

Para la número dos, las palabras de Sánchez no dificultan la extradición de Puigdemont, que tiene que ver con las "relaciones" entre el poder judicial belga y el español y con la Fiscalía de nuestro país y con la "necesidad" de la democracia belga "esté a la altura" de lo que España representa. "Yo diría que cada uno hace su trabajo: el poder judicial, el Ministerio Fiscal y también el Gobierno de España [...]. A nadie le puede parecer extraño".

Poco después, Sánchez colgó un tuit que matizaba sus palabras de la mañana: "Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general". Fuentes del Ejecutivo añadían posteriormente que el presidente no hacía otra cosa que referirse a lo que dice la ley. Después del mensaje, Puigdemont le replicó en la misma red social, desafiante: "Se vuelve a equivocar. No soy ningún prófugo de la Justicia. Estoy en manos de la Justicia belga, como debería saber, que decretó mi libertad sin fianza. Y que debe resolver. Si eso quería ser una rectificación de su grave metedura de pata, vuélvalo a intentar".

Lo cierto es que hace una semana, Puigdemont ya utilizó a su favor las palabras que había empleado Calvo hace una semana, en una entrevista en Onda Cero. "No entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia negando que se sienten ante la Justicia", subrayó la número dos del Gabinete socialista. Y si finalmente Bruselas no entregara al 'expresident', el Ejecutivo tomará las decisiones oportunas, sin concretar cuáles. Para la defensa del 'expresident', esas declaraciones probaban el peso político que "lastra" el procedimiento judicial por el que se le reclama.

El propio Sánchez había defendido la independencia de la Fiscalía en el juicio del 'procés'. A las peticiones de Unidas Podemos y del independentismo para que presionara al Ministerio Público y rebajara los escritos de calificación, el presidente contestaba que la Fiscalía tenía libertad y no podía interferir en sus decisiones. El gesto al soberanismo vino a través de la Abogacía, que sí depende orgánicamente del Ministerio de Justicia. Los servicios jurídicos del Estado acusaron a los líderes separatistas por sedición, el delito que finalmente apreciaron los magistrados del Tribunal Supremo en su sentencia.

Sánchez marchó, tras la entrevista en la Moncloa, a un acto de campaña con Susana Díaz en Córdoba. Pero no hizo referencia a sus palabras a primera hora de la mañana. La conversación con Íñigo Alfonso contuvo otros picos de tensión, a cuenta de los datos del paro o el enfriamiento económico y también por las opciones de investidura y gobernabilidad. El presidente transparentaba cierto nerviosismo y enfado con el entrevistador, que se manifestaba en ocasiones a través de sus palabras: "Pero vamos a ver...".