La Junta Electoral planea pedir a los Mossos que retiren los lazos si Torra sigue insumiso

La Junta Electoral Central no está dispuesta a dejar que Quim Torra mantenga los lazos amarillos en los edificios oficiales de la Generalitat. El organismo encargado de velar por la limpieza de la campaña electoral decide el jueves qué hacer si el Govern opta por seguir incumpliendo su instrucción y, según fuentes próximas al procedimiento, el plan es ordenar a los Mossos d'Esquadra directamente que los retiren. Esta sería una decisión sin precedentes porque la Junta Electoral hasta ahora actuaba a través de la Fiscalía, que también se inclina por proceder contra Torra por desobediencia.

La Junta Electoral Central decidió la semana pasada ordenar que se retiraran los lazos amarillos y demás símbolos en solidaridad con los políticos presos de los edificios públicos de Cataluña. Consideran que es un símbolo partidista -entre otras cosas, varios de ellos son candidatos en los distintos comicios-. El Ayuntamiento de Barcelona retiró el suyo pero la Generalitat ha dado largas. Ha pedido un informe al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, sobre la medida.

La Junta Electoral se reunió el lunes y dio un ultimátum a Torra. Pero ha dado un plazo mayor a la espera del informe de la Delegación del Gobierno de Cataluña sobre si los lazos y demás símbolos siguen en las fachadas de los edificios públicos. El jueves está prevista la próxima reunión de la Junta Electoral Central y ahí debe decidir si envía el caso a la Fiscalía además de imponer una sanción electoral a Torra por incumplirlo.

Pero hay otra posibilidad sin precedentes, que la Junta Electoral pida directamente a los Mossos, que son el cuerpo encargado de hacer cumplir el orden público en Cataluña, que retire los lazos. Así no esperaría a que actúe la Fiscalía ni a un lento procedimiento judicial. Este es el escenario más probable, según fuentes próximas al procedimiento. De hecho, el Gobierno en un whatsapp a periodistas ya avisó ayer de que, en ese caso, la retirada de los símbolos "correspondería a los Mossos d'Esquadra, como policía integral desplegada en la comunidad autónoma de Cataluña".

La imagen de los Mossos retirando los lazos de los edificios públicos sería enormemente simbólica. La policía autonómica fue jaleada por el independentismo durante el 1-O por su pasividad durante el referéndum ilegal. Pero después, y desde el banquillo del Supremo, el entonces 'major' de los Mossos, José Luis Trapero, ha declarado que lo tenían todo listo para detener a Puigdemont y sus consejeros si llegaba la orden. Los Mossos se han enfrentado a los grupos de ciudadanos no independentistas que, organizados, van retirando lazos por la calle.

En el Govern hay división sobre si deberían cumplir la orden o no y arriesgarse a un procedimiento penal. Hay quien considera que si el Síndic concluye que los lazos y demás carteles en solidaridad con los presos son un símbolo partidista que interfiere la campaña, estarían legitimados a retirarlos sin problema porque estarían siguiendo el criterio de una institución catalana y no de la Junta Electoral. Pero además de los problemas con la Junta Electoral afrontan un problema mayor con la Fiscalía.

El Govern está dividido sobre si debe retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos

La Fiscalía General del Estado está dispuesta a proceder contra el 'president' si persiste en su negativa y, según fuentes jurídicas, lo hará por un delito de desobediencia. Por ello, si Torra mantiene las esteladas y los lazos en las sede oficiales de la Generalitat se enfrentará a un procedimiento penal que, además, de elevadas multas, puede acabar en una condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ve más cercanos los hechos a este delito, La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prevé en su artículo 144 penas de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses para quienes "infrinjan las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral".

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Antonio Fernández. Barcelona

Pese a que este artículo encaja en la actitud mostrada, juristas consultados avisan de que también sería procedente al caso la aplicación del genérico de desobediencia, que se recoge en el artículo 410 del Código Penal. Este tipo delictivo, aplicado por ejemplo a Artur Mas por la celebración del referéndum del 9N, va un paso más allá que el primero y contempla la inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.