el bloqueo en la formación de gobierno

La comisión sobre Bárcenas, la mina que Rivera quiere dejar colocada a Rajoy

Es el único punto indigesto para el PP en las condiciones fijadas por Rivera, lo demás son reformas de leyes orgánicas o de la Constitución que solo se pueden acometer con el PSOE

Foto: El extesorero del PP Luis Bárcenas. (Reuters)
El extesorero del PP Luis Bárcenas. (Reuters)

Una comisión parlamentaria que investigue el caso Bárcenas y arranque dando por hecho que el PP se financia de forma irregular es el sapo que Albert Rivera quiere que Mariano Rajoy se trague a cambio de darle sus votos para que sea investido presidente del Gobierno. Es el único punto indigesto para el PP en las condiciones fijadas para la negociación por el presidente de Ciudadanos, reformas de leyes orgánicas o de la Constitución que solo se pueden acometer con el acuerdo del PSOE para sumar los 176 votos o los dos tercios requeridos según los casos.

Mes y medio después de los comicios del 26-J, Rivera renuncia a pedir la cabeza de Rajoy (eje de su proyecto y de sus dos campañas electorales), pero quiere asegurar la presencia en el Congreso del principal problema y foco de desgaste que ha tenido el Partido Popular en los últimos años: la corrupción. Insiste en presentar al PP como lo contrario a la regeneración y la limpieza, aunque a regañadientes tenga que darle el sí para evitar unas terceras elecciones. Y al tiempo quiere el protagonismo en la fiscalización del partido que sostendría al próximo Ejecutivo.

La comisión sobre Bárcenas, la mina que Rivera quiere dejar colocada a Rajoy

En el Partido Popular contaban con que tendrían que hacer cesiones prográmaticas y presupuestarias en su diálogo con el presidente de Ciudadanos, y más que el PSOE en su pacto de la legislatura anterior con C's. Descontaban admitir con matices algunas de las propuestas más simples que los riveristas llevan en su programa, como las referentes a las diputaciones o la revisión de la ley electoral, pero creían que en el capítulo de la corrupción solo tendrían que hablar de reformas legales o declaraciones de intención.

Una comisión parlamentaria sobre el caso Bárcenas, sin una mayoría parlamentaria para encauzarla, sería un desfile de altos cargos del PP, desde los de los tiempos de José María Aznar hasta los del propio Rajoy, en paralelo además a los procesos judiciales previstos sobre el mismo caso a partir de octubre.

Con el plan de Rivera, mientras los jueces indagan sobre la posible financiación irregular de los populares a raíz de las andanzas de su extesorero, los portavoces de la oposición podrían interrogar a sus jefes en el Congreso sobre el mismo asunto. Según el diseño de Ciudadanos, esa comisión, como las otras cinco condiciones, debe ponerse en marcha en "los primeros tres meses de Gobierno". Una mina que Rivera dejaría empotrada en la línea de flotación del casco en el nuevo Ejecutivo de Rajoy.

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Hechos públicos por el presidente de Ciudadanos los requisitos para negociar el sí a Rajoy, en el Gobierno y en la dirección del Partido Popular decidieron no hacer comentario público alguno al respecto hasta que el propio jefe del Ejecutivo en funciones se pronuncie después de entrevistarse hoy con Rivera.

En el PP no se fían de Rivera ni de su afán por la escenificación permanente, aunque también admitan lo complicado de su situación: de empeñarse en dar el Gobierno a Pedro Sánchez en marzo a tener que facilitar la investidura de Rajoy cinco meses después. Pese a la obsesión mediática de C's, a los populares les descoloca que su posible socio monte una conferencia de prensa para contar lo que va a decir a su interlocutor al día siguiente. Y más que diga que sus condiciones son innegociables.

La comisión sobre el caso Bárcenas podría ser un obstáculo eludible siempre que se dejara para más adelante, por ejemplo para cuando no interfiera con la labor de la Justicia y se avance judicialmente en el meollo del caso: cómo se hizo el extesorero con la fortuna guardada en Suiza, unos 47 millones de euros. Falta por ver si Rivera es flexible en ese punto.

Las otras cinco exigencias de Rivera, además de tiempo, requieren muchos más votos que los 32 de su grupo parlamentario. La eliminación del aforamiento de diputados y senadores requiere una reforma constitucional; los cambios en la ley electoral, un consenso de la mayoría de los partidos. La actual normativa sobre los comicios ya es proporcional, como exige la Constitución, pero retocarla al gusto de los intereses de Ciudadanos como cuarto partido sin representación más que en las grandes circunscripciones sería muy complicado, por la oposición de todos los demás partidos salvo Podemos.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (i), y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (i), y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)

La limitación de mandatos, dos salvo casos excepcionales, está registrada en los debates y en algunas decisiones personales, aunque no en los programas del Partido Popular. También se abordó en alguna ocasión el posible desbloqueo de las listas. Sobre el momento en que un cargo público debe dejar el puesto al resultar salpicado por algún caso de corrupción, el PP es más proclive a esperar al momento de la apertura del juicio oral. Es la misma idea que sostienen los socialistas.

A la eliminación de la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción que pide Ciudadanos no se opondrá nadie en público, aunque podría ser una arbitrariedad con respecto a los condenados por delitos más graves.

El presupuesto que Rivera presenta a Rajoy es el previsible en lo genérico, pero muy caro e indigesto en lo concreto, seguir y ampliar el desgaste del PP por el caso Bárcenas en el Congreso para empezar a gobernar.

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