la campaña del partido popular para el 26-J

El PP censa 290 medidas de "ayuntamientos extremistas" para pedir el voto útil

El PP denuncia subidas de impuestos, enchufismo, aumento de altos cargos, inversiones paralizadas, faltas de respeto a los símbolos nacionales y ofensas a tradiciones locales

Foto: El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos de PP, Javier Arenas. (EFE)
El vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos de PP, Javier Arenas. (EFE)

El Partido Popular ha recogido en un documento 290 medidas y actuaciones de los principales "ayuntamientos extremistas" (los nueve controlados por Podemos, sus socios regionales en Cataluña, Galicia y Valencia, más Bildu) para pedir el voto útil frente a "las malas prácticas" de la extrema izquierda y los independentistas. El PP recurre a ejemplos concretos recabados de la gestión de las alcaldesas de Madrid (Manuela Carmena) y de Barcelona (Ada Colau), y de los regidores de Cádiz, Zaragoza, Pamplona, Valencia, A Coruña, Santiago de Compostela y Badalona.

En la segunda parte del guion ya esbozado para las autonomías en manos de la izquierda, los populares han encontrado casi tres centenares de casos de faltas de respeto a los símbolos nacionales, ofensas a costumbres y tradiciones locales, subidas de impuestos, enchufismo, aumento de burocracia y altos cargos, inversiones paralizadas o dejación en funciones de seguridad.

El retrato del PP de lo que independentistas, podemitas y proetarras denominan "los ayuntamientos del cambio" ocupa 34 folios con las principales y más conocidas actuaciones de sus titulares, entre las que se incluye el hábito de cargar a la caja municipal los gastos de reuniones que celebran entre ellos mismos.

El informe, elaborado por la vicesecretaría de política municipal y autonómica que dirige Javier Arenas, será presentado en un acto de precampaña convocado en Zaragoza, ciudad con alcalde de Podemos, Pedro Santisteve, que llegó al cargo gracias a los votos del resto de la izquierda, el PSOE y la CHA.

Las faltas de respeto a los símbolos nacionales como la bandera o los retratos y bustos del Rey están generalizadas entre las "malas prácticas institucionales". En ese capítulo de arrinconar la enseña nacional, destacan Ada Colau, el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', y la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater. El regidor de Pamplona, Joseba Asirón, de Bildu, figura en el informe por su promoción oficial de la ikurriña. Joan Ribó, de Compromís, se inclina en Valencia por la de la II República. Carmena ha evitado en Madrid esos escándalos.

En el capítulo de nepotismo, el PP anota el caso de la sobrina de la alcaldesa, cuyo marido ascendió a coordinador general del Ayuntamiento; y el del padre de la portavoz, Luis Maestre, ahora jefe de la administración tributaria. También está la antigua novia del concejal Guillermo Zapata, contratada como asesora para el distrito de Fuencarral-El Pardo.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d), y la de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d), y la de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

Los ejemplos de sectarismo son numerosos en casi todos los ayuntamientos "del cambio", en especial en Barcelona, Pamplona, Zaragoza y A Coruña, al igual que ocurre con las ofensas a las costumbres y tradiciones locales, muchas de ellas con un ingrediente religioso que los alcaldes populistas o separatistas han preferido saltarse o directamente suprimir.

En gestión presupuestaria y subidas de impuestos, el PP acumula detalles de descontrol en el gasto e incremento generalizado de tasas municipales, con el IBI por delante, en todos los gobiernos municipales "extremistas". En Zaragoza, líder en endeudamiento por habitante, consta el dato de los 1.948 euros que se gastaron el alcalde, Pedro Santisteve, y su séquito a cargo del erario para acudir a un mitin de la alcaldesa de Barcelona.

En materia de "demonización de iniciativas empresariales" y paralización de proyectos, el informe de los populares destaca los casos de Carmena en Madrid (Campamento, Chamartín o Plaza de España) y de Colau en Barcelona con la persecución al sector del turismo.

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