Las reformas que faltan en España para orientar la economía al crecimiento

España, al igual que Europa, se ha quedado atrás en la revolución de la inteligencia artificial: las empresas que están impulsando esta tecnología son estadounidenses o chinas. Sin embargo, todavía está en su mano aprovechar todo el potencial de esta y otras nuevas herramientas si consigue incorporarlas al tejido productivo. El partido no está perdido, ni mucho menos. Pero sí hace falta una visión estratégica de país y una orientación sin fisuras a la consecución de esos objetivos.

La historia económica demuestra que la absorción de las nuevas tecnologías por parte del tejido productivo es lenta, pero con el tiempo provoca importantes saltos de la productividad. Este es el reto para España. Aunque el país no haya sido capaz de desarrollar la tecnología, puede aprovecharse de ella. Pero tiene que poner los instrumentos para conseguirlo.

Para ello se necesita capital e inversión en activos inmateriales, pero lo más importante es la inversión en capital humano. Al final, serán los trabajadores quienes tengan que absorber esta tecnología y aplicarla a las distintas cadenas de producción. Por este motivo, los expertos del Observatorio Económico El Confidencial-Mapfre Economics consideran que el pilar fundamental sobre el que tiene que actuar España es la formación. "Para Europa es clave la formación de capital humano, porque de ella dependerá nuestra capacidad para adoptar la tecnología. El sistema educativo tiene que estar más volcado a generar capital humano con formación en habilidades y experiencia", recomienda Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs.

El sistema tradicional de la educación basada en contenidos tiene que dar paso a una formación en herramientas y habilidades que capaciten a los futuros trabajadores a adaptarse a las innovaciones tecnológicas. En este sentido, el refuerzo de la formación profesional se antoja fundamental. Judith Arnal, investigadora sénior del Center for European Policy Studies (CEPS) y del Real Instituto Elcano, señala que las empresas españolas “no tienen el tamaño suficiente para absorber a todos los alumnos de la nueva formación profesional dual”. Esta solución deseable se topa, así, con problemas de implementación.

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El primer objetivo debe ser la formación en competencias, para que los alumnos adquieran habilidades, además de conocimientos. La segunda es la orientación de la educación al mercado laboral, para que los alumnos tengan un futuro profesional y para que las empresas encuentren a los trabajadores que necesitan. Los expertos también recomiendan mejorar la formación del profesorado y sus incentivos, así como revisar los problemas de gobernanza de las universidades.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, integra la reforma educativa en un contexto mucho más amplio: "Necesitamos pensar con cuidado qué bienes y servicios públicos queremos y cómo pagarlos. Necesitamos controlar el gasto, hacer una reforma fiscal seria y aumentar el crecimiento de la productividad. Para esto es imprescindible una reforma educativa que permita adecuar nuestro capital humano a las necesidades del aparato productivo".

La urgencia de la productividad

La productividad es indispensable en un país abocado al envejecimiento por tener una de las natalidades más bajas del mundo y una de las mayores esperanzas de vida. Constituye la solución para sustituir la previsible pérdida de mano de obra que sufrirá España en las próximas décadas y, además, es la mejor vía para poder financiar el enorme gasto en pensiones que tiene comprometido el país.

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La mayor parte de expertos del Observatorio señala que la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno para vincularlas al IPC ha ido en la dirección opuesta a lo que necesita España. Además de unas pensiones dignas, el país necesita también un sistema que sea sostenible. Sin embargo, la reforma aprobada entre los años 2021 y 2022 situará a España como el país europeo con mayor gasto en pensiones.

Los expertos descartan que la Seguridad Social esté en riesgo tras esta reforma, porque con un gasto público que supera el 40% del PIB siempre hay margen para dedicar un 16% a las pensiones. El problema es que va a acaparar el escaso margen fiscal que tiene ahora España para potenciar otras áreas del gasto público, como la sanidad, la educación o la inversión.

“No es comprensible que la Unión Europea apruebe la reforma de las pensiones. Lo veo como un descarrilamiento a cámara lenta. El pacto intergeneracional que tenemos se puede romper”, advierte José Manuel González-Páramo, presidente del Consejo de Administración del European DataWarehouse.

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Esta última reforma exige una reflexión sobre la consolidación fiscal. ¿Es sostenible una deuda pública estructural superior al 100% del PIB? Probablemente, la respuesta a esta pregunta haya cambiado drásticamente en los últimos 15 años. Sobre todo con el cambio de paradigma impulsado por EEUU, que propugna una política fiscal expansiva para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

"En España falta un plan de sostenibilidad fiscal", alerta Arnal, "tenemos un déficit estructural próximo al 4% del PIB". España tendrá que abordar este reto en los próximos años para cumplir con las reglas de estabilidad comunitarias. Aunque los nuevos equilibrios económicos hayan aumentado los umbrales de sostenibilidad de la deuda pública, España necesita una reflexión integral sobre el gasto público y su financiación para evitar que sea la inercia la que determine el plan fiscal del país. Esto es, que el país y sus habitantes tomen las riendas de su propio futuro.