Yolanda Díaz no mintió sobre las cifras de fijos discontinuos en 2022, pero el problema es otro

La reforma laboral de 2022 consiguió la cuadratura del círculo: reducir la tasa de temporalidad del empleo, como pedía Bruselas, sin alejar a los empresarios del consenso. Para lograr el acuerdo, se ideó una fórmula que combinaba la estabilidad que demandaba un lado de la mesa y la flexibilidad que pedía el otro. Se optó por extender los contratos fijos discontinuos, hasta aquel momento circunscritos a ámbitos muy estacionales —como la hostelería o la educación—, a hasta cinco situaciones distintas, con el objetivo de eliminar la dualidad que desde hace décadas ha caracterizado al mercado laboral español e ir convirtiendo los temporales en indefinidos. Bajo esta fórmula, los trabajadores mantienen su empleo independientemente de si están trabajando o no, pero son dados de alta y baja de la Seguridad Social en función de los períodos de actividad e inactividad.

Enseguida, la figura causó una fenomenal polémica alimentada por el propio Gobierno con una contradicción que mantiene en la actualidad: el haber cambiado la legislación laboral sin tocar la medición de los datos. Los fijos discontinuos inactivos, que jamás habían contado como parados, pasaron de suponer una porción mínima del mercado a un contingente creciente y significativo. Muchos trabajadores que con la legislación antigua hubieran sido contratados como temporales empezaron a ser asumidos como fijos discontinuos, sin que quedase claro cuántos de ellos estaban trabajando realmente... o tenían posibilidades de que los volviesen a llamar para trabajar.

La oposición acusó al Gobierno de maquillar las cifras de desempleo, y el Gobierno ha remoloneado desde entonces a la hora de dar sus propios datos o, al menos, poner a disposición de los investigadores los brutos con los que poder bregar para responder a una pregunta: ¿cuántos fijos discontinuos inactivos existen en España pero no se contabilizan como parados? O, en términos más pedestres: ¿cuántos desempleados no figuran en las listas del paro gracias a la reforma laboral?

Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un prestigioso centro de estudios de orientación liberal, llevan dos años detrás de la respuesta, pero se han encontrado con problemas en las tres fuentes que suelen usarse como referencia pare tomarle el pulso al mercado laboral: el paro registrado, que ofrece cada mes el Ministerio de Trabajo, las afiliaciones a la Seguridad Social, que aporta mensualmente el departamento de Inclusión, y la Encuesta de población activa, que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno admite que un tercio de los fijos discontinuos (443.000) no trabajaba a cierre de 2022

J. J.

Cada una de ellas presenta dificultades diferentes —quien esté interesado en conocerlas puede acudir al papel publicado este lunes—, pero todas patinan en un punto común: son fotos fijas del mercado laboral, que no recogen de forma fidedigna una realidad como la de los fijos discontinuos que, por definición, cambia constantemente con las entradas y salidas de la actividad. Marcel Jansen, experto del centro de estudios y de la Universidad Complutense, lo explica a través de una metáfora: los fijos discontinuos son como los participantes en el juego de las sillas, que pululan por el escenario (el mercado laboral) hasta que logran un asiento cuando se detiene la canción (son llamados para trabajar), pero después vuelve a sonar la música y regresa el baile. La realidad es que no hay sitio para todos.

Para salvar esta barrera, Florentino Felgueroso, investigador de Fedea y autor del estudio, decidió echar mano de una estadística dinámica, que monitoriza todas las idas y venidas del 4% de los trabajadores españoles a lo largo de un año: la Muestra continua de vidas laborales (MCVL), que publica Inclusión con un cierto decalaje. La última disponible es de 2022, y refleja 1,4 millones de fijos discontinuos a final de año, de los cuales la mitad estaban inactivos, aunque solo 518.000 se podrían considerar realmente como tal: otros 200.000 tenían otro empleo diferente al de su contrato fijo discontinuo.

Aunque desfasados, los cálculos resultan suficientes para saber si el Gobierno contabilizó correctamente a los trabajadores fantasma que, supuestamente, maquillan las listas del paro. El Ejecutivo siempre ha rehuido el debate, pero en marzo de 2023 no tuvo más remedio que responder a una pregunta parlamentaria para dar el dato que todos estaban buscando.

Según Fedea, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, no mintió cuando dijo —en el Senado y por escrito— que a cierre de 2022 había 443.078 personas con un contrato fijo discontinuo que no trabajaban y no constaban en las listas del desempleo. Tampoco, cuando, a renglón seguido, afirmó que 268.402 recibían prestaciones de la Seguridad Social. Es decir: cobraban el paro sin ser, a ojos de la Administración, parados. Con su método alternativo, Felgueroso ha concluido que las cifras del Gobierno están dentro del margen de error... especialmente en un caso como este, donde se antoja bastante amplio. Pero eso no significa que le dé la razón a un Ejecutivo que siempre ha intentado vender esta forma de contrato como la solución a buena parte de los males del mercado laboral español.

¿Ha mejorado la calidad del empleo?

Fedea calcula que 413.332 demandantes de empleo se hallaban excluidos del paro al cierre de 2022 por ser fijos discontinuos, 269.124 de los cuales recibían algún subsidio. No es una cifra anecdótica, si se tiene en cuenta que una gran parte de ellos son hijos de la reforma laboral: sin ella, lo más probable es que hubiesen sido contabilizados como parados tras finalizar su contrato temporal, y antes de encadenar el siguiente. Sin embargo, contrastar si el Gobierno dice o no la verdad no es, aseguran desde la fundación, el motivo principal que los ha llevado a desarrollar su propia metodología. Pese al ruido de la discusión política sobre el supuesto maquillaje de las cifras del paro, el debate que se debería estar dando en este país es otro: ¿realmente ha mejorado la reforma laboral la calidad del empleo de este tipo de trabajadores?

Díaz, que durante años calificó de "basura" el contrato único propuesto por el centro de estudios liberal, ha aplicado una filosofía similar para resolver la dualidad entre temporales e indefinidos: convertirlos a todos en los segundos, a través de la fórmula de los fijos discontinuos. Y eso, lamentan desde Fedea, no ha servido para mejorar la situación de muchos de ellos, que en algunos casos incluso sufrirían una mayor precariedad que los antiguos temporales. El problema de fondo persiste.

Desde la reforma laboral, se han formalizado 4,9 millones de contratos fijos discontinuos

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, se han formalizado en España 4,9 millones de contratos fijos discontinuos, a razón de 2,3 en 2022 y otros tantos en 2023. El número supera en dos millones al que se registró durante las dos décadas anteriores. A lo largo del bienio, la vitalidad del mercado laboral ha ido menguando, lo que hace que la ratio entre este tipo de contratos y la variación del empleo haya empeorado: en 2022 se hacían 6,5 fijos discontinuos por cada incremento de la afiliación a la Seguridad Social, y en 2023 fueron 10,5. "En ambos años, esta ratio fue de 4-4,5 para el resto de los contratos indefinidos", señala el informe de Fedea para evidenciar la precariedad de esta fórmula. Los datos son tomados de la estadística de afiliaciones que ofrece cada mes el Ministerio de Inclusión.

La evolución negativa de la ratio puede significar dos cosas, a falta de la MCVL que se conocerá después del verano: o en 2023 aumentaron las rupturas de este tipo de contratos o los períodos de actividad de los fijos discontinuos son cada vez más cortos, y las llamadas para darlos de alta, más infrecuentes. El primer caso no tiene por qué ser malo, siempre y cuando suponga un cambio a un trabajo mejor. Pero es probable que muchos abandonen sin tener alternativa, agotados porque no los llaman, y eso les impida acceder a la prestación por desempleo hasta que encuentren otra cosa. Una de cada dos expiraciones de contrato se da por causa voluntaria, y una de cada tres por despido. El segundo caso revela hasta qué punto un contingente relevante de fijos discontinuos pasa la mayor parte del tiempo sin trabajar y, por tanto, está abonado a una situación de precariedad que la reforma laboral pretendía evitar.

Otro dato: la tasa de rotación de los afiliados con estos contratos, es decir, la suma de las altas y bajas medias mensuales dividida por la afiliación media mensual, no ha parado de crecer desde el cambio legal: en 2023, se situó en el 4,6%, el doble que en el período prepandemia. La tasa de temporalidad sí se ha desplomado, principalmente por la conversión de temporales en fijos discontinuos, pero eso no significa per se una mejora en la calidad del empleo. Todos los caminos llevan a la misma conclusión lampedusiana: todo ha cambiado sin que nada cambie demasiado.

Dos de cada tres fijos discontinuos de entre 16 y 24 años terminaron 2022 en inactividad

Podría alegarse que, más allá de los múltiples peros, siempre será mejor que un trabajador tenga un contrato indefinido, a pesar de que sea fijo discontinuo, a otro temporal, ya que así estará más protegido. Pero los investigadores de Fedea recuerdan que el fin del segundo implica una indemnización por cese, mientras que en el primero se puede acumular un tiempo ilimitado en inactividad sin que ese contrato expire, por lo que no siempre se recibe indemnización. Las bajas en la Seguridad Social que se produjeron en este tipo de contratos en 2023 multiplican por 2,5 la media del período 2017-2019, lo que indica la verdadera naturaleza de gran parte de los que se han firmado al calor de la reforma laboral.

Desde Fedea destacan que las empresas son las grandes beneficiadas por la nueva situación, ya que pueden tener en cartera a un amplio abanico de perfiles e irlos llamando, sin incurrir en reparación alguna cuando los dan de baja: mientras no los despidan, no hay coste. Algunos pueden estar esperando eternamente. En ese sentido, los investigadores demandan que se abra un debate sobre cuánto tiempo puede permanecer un fijo discontinuo en situación de inactividad antes de ser reconocido como parado. Urge depurar la serie y aclarar cuál es la estancia media en esta situación, un dato que no es posible obtener con la información actual.

La situación se ceba sobre todo con los jóvenes, que ya eran quienes más sufrían los contratos temporales. Dos de cada tres fijos discontinuos de entre 16 y 24 años terminaron 2022 en inactividad. Sin embargo, no todos los inactivos están fuera del mercado: como se puede apreciar en el gráfico, un elevado porcentaje simultanea otras relaciones laborales, ya sean como fijos discontinuos o con otro tipo de fórmulas, entre las que destaca el trabajo por cuenta propia. Es decir, se continúan moviendo, a sabiendas de que, en realidad, es como si no estuvieran contratados.

En definitiva: todos los datos inducen a pensar que el hecho de tener un contrato indefinido de este tipo no otorga a algunos de estos trabajadores la seguridad que se vendió con la reforma laboral, y que se antoja clave para que tomen decisiones micro que, agregadas, pueden tener un impacto notable en la economía nacional: desde incrementar su consumo hasta pedir una hipoteca.

Las soluciones

Para evitar que las empresas se sigan aprovechando de la situación, los investigadores del centro de estudios consideran que la mejor opción es tomar medidas que no desincentiven la contratación. Nada de incrementar el coste del despido. En su lugar, proponen dar incentivos para que las empresas hagan llamamientos más frecuentes o más largos, e incluso otorgar una remuneración mínima a los trabajadores en período de inactividad, que les permita subsistir mientras no los llamen. Este último esquema ya se aplica en Francia. La medida más extrema sería recuperar la indemnización por cese del contrato temporal, en este caso aplicada a la baja del contrato fijo discontinuo. La semana pasada, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) sugería a España la implantación de un sistema de bonus malus, que consistiría en penalizar con más cotizaciones sociales a las compañías que rotan más que la media de su sector.

Hay muchas posibilidades, pero todas, destacan los expertos de Fedea, tienen que ir en la misma dirección: obligar a las empresas a internalizar los costes sociales derivados del mal uso de esos contratos, que ahora asume la Seguridad Social en forma, principalmente, de prestaciones por desempleo. Ahí está la clave, y no tanto en si el Gobierno maquilla ligeramente o no unas cifras que, a todas luces, resultan muy positivas, gracias (o a pesar, según a quién se le pregunte) a la reforma laboral. Con una mayor transparencia de los datos, añaden, sería mucho más sencillo cuantificar todas estas reflexiones. De momento, ni está ni se le espera.