El Gobierno oculta los datos de pobreza energética del año de la guerra en Ucrania

Los datos deberían haber estado a disposición de todos los ciudadanos a principios de otoño, pero estamos en plena Semana Santa y no hay forma de conocerlos. El Gobierno oculta la evolución de los indicadores de pobreza energética referidos a 2022, el año en que Rusia invadió Ucrania y los precios de la electricidad y el gas se dispararon. El Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha publicado el informe al que le obliga su propia Estrategia Nacional, pese a que las fuentes de las que se alimenta sí han proporcionado las cifras con normalidad. Todas ellas reflejan un notable agravamiento del problema. Fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera ni confirman ni desmienten que los indicadores vayan a conocerse finalmente.

El argumento para quitar importancia a este incumplimiento es que el Ejecutivo ya prepara una nueva estrategia, pero lo cierto es que la actual (2019-2024) todavía está en vigor. En otras palabras: más allá de que a partir de 2025 apruebe un nuevo plan, Transición Ecológica todavía tendría que publicar las cifras de 2022, 2023 y 2024 para evaluar el funcionamiento del que está vigente. En concreto, las referidas al primer año de la guerra en Ucrania deberían haber visto la luz hace 165 días. "La evolución de los indicadores debe publicarse a más tardar el 15 de octubre de cada año", reza el documento actual en la parte referida a dotar de transparencia al sistema de seguimiento.

Pero lo cierto es que ese espíritu brilla por su ausencia. El informe de 2020, que fue negativo a consecuencia de la pandemia, se remitió a los medios de comunicación con más de tres meses de retraso; en concreto, el mediodía del 31 de diciembre, en la víspera de uno de los tres días al año en que no se publican periódicos en papel. El de 2021, en el que mejoraron tres de los cuatro indicadores y empeoró el más importante (temperatura inadecuada de la vivienda), vio la luz el 22 de diciembre, mientras toda España estaba pendiente de la Lotería de Navidad. "Se realizará la máxima difusión posible a la población de la evolución de los indicadores, por medio de la remisión de dicha información a los medios de comunicación y con las demás vías que se consideren", estipula la estrategia.

Hasta ahora, el Gobierno nunca ha cumplido la obligación de incluir en los informes la comparación de los datos españoles con los de otros países, pese a que Eurostat sí los ofrece. Tampoco ha publicado a tiempo los indicadores en ninguna ocasión, pese a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) siempre saca puntualmente la materia prima con que se elaboran: la Encuesta de condiciones de vida (ECV) y la Encuesta de presupuestos familiares (EPF). Las referidas a 2022 estuvieron listas en febrero y junio del año pasado, por lo que no existe ninguna excusa metodológica para que Transición Ecológica no haya podido publicar a tiempo su informe de seguimiento.

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Más allá de las razones que hayan podido motivar esta desidia, lo cierto es que los datos del propio INE y los de otros organismos que estudian la cuestión, como la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, corroboran que a los ciudadanos se les está privando de saber que 2022 fue el peor año para la pobreza energética en España desde que se tienen registros... hasta que llegó 2023. Según revela la ECV, el 17,1% de los hogares no pudo permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el primer año de la guerra de Ucrania, una cifra que en el segundo se elevó al 20,7%. Con los últimos datos que aporta el Gobierno en la mano, correspondientes al 2021 prebélico, ese porcentaje era del 14,3%; en 2019, cuando entró en vigor la estrategia, de solo el 7,8%.

Un fracaso sin paliativos

El plan del Ejecutivo se ha demostrado absolutamente fallido. El Gobierno había marcado un "objetivo mínimo" de mejora del 25% en todos los indicadores para 2025 respecto a los registros de 2017. En aquel año, las familias que no podían calentarse representaban el 8% del total, así que esa cifra debía reducirse, al menos, hasta el 6% durante la vigencia de la estrategia (el "objetivo buscado" era del 4%). En lugar de eso, la pobreza energética prácticamente se ha triplicado, a la espera de completar el ciclo con los datos de este año y el siguiente, que deberían ser mejores debido al abaratamiento de la energía. Sin embargo, en 2023 también bajaron los precios, y esto no evitó que el porcentaje de españoles que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada siguiese disparándose, según la ECV: la inflación que soportan los hogares en otros ámbitos hace que muchos se vean obligados a dejar de poner la calefacción.

Más allá del de la temperatura, existen otros tres indicadores que el Gobierno pretendía mejorar gracias a su estrategia: el gasto desproporcionado, la pobreza energética escondida y el retraso en el pago de las facturas. Un reciente informe de la cátedra de la Universidad de Comillas corrobora que tampoco se han producido los avances esperados en estos ámbitos, como se muestra en el gráfico. Un ejemplo: el gasto desproporcionado, que recoge el porcentaje de familias con un desembolso energético dos veces superior a la mediana nacional (la distribución que deja por abajo y por encima el mismo número de hogares), se incrementó 1,6 puntos en 2022, hasta el 16,8%, casi dos por encima de 2019, cuando entró en vigor la estrategia. Es solo medio punto menos que en 2017, el año que el Ejecutivo toma como referencia, y todavía muy lejos del "objetivo mínimo" para 2025 (12,9%). En otros indicadores, como el retraso en los pagos de facturas, la tendencia incluso ha sido a empeorar.

Nadie duda de que la actual estrategia ha quedado superada por los acontecimientos. Tampoco el propio Gobierno, que ya prepara una nueva, según anunció Ribera en el Congreso el pasado enero. Fuentes de Transición Ecológica recuerdan que la actual fue diseñada antes de que la pandemia y la guerra en Ucrania irrumpieran en escena, causando una crisis energética sin precedentes en medio siglo que ha llevado a muchas familias a pasarlo muy mal. Es un hecho, como también el que, a la vista de los datos, las medidas de apoyo que tomó el Ejecutivo —ampliación del bono social eléctrico y la tarifa regulada del gas, excepción ibérica, minoración de los beneficios caídos del cielo de los generadores— se han demostrado insuficientes para frenar una tendencia que no ha parado de empeorar desde 2020. Es decir, desde que el Gobierno de coalición entre el PSOE y las fuerzas a su izquierda —antes Unidas Podemos, ahora Sumar— llegó al poder.

No hay que olvidar que la lucha contra la pobreza energética constituyó una de las banderas que enarbolaron estos partidos —especialmente Podemos— para hacer oposición al Gobierno de Mariano Rajoy durante la década pasada. Ahora, sin embargo, la situación es mucho peor que entonces. "Revisaremos y desplegaremos la estrategia contra la pobreza energética, reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarán a cabo los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico", dice al respecto el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar.

Las dificultades con los trámites burocráticos han limitado el despliegue de esta y otras ayudas, truncando las promesas políticas. Los datos del INE o la Universidad de Comillas hablan por sí mismos, aunque el Gobierno los oculte. Tanto, que el Ejecutivo ha decidido cambiar de estrategia. Desde Transición Ecológica no han querido aclarar cuáles serán las líneas maestras del nuevo plan.