La AIE recorta la expansión de renovables en España por el fracaso de las subastas

Las renovables se expanden en el mundo a un ritmo mucho mayor del esperado hace solo un año, pero España, que se halla entre las naciones más avanzadas en este ámbito, no está cumpliendo las expectativas. El fracaso de las subastas convocadas por el Gobierno ha llevado a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a revisar a la baja el despliegue que espera para el lustro 2023-2027. Tanto, que el nuestro es el país que sufre un mayor recorte respecto a la previsión del año pasado: un 30% de la revisión a la baja para todo el mundo corresponde a España.

En su informe Renovables 2023, el organismo autónomo de la OCDE para los asuntos energéticos recuerda que los mecanismos para ampliar la capacidad instalada "han tenido una suscripción significativamente insuficiente". En concreto, se refiere al de noviembre de 2022, la última de las cuatro subastas convocadas por el Ejecutivo durante la pasada legislatura. Aquel proceso se saldó con un rotundo fracaso: de los 3,3 gigavatios (GW) que se ofrecían, solo se adjudicaron 45,5 megavatios (MW), es decir, poco más del 1%.

La AIE atribuye el pinchazo de las subastas al hecho de que la mayoría de las ofertas propuestas superó los precios máximos que había establecido el Ejecutivo, por lo que las condiciones económicas de los proyectos no subsidiados "resultaban más atractivas", destaca. Es el mismo argumento que dio en su día el sector. La consultora GlobalData, en su informe Europe Renewable Energy Policy Handbook 2023 (Manual de políticas de energías renovables en Europa 2023), apuntaba a la misma dirección para el conjunto del continente.

No hay que olvidar que en aquel proceso solo se adjudicó capacidad a dos proyectos de eólica terrestre, a un precio medio ponderado de 42,78 euros/megavatio hora. En ese momento, la electricidad se pagaba en el mercado mayorista a unos 115 euros de media, según el gestor del mercado (OMIE), Los futuros también estaban disparados, lo que ponía en duda la rentabilidad de acudir a estos mecanismos, a través de los cuales los participantes se comprometen a vender al mercado el volumen de energía subastado a un precio fijo durante un máximo de 12 años. Gracias a estos acuerdos, conocidos como PPA (power purchase agreement), los proyectos se aseguran su financiación, al no existir riesgo por la otra parte: la energía está colocada, el problema es a qué precio.

Aunque las casaciones en el mercado mayorista se han abaratado tras el fin de lo peor de la crisis energética, siguen presentando niveles muy superiores —en diciembre, una media de 72 euros, según OMIE— a los que resultaron de aquella subasta. Esto indica hasta qué punto el precio de reserva establecido por el Gobierno, que es el máximo que podía salir de la puja, resultaba artificialmente bajo para ser atractivo en el contexto actual. Sin embargo, los costes de las instalaciones renovables se han abaratado en los últimos años, y lo harán más en los próximos, por lo que el Ejecutivo quería evitar que los consumidores asumiesen en su factura costes derivados de una coyuntura de precios elevados por la crisis energética.

Tras el fracaso, el Gobierno lleva más de un año sin convocar nuevas subastas, como había anunciado, mientras las patronales eólica y fotovoltaica piden que se retome el calendario, una vez la nueva legislatura ha echado a andar. Eso sí, con una condición: que los topes sean más elevados para evitar que vuelvan a quedar desiertas. De momento, el Ejecutivo ha incluido en la extensión del decreto de medidas anticrisis nuevos requisitos, más allá del precio, a la hora de adjudicar las próximas subastas, entre ellos el impacto medioambiental o la creación de empleo.

España, una excepción

Si España no quiere ver cómo los demás le pasan por delante, debe ponerse las pilas. De hecho, lo ocurrido en nuestro país en el último año es una excepción, que solo comparten Corea, por su giro hacia la nuclear, Australia, debido a los retrasos en sus proyectos de hidrógeno, Omán, por la extensión de los plazos en sus proyectos renovables, y las naciones del sudeste asiático (Asean), debido a la incertidumbre sobre sus políticas, apunta el informe. En cambio, este recorte de las previsiones en el despliegue de las renovables palidece frente a las revisiones al alza, mucho más ambiciosas, como se aprecia en el gráfico anterior.

En conjunto, la AIE eleva el incremento de la capacidad en un 33% respecto a las estimaciones del año pasado, es decir, 728 GW más. Se trata de una aceleración importantísima: solo con esta revisión supone 10 veces más que la instalada en España actualmente. “Esta revisión refleja cambios de políticas y mejoras económicas para la energía eólica y solar a gran escala, pero también una adopción más rápida por parte de los consumidores de sistemas fotovoltaicos distribuidos en respuesta al aumento de los precios de la electricidad”, destaca la institución con sede en París. En definitiva: una apuesta más decidida por las renovables, pero también una aceleración del autoconsumo, en un escenario de récords de los precios de la energía.

Solo China representa más del 80% de esa revisión al alza, aunque los países europeos también han visto mejoradas sus estimaciones en un 12%, "únicamente" por el comportamiento de la energía solar fotovoltaica, según puntualiza el documento. El mejor ejemplo es Alemania, precisamente por la razón contraria a la de España: el incremento de los PPA y las mejoras en el diseño de las subastas. Brasil y Estados Unidos también se cuelan entre las sorpresas positivas.

El sur de Europa, en cambio, ha decepcionado. Y no solo por los bajos precios de las subastas. La Agencia Internacional de la Energía apunta otros factores: "En 2022, España, Italia y Grecia adjudicarán menos capacidad de la que ofrecieron debido a la incapacidad de los desarrolladores para obtener permisos y/o casos de negocios más atractivos a través de otras rutas de acceso al mercado". Los cuellos de botella en la tramitación de los proyectos —muy condicionados por la burocracia, la superposición de administraciones implicadas, las dificultades para obtener los permisos ambientales o la oposición de las comunidades locales— están lastrando el despliegue renovable en nuestro país.

El informe también destaca el retraso de España en las inversiones en hidrógeno verde y biometano, y alerta de que los cortes de producción (curtailment, en la jerga del sector) se han triplicado en el último año, debido a razones económicas. Por primera vez en una década, España registró en 2023 más de 100 horas con la electricidad a precio cero —los negativos no están permitidos por ley—, en un escenario de creciente volatilidad a lo largo del día. Este es el nuevo paradigma ante la expansión de las renovables. El desarrollo del almacenamiento, tanto en lo referido a las infraestructuras como a la regulación, se antoja clave para regular la energía que entra en el mercado, y, por tanto, los precios, en cada momento. Así se conseguirá amortiguar los efectos del mayor peso de las fuentes de generación limpias, intermitentes por definición.