Los conflictos laborales que esperan al nuevo Gobierno tras desactivar el de Renfe

El Gobierno ha salvado el que iba a ser el primer conflicto laboral de esta legislatura: la huelga nacional de los empleados de Renfe para proteger sus condiciones ante el traspaso de cercanías a la Generalitat de Cataluña y la entrada de un socio privado —el grupo MSC— en el negocio de mercancías. La primera de las cinco jornadas iba a tener lugar este viernes, pero unas horas antes los sindicatos decidieron desconvocarla —también las demás— tras obtener la garantía de que se les sentará a la mesa que negociará la transferencia.

La atípica huelga general convocada para el mismo día por Solidaridad, el sindicato afín a Vox, tampoco ha incomodado al Ejecutivo. Su seguimiento ha sido anecdótico —un 1,33% en la Administración General del Estado, según los datos recogidos por la agencia EFE—, y el único motivo que la justificaba no tenía que ver con los derechos de los trabajadores, sino con la oposición contra la ley de amnistía para los implicados en el procés. Se trata de una huelga política: fuentes de Solidaridad confirman, de hecho, que esta fecha extraña —es la primera huelga general de la historia convocada para un viernes— se escogió por ser el primer día laborable pasadas las 10 jornadas de rigor desde el registro. El único objetivo era mantener en la calle la tensión contra el recién elegido Gobierno de Pedro Sánchez.

Ambos conatos fueron finalmente apagados, respectivamente, por el recién nombrado ministro de Transportes, Óscar Puente, y por la escasa presencia de Solidaridad en el mundo de las relaciones laborales de nuestro país: tiene menos del 0,1% de los delegados sindicales. Sin embargo, forman parte del mismo fuego, que tiene su origen en los acuerdos del PSOE con el independentismo y cuyas brasas aún distan mucho de apagarse. Jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo o letrados de la Seguridad Social están entre los cuerpos de la Administración que han puesto el grito en el cielo, mientras el sindicato mayoritario de la función pública (CSIF) critica su impacto sobre los servicios públicos y hasta los sindicatos de clase (UGT y CCOO) se ponen en guardia al ver que se ha soslayado el diálogo social.

Las causas políticas han protagonizado las primeras muestras de malestar funcionarial desde que se supo que Sánchez seguiría en la Moncloa. Pero no todo se reduce a eso. Varios ministros del Ejecutivo tendrán que afrontar durante esta legislatura conflictos que quedaron pendientes en la anterior. La convocatoria de las elecciones del pasado 23 de julio desactivó las protestas del personal judicial o los inspectores de trabajo: sin un interlocutor enfrente, poco se puede reivindicar. Pero las demandas siguen latentes, y van a reaparecer ahora que el Ejecutivo vuelve a tener plenas funciones, según reconocen los representantes sindicales consultados por El Confidencial. Estos son los frentes laborales con los que tendrá que lidiar el Gobierno.

Funcionarios de Justicia

La papeleta más difícil la tiene el superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. No solo tendrá que aplacar a los estamentos más altos del ámbito judicial —jueces, fiscales y letrados— por la ley de amnistía, sino que se tendrá que emplear a fondo para que el resto de trabajadores no se subleven... por motivos laborales.

Precisamente, el origen del conflicto está en el agravio comparativo que sufren frente a sus compañeros: mientras que los jueces, fiscales y letrados han visto revalorizados sus salarios entre 400 y 450 euros —los dos primeros por mandato legal y los últimos tras una huelga de dos meses—, los demás funcionarios de la Administración de Justicia reclaman un trato similar. El pasado 4 de julio, los principales sindicatos desconvocaron la huelga que mantuvieron durante un mes y medio —algunos trabajadores afirman haber perdido más de 4.000 euros en salarios—, pero ya advirtieron de que, cuando se constituyese el nuevo Gobierno, retomarían las reivindicaciones.

Así ha sido. El pasado martes, los representantes sindicales aprovecharon la toma de posesión de Bolaños para comunicarle sus inquietudes. El ministro se comprometió, igual que su antecesora, a convocarlos a la mesa. Los sindicatos, de momento, esperan una oferta económica del Ejecutivo para sentarse a negociar, pero no darán un paso atrás en sus reivindicaciones. Luis Calero, responsable de Justicia de Comisiones Obreras, advierte: "Si no hay una oferta, retomaremos el conflicto y nos echaremos a la calle con la movilización que corresponda". Sin embargo, se muestra cauto sobre la posibilidad de una nueva huelga.

Abogados de oficio

Quienes no han otorgado ni una semana de gracia al nuevo Gobierno son los abogados y procuradores de oficio, que mantienen una huelga indefinida desde el 21 de noviembre. Los letrados exigen mejoras en sus condiciones de trabajo, para lo que han presentado un documento con 12 reivindicaciones y han paralizado todos los procesos que no sean considerados como básicos, según informa María Jesús Labarca.

El sindicato Venia Advocatorum Unio espera que Bolaños se reúna con ellos y muestre empatía, dada su condición de abogado. El punto débil de la protesta es que la Abogacía del Estado y el ministerio han negado a estos profesionales el derecho a huelga por no tener relación laboral, estatutaria, ni funcional con el ministerio.

Inspectores de trabajo

En el caso de los inspectores de trabajo, ha ocurrido algo similar al de los funcionarios de la Administración de Justicia. La convocatoria electoral restó efecto a la huelga anterior, desconvocada el pasado 27 de junio tras solo 24 horas. De momento, las principales asociaciones no ven factible otro paro indefinido. Además del recuerdo de la división sindical que lastró aquella movilización —Comisiones Obreras no participó—, la razón es que el plan estratégico 2021-2023, que ha centrado las protestas hasta ahora por el incumplimiento del compromiso gubernamental para implementarlo, está a punto de caducar.

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Esto no quiere decir, en ningún caso, que las protestas se disipen, ya que los problemas siguen siendo los mismos. La Inspección asume cada vez más competencias, pero no han venido acompañadas de un refuerzo de la plantilla: la convocatoria pactada de la relación de puestos de trabajo se ha ido aplazando por las desavenencias entre la ministra del ramo, Yolanda Díaz, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Por si fuera poco, durante la próxima legislatura estas funciones todavía aumentarán más si finalmente, por ejemplo, se llega a aprobar la reducción de la jornada laboral.

Ana Ercoreca, líder del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, asegura que su equipo jurídico está estudiando la posibilidad de tomar acciones legales para exigir el cumplimiento del plan estratégico actual, y afirma que demandará una reunión a la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y al nuevo director general de la Inspección de Trabajo cuando sea nombrado.

Mucho más cauta, María José Díaz Luque, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, prefiere esperar al nuevo plan estratégico 2024-2026. El sindicato ha convocado para el 28 de noviembre una reunión para decidir su estrategia de cara a este año: "Tenemos que esperar a saber quiénes serán los cargos intermedios".

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Seguridad Social

Las aguas bajan más tranquilas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, después del acuerdo alcanzado en mayo entre los sindicatos y el Gobierno para reforzar la plantilla, que evitó la que iba a ser la primera huelga de la historia de este colectivo. Sin embargo, los representantes de los trabajadores insisten en que los problemas de falta de recursos persisten, especialmente en el ámbito de la atención al público, donde no se ha resuelto el desbordamiento.

Martín Lanzas, de UGT, quiere empezar cuanto antes a desplegar los puntos del acuerdo que quedaron en vía muerta por la disolución de las Cortes: "No hay que esperar 100 días, ni 10, ni nada. Desde ya". El principal es la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social, que ya recoge una ley de 2021, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Estos planes chocan con la cesión de su régimen económico al País Vasco, pactada con el PNV y que es vista con escepticismo por los sindicatos.

Además, los médicos inspectores de la Seguridad Social han convocado una huelga para el 15 de diciembre para reclamar que, en casos de especial complejidad, las decisiones sobre las bajas laborales las tome un órgano colegiado, formado, además de por el facultativo, por un inspector de trabajo y un representante de la Administración.

Rodalies

Por último, no hay que olvidar el traspaso de Rodalies, las cercanías catalanas, a la Generalitat. La desconvocatoria de la huelga no ha aplacado la desconfianza de los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recordó este viernes que, si el Gobierno no cumple sus compromisos, habrá conflicto. En otras palabras: si no se garantiza la interlocución y la preservación de las condiciones laborales de los trabajadores, el paro podría volver a convocarse. La primera reunión entre las partes está prevista, como muy tarde, para el 15 de diciembre.