¿Aprovechar o no la reforma laboral de Rajoy? El dilema de Podemos con su ERE

Los últimos resultados electorales han situado a Podemos ante un dilema inesperado. Tras quedar prácticamente barridos de los parlamentos autonómicos y mantener solo cinco diputados —dentro de la coalición Sumar— en el Congreso, los líderes morados afrontan una difícil disyuntiva que Pablo Iglesias nunca se imaginó cuando fundó el partido hace casi una década: activar un expediente de regulación de empleo (ERE) a un centenar de sus trabajadores y decidir si aplicar a rajatabla la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy de 2012. Una medida que rebajó el coste del despido y facilitó que las empresas pudiesen rescindir la relación laboral con la indemnización mínima (de 20 días por año trabajado).

¿Aprovecharse o no aprovecharse de una reforma laboral del PP? Esa es la cuestión. Un dilema que en la formación morada ya han tenido que afrontar en el pasado, si bien en circunstancias distintas. Primero, en la primera gran crisis del partido, en la que salieron los partidarios del cofundador Íñigo Errejón, actualmente líder de Más País. Y, más recientemente, acotado a un nivel regional, tras el fiasco electoral autonómico en Andalucía. En cada caso, se usaron tácticas distintas.

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La caída de los ingresos que generará la pérdida de representación —el Estado subvenciona a los partidos en función de la misma— ha obligado a los de Ione Belarra a abrir un expediente de regulación de empleo (ERE) para dejar en la calle a más de la mitad de la plantilla, según adelantó este lunes El Periódico de España. Las entradas a la caja de la formación se desplomarán un 70% en el ámbito estatal y un 90% en el autonómico. En el primer caso, se despedirá, al menos, a un 10% de la plantilla, el requisito mínimo para emplear este proceso legal, mientras que en el segundo se cerrarán nueve delegaciones (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), con la extinción de todos los puestos de trabajo. En conjunto, está previsto que salgan en torno a un centenar de asalariados, en función de lo que ocurra en las negociaciones.

De momento, Podemos ha remitido un escrito a los empleados afectados para comunicarles la decisión, pero todavía se desconoce cómo se va a ejecutar. En el diálogo que se abre ahora con los trabajadores se dilucidarán el número exacto y, sobre todo, las condiciones de los despidos. De momento, no se sabe cuáles serán los componentes de las comisiones negociadoras, toda vez que solo dos de las agrupaciones territoriales tienen comité de empresa. En cualquier caso, el 9 de agosto deberían estar constituidas para iniciar el periodo de consultas, que culminará un mes después con la apertura formal del ERE. Finalmente, la Inspección de Trabajo tendrá que dar su visto bueno para cerrar el proceso.

A lo largo del mismo, se sabrá si los morados se apoyan en la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, y muy criticada por el partido morado durante los últimos años, o mantienen la coherencia con su discurso político, aun a costa de dejar sus finanzas en una situación insostenible. Se trata de una lucha entre el corazón y la cabeza que afectará a las condiciones con las que alrededor de un centenar de trabajadores se vayan para casa.

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La legislación laboral de la exministra de Empleo Fátima Báñez estableció en 20 días por año trabajado la indemnización por despido procedente, que es la que se usa en el caso de los ERE con causas objetivas. Además, eliminó la autorización administrativa para que las empresas puedan iniciarlos, convirtiendo este procedimiento, de facto, en una decisión unilateral de las compañías. La contrarreforma emprendida por la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la pasada legislatura no tocó ninguno de estos aspectos. Es cierto que la nueva Ley de Empleo, en vigor desde febrero de este año, otorgó a la Inspección de Trabajo la potestad de aprobar los ERE, pero se trata más de un hecho principalmente burocrático que no devuelve al statu quo previo a 2012.

La ley del PP, tolerada por Díaz, es la que ahora puede usar Podemos para pasar el rodillo y deshacerse de la mitad de la plantilla sin grandes complicaciones. Por el contrario, también podría predicar con el ejemplo e iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo con la plantilla, aun a costa de los intereses económicos de la formación. Esa es la duda que está sobre la mesa, ya que, al menos según El Periódico de España, lo que sí parece claro es que la decisión de ir a un ERE es irreversible. Podemos alega la concurrencia de tres de las cuatro causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) que la propia ley de los populares introdujo.

El año pasado, Podemos utilizó una estrategia gradualista en otra negociación en Andalucía

No es la primera vez que el partido se vale de la legislación que criticó para aligerar su plantilla. Ya lo hizo hace unos años para despedir a 11 errejonistas, a los que purgó tras las desavenencias entre Iglesias y Errejón. En aquella ocasión, y ante la denuncia de los despedidos, llegó a un acuerdo extrajudicial para elevar a 33 días la indemnización. Se trata de un hecho habitual, ya que, en caso de que el trabajador denuncie y la empresa no logre acreditar las causas objetivas del despido, este es el número de días de indemnización que le corresponden al empleado.

El año pasado, Podemos utilizó una estrategia gradualista en su negociación con sus asalariados en Andalucía, que sufrieron un ERE tras el mal resultado de las elecciones autonómicas. En aquella ocasión, la propuesta inicial se limitó a 20 días por año trabajado, pero "se dieron muchas facilidades" para conseguir los 33, según fuentes de la formación. Entre otras ventajas, se incluyeron indemnizaciones extra para personas que llevaban poco tiempo cotizado en la empresa y pluses en función de las circunstancias personales. El ERE afectó a más de 20 personas: toda la plantilla andaluza menos tres.

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Ahora, el medio centenar de trabajadores de la sede central que se podrían ver afectados, junto a otros tantos de las nueve delegaciones que cerrarán, aguarda el movimiento de la dirección de Ione Belarra, que se juega la pureza de sus principios. Otros ya lo hicieron antes. Los sindicatos han aplicado recientemente las causas objetivas que estableció la reforma laboral de Rajoy para impulsar expedientes de regulación de empleo en varios territorios. Es el caso de Comisiones Obreras en la Comunidad Valencia o UGT en Castilla y León. Ante la duda, al final, siempre ganan los números.