Ciudadanos después del colapso: despidos, una mudanza a medias y una caja de 6 millones

"Ciudadanos no ha muerto. A Ciudadanos lo han matado". El partido naranja escribe sus últimas páginas en la política española. El pasado martes, la actual dirección del partido firmó su sentencia con la decisión de no concurrir a las próximas elecciones generales. Por primera vez desde 2015, no habrá papeleta de Ciudadanos en los colegios electorales de España, en contra del criterio de importantes espadas del partido. Inés Arrimadas secundó la decisión y, al día siguiente, bajó definitivamente la persiana al confirmar que abandonaba la política. Oficialmente, Ciudadanos ha evitado firmar su disolución y se encuentra en estado de "hibernación". Por eso, la pregunta que muchos se hacen ahora es la que sigue: "¿Y ahora, qué?".

La cúpula orgánica, liderada por Adrián Vázquez y Patricia Guasp, comunicó la decisión de no presentarse a las generales previa deliberación en el Comité Nacional del partido, en el que no tienen asiento muchos cargos y militantes de la formación. Ello ha provocado una nueva y, quizá, última rebelión interna liderada abiertamente por Edmundo Bal, que ya tuvo un tira y afloja con Inés Arrimadas en las primarias del partido; y Francisco Igea, uno de los pocos parlamentarios autonómicos que le quedan a la formación, con asiento en Castilla y León.

Los dos dirigentes, junto a decenas de simpatizantes, han iniciado un proceso de recogida de avales para convocar un consejo general que cese a la actual dirección, ratifique la liquidación de Ciudadanos y reparta el dinero que le queda en indemnizaciones por despido improcedente a las decenas de trabajadores aún en nómina, desde el departamento de comunicación al de seguridad, y que tienen ante sí un futuro incierto: los órganos de dirección siguen funcionando, pero sin representación electoral ni perspectivas para su retorno político. "No puedes tomar una decisión así y que no tenga consecuencias. Si has decidido no presentarte, cierras, liquidas, y dejas hueco para refundar desde cero. Lo que no se puede hacer es quedarte con el dinero del partido para financiar una campaña que solo responde a tus propios intereses", despacha Francisco Igea.

El diputado autonómico se refiere a la intención de la dirección de concurrir a las próximas elecciones europeas, previstas para junio de 2024. Adrián Vázquez, todavía secretario general de Ciudadanos, cuenta con un asiento en el Parlamento Europeo y prevé conservarlo en la próxima convocatoria. En los últimos comicios, el partido liberal obtuvo siete eurodiputados y 2,7 millones de votos, y la intención es mantener esa vía abierta para intentar en Europa —donde la marca cabalga a lomos de los liberales de Renew Europe— lo que no ha conseguido en España. En las elecciones del 28-M, Ciudadanos no obtuvo ni un solo representante autonómico y perdió casi todo su capital municipal, donde solo arrastró 300.000 papeletas que, con la decisión de no concurrir el 23-J, se irán en su mayoría al Partido Popular.

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El problema de Ciudadanos nunca ha sido económico. De hecho, el partido cuenta con unos seis millones de euros en caja, sin deudas con entidades financieras. Lo que no entienden los críticos es que la dirección haya decretado un período de "hibernación" sin explicar qué pasará con ese dinero. Esta circunstancia ha generado un fuerte malestar interno entre los últimos de Ciudadanos. Según adelantó El País y ha podido confirmar este medio, uno de los mensajes más críticos fue el de Carlos Cuadrado, extesorero de la formación, que estalló en un chat interno. "Ladrones, no os quedéis la pasta de los ahorros del partido", escribió. "Son unos cobardes", añade Edmundo Bal.

"En lugar de cerrar y dimitir, se apropian del dinero y dejan los cadáveres expuestos para que se los coman los buitres", añade Igea, que en los últimos días ha agitado también la idea de impulsar una plataforma política propia en la que también estaría dispuesto a embarcarse Bal. De intentarlo, asume el diputado regional, no habría modo de llegar a tiempo a las elecciones generales, aunque lo plantea como un intento de "refundación total" que obligaría a liquidar definitivamente la marca de Ciudadanos.

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A nivel interno, el ambiente es devastador. Salvo los miembros de la diputación permanente, los diputados que le quedaban a Ciudadanos han pedido en su mayoría la baja del partido y se disponen a solicitar la indemnización por cese tras la disolución de las Cortes. Inés Arrimadas ha abandonado la política, y le siguió casi de forma inmediata Guillermo Díaz, el único apoyo que le quedaba a la jerezana en el grupo parlamentario. Pese a que la expresidenta de Ciudadanos ha negado categóricamente que haya recibido oferta alguna para embarcarse en las listas de Feijóo, en las filas de los liberales reina la teoría de la conspiración y recelan de una maniobra a futuros de Arrimadas con el Partido Popular.

La diputada por Barcelona, como Begoña Villacís y buena parte del comité permanente del partido, apoyó la decisión de precipitar el final de Ciudadanos no presentándose a las generales. El argumento que se escuchaba entre los dirigentes proclives a esta postura era el de "no poner más palos en las ruedas al PP" en su objetivo de echar a Sánchez de la Moncloa, tras haber quedado patente el 28-M que los votantes que se mantenían fieles a la marca eran insuficientes para lograr representación, pero sí impidió a Feijóo sumar escaños y consolidar mayorías.

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Otro de los grandes asuntos pendientes es el del cambio de sede. Ciudadanos abandonará en las próximas semanas el coloso de la calle Alcalá, por el que paga unos 30.000 euros mensuales de alquiler. Antes de colapsar el 28-M, la nueva dirección de Ciudadanos había asumido como una decisión lógica encontrar un nuevo inmueble más pequeño acorde a la nueva realidad del partido, que ya no es ni un reflejo de aquella formación que llegó a hacerse con 57 escaños en el Congreso y aspiró incluso a la vicepresidencia del Gobierno.