El otro coste del empleo: las empresas pagan 1.150 euros más por trabajador en cotizaciones

La crisis inflacionista ha subido drásticamente el coste de la vida para los hogares, pero también se ha encarecido para las empresas. En un primer momento, fueron los suministros (por la crisis del comercio internacional) y después, de la energía (por la guerra de Ucrania). Finalmente, han sido los salarios los que se han incorporado a este ciclo de encarecimiento de los costes de producción ya bien entrado 2022. Si bien es cierto que, en términos agregados, las empresas han podido defender sus márgenes de beneficio trasladando estos gastos extraordinarios a sus clientes, a nivel sectorial e incluso de tipo de empresa, la evolución ha sido muy heterogénea. Muchas empresas no han podido repercutir estos costes y ahora los tienen que soportar en sus balances.

En 2023 la principal preocupación es el incremento de los costes laborales. Hay dos motivos, el primero, la lógica subida de salarios que viene con retraso respecto a la inflación general del país. Y la segunda, la subida de las cotizaciones sociales, tanto las que ha ido aprobando el Gobierno en los últimos años, como la que se deriva de la propia del alza de los salarios. Para las empresas que pueden trasladar a sus clientes los costes de producción, este alza de las cotizaciones significa mayor inflación, pero para las que no han podido hacerlo, significa una situación financiera delicada.

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Las empresas españolas están pagando por cada trabajador 1.150 euros más al año en términos de cotizaciones sociales que antes de la pandemia. Esto supone un incremento del 15,5%, una cuantía que especialmente delicada para las pymes, quienes llegan con mayor dificultad a final de mes y que no tienen capacidad para forzar cambios en los precios en el mercado.

De hecho, el incremento del coste de las cotizaciones sociales ha sido superior en las pymes (el 16%) que en las grandes empresas (el 14%). El motivo es que las pymes pagan salarios más bajos que están por debajo del tope máximo de cotización a la Seguridad Social. Esto es, tienen que pagar a la Seguridad Social por el salario íntegro. Por el contrario, las empresas de mayor tamaño tienen un salario medio más alto y una parte de las retribuciones queda por encima del máximo, de modo que pueden subir el salario a sus trabajadores sin aumentar su contribución a la Seguridad Social.

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Detrás de este incremento del coste laboral no solo está el comportamiento de los salarios, también el incremento de las bases y las cuotas que pagan las empresas. El Gobierno ha tirado de las cotizaciones sociales para compensar una parte del déficit que ha generado en la Seguridad Social al vincular la revalorización de las pensiones al IPC. Este movimiento implica asumir unos tres puntos de PIB adicional de déficit en el medio plazo, de modo que ha tenido que introducir algunas medidas compensatorias. Una de ellas ha sido subir en 0,5 puntos porcentuales la cotización que corre a cargo de las empresas y 0,1 puntos la de los trabajadores.

La otra ha sido una subida progresiva de las bases máximas de cotización año a año, esto es, el tope a partir del cual los salarios ya no contribuyen. Este límite se ha incrementado un 10,5% desde el año 2019, lo que supone un importante aumento del coste laboral, sobre todo para las empresas grandes de sectores con elevada productividad.

En total, las empresas están pagando este año 710 euros de cotización por trabajador y mes (sin contar la parte de cotización que pagan directamente los trabajadores). Lo que supondrá unos 8.500 euros a lo largo del año por cada trabajador. Las grandes pagan casi 9.900 euros al año, mientras que las pymes pagan menos de 7.300 euros. La subida de las cotizaciones acumulada durante la legislatura supone algo más del 27% del incremento de los costes laborales que soportan las empresas. Solo el tiempo dirá si este gasto adicional genera un efecto negativo sobre el ritmo de creación de empleo.