Calviño margina a Industria del seguimiento de la rebaja del IVA de los alimentos

El Gobierno reacciona ante la desconfianza sobre la rebaja del IVA a los alimentos. Después de la tibieza inicial, que ha sembrado la duda sobre la posibilidad de que las distribuidoras aprovechen el descuento para aumentar sus márgenes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha tomado la iniciativa dentro del Ejecutivo y coordinará el seguimiento de la medida. Calviño ha convocado al Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una primera reunión en la tarde de este lunes. Destaca una notable ausencia: la de la Secretaría de Estado de Comercio, que en un principio iba a estar al tanto de la cuestión. La número dos del presidente Pedro Sánchez sigue ampliando su ámbito de actuación tras haber acaparado competencias del Ministerio de Industria.

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El anuncio del encuentro tuvo lugar a primera hora de la tarde de este lunes, durante una rueda de prensa con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos. Preguntada por una periodista, la vicepresidenta aseguró que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, el Ministerio de Agricultura y la CNMC participarían en un encuentro para "afinar y reforzar todos los instrumentos que tenemos para garantizar la transmisión" de la rebaja fiscal al precio final de los alimentos, tal y como establece el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, fuentes del Ejecutivo reconocieron en su momento a El Confidencial que no tienen forma de obligar a las distribuidoras a hacerlo, por lo que cualquier acción punitiva acabará recayendo en las autoridades de la Competencia, que estos días han estado estudiando el real decreto.

La coordinación de los ministerios, que manejan diversas bases de datos, y la CNMC se antoja fundamental, y ese es el marco en que se ha producido el encuentro de este lunes. Sin embargo, llama la atención que la Secretaría de Estado de Comercio, que pertenece a Industria, haya quedado excluida, pese a que entre sus competencias se encuentran, entre otros, el "análisis, seguimiento y valoración de la normativa estatal, autonómica y local con incidencia sobre el comercio interior y la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de distribución comercial", según reza el BOE que figura en la página web del departamento dirigido por Reyes Maroto.

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El anuncio de Calviño ha cogido por sorpresa a Industria. Las mismas fuentes del ministerio que tras la aprobación del escudo anticrisis aseguraban que la Secretaría de Estado de Comercio tendría un papel en el seguimiento de la medida asumen ahora que se mantendrá al margen. A solo unos meses de dejar el Gobierno y dar la batalla con el PSOE por la alcaldía de Madrid, Maroto ha pasado de hablar de un observatorio de precios —posteriormente, Industria aclaró que no se refería a la creación de un nuevo organismo— a quedar excluida de la mesa tripartita.

Desde Asuntos Económicos, explican que la convocatoria de la reunión responde al papel de "coordinación" que juega la vicepresidenta primera sobre el conjunto del área económica del Gobierno, y matizan que en futuros encuentros se valorará la inclusión de "otros agentes". La de este lunes, añaden, es solo una primera toma de contacto. Sin embargo, Calviño ya ha marcado terreno. La número dos de Sánchez lidera la respuesta del Ejecutivo, incluso por delante del Ministerio de Agricultura, que también jugará un papel a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El secretario de Estado de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha representado al departamento de Luis Planas en el encuentro de este lunes.

No es la primera vez que Calviño expande el ámbito de actuación de su ministerio, aunque esto suponga dejar en un segundo plano a otras carteras. El caso de Industria, a la que ha relegado en la ejecución de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), es el más llamativo. La iniciativa política de la vicepresidenta resulta cada vez más palpable, y se deja sentir en asuntos especialmente sensibles para el Ejecutivo. El correcto funcionamiento de la eliminación del IVA hiperreducido del pan, la leche o los huevos y de la rebaja del 10% al 5% para el aceite y la pasta es, sin duda, uno de ellos. Sobre todo cuando muchos cuestionan su efectividad, incluso dentro del propio Gobierno, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza.

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El encarecimiento de los alimentos, que supera el 15% en el último año, constituye una de las principales preocupaciones de los españoles. Y el Ejecutivo ha centrado en él el tercer paquete para paliar las consecuencias económicas de la guerra. Pero la mayoría de los ciudadanos no nota la rebaja fiscal en la cesta de la compra —el ahorro es anecdótico: 3,85 euros para una cesta de 100 que solo contenga los productos bonificados, según el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha)— y las asociaciones de consumidores han proyectado la sombra de la sospecha sobre las distribuidoras. El pasado jueves, Facua denunció a siete grandes compañías por no trasladar el descuento al precio final en 52 de los 676 productos analizados.

Pese a todo, el Ejecutivo se afana en transmitir un mensaje de tranquilidad. El ministro de Agricultura ha asegurado este lunes que la medida se está aplicando bien, y ha atribuido las excepciones a "errores" o "retrasos" de los supermercados y pequeños puntos de venta. Según Planas, la inflación debería moderarse en enero gracias a la rebaja fiscal. Para constatarlo, su departamento convocará al Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que están presentes empresas y consumidores, cuando se conozcan los primeros datos oficiales del índice de precios de consumo (IPC) en los artículos afectados. Para eso habrá que esperar hasta mediados de febrero. Mientras tanto, Economía, Agricultura y la CNMC afinan una respuesta de la que Industria ha quedado excluida. Al frente, Nadia Calviño.