Díaz se resigna a bajar el IVA de los alimentos, pero marca distancias: "No va a ayudar"

La rebaja del IVA de los productos básicos no ha gustado a Unidas Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que este movimiento "no va a ayudar" a amortiguar el impacto de la subida del precio de los comestibles sobre las familias, y enmarcó su aprobación en una contrapartida por la extensión de las medidas sobre los alquileres, que defendía el ala morada del Gobierno. "Es una negociación", ha recordado Díaz, preguntada sobre la incongruencia de una rebaja fiscal que ella misma criticó cuando la propuso el Partido Popular a la vuelta del verano.

La ministra defendió entonces la fijación de un tope al precio de una cesta de productos básicos, y auguró que la bonificación del IVA solo beneficiaría a las grandes distribuidoras.

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Tres meses después, el Gobierno ha aprobado una medida que los expertos califican de regresiva, ya que se aplicará de la misma manera a todos los ciudadanos, independientemente de su renta. Y Díaz mantiene su discurso. "Es el mismo de hace dos días", ha dicho, en referencia a la posición de su espacio político, que la ministra se ha esforzado en defender en su negociación con el ala socialista del Gobierno. Finalmente, el escudo social para paliar los efectos de la guerra en Ucrania se desbloqueó en una reunión con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la mañana de este martes, donde la ministra tuvo que transigir con la medida a cambio, ha dicho, de garantizar la prórroga durante seis meses para los inquilinos cuyo contrato de alquiler finalice a lo largo de 2023.

Díaz ha aclarado que el diseño final no es el mismo que proponía el Partido Popular, pese a que fuentes de Unidas Podemos reconocen que la rebaja fiscal sitúa al Gobierno en el marco que defiende la oposición. Según la ministra de Trabajo, hay dos diferencias. Por un lado, la bonificación solo se aplica sobre determinados productos básicos que ya tenían un IVA superreducido del 4%, como el pan, la leche o los huevos, que a partir de ahora no pagarán ese tributo, así como sobre el aceite y la pasta, que pasarán de gravarse con un 10% a hacerlo con un 5%. La carne o el pescado, por ejemplo, quedan fuera, por no considerarse comestibles de primera necesidad. Por otro lado, la ministra ha asegurado que existirá un férreo control para que las empresas distribuidoras no capturen el descuento.

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Efectivamente, el real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) estipula que la rebaja impositiva "beneficiará exclusivamente al consumidor", sin que las compañías se puedan quedar "total o parcialmente" con el descuento para incrementar sus márgenes. "La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia [CNMC] en el ámbito de sus competencias", concluye el documento. Y ese es el argumento que ha usado Díaz para defender que la medida se aplicará de forma correcta.

Sin embargo, la ministra no se ha retractado de sus declaraciones del pasado verano, que en las últimas horas han alimentado el debate en Twitter. Entonces afirmó que los alivios fiscales solo servirían para incrementar los beneficios de las distribuidoras: "Bajar el IVA en un país donde gran parte de los alimentos básicos ya tiene el IVA hiperreducido solo beneficia a una parte, las grandes distribuidoras, que no harán más que ensanchar sus márgenes empresariales".

De hecho, todavía no se ha concretado el mecanismo que utilizará el Gobierno para hacer cumplir el decreto, toda vez que la redacción del BOE otorga a la CNMC un papel subalterno en su control. Pese a las fundadas sospechas de que las gasolineras se han quedado con una parte de la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, Competencia no ha sido capaz hasta ahora de probar que haya sido así. Y eso que se trata de un sector más regulado que el de la distribución.

La aprobación de la rebaja del IVA ha desdibujado el discurso de Díaz, que durante las últimas semanas había dado la batalla en el seno del Gobierno y ante la opinión pública para que los casi 10.000 millones que ahorrarán las arcas públicas por la eliminación de la bonificación a la gasolina se dedicasen a políticas para los más vulnerables. Finalmente, el grueso de ese montante se lo llevarán las ayudas para los sectores más afectados y las rebajas fiscales, mientras que solo 840 millones se destinarán a un cheque de 200 euros para 4,2 millones de hogares que vivan con unos ingresos inferiores a 27.000 euros brutos al año.

"La medida del Gobierno no es la que quieren el PP ni las grandes distribuidoras, que era una rebaja generalizada de los alimentos. No es la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, sino una aquilatada y muy pequeña", ha concluido la vicepresidenta segunda. A juzgar por el apoyo que han anunciado este miércoles los populares, cualquiera diría que la rebaja fiscal de Sánchez genera más entusiasmo en la oposición que en el socio minoritario del Ejecutivo.

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De momento, Díaz se resigna, pero seguirá peleando otros asuntos políticos de aquí al final de la legislatura, además de los que afectan al Ministerio de Trabajo. La tramitación de la nueva ley de vivienda y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, serán las próximas batallas.