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El extraño caso de las visas: Blackstone gana en la Audiencia, pero pierde el concurso
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LA AN DECLARA NULA LA ANTERIOR CONCESIÓN

El extraño caso de las visas: Blackstone gana en la Audiencia, pero pierde el concurso

La adjudicación de la gestión de los visados que concede España fue ilegal. Esto es lo que ha dicho la Audiencia Nacional. Sin embargo, la sentencia es papel mojado. La empresa que ha perdido en los tribunales ha vuelto a ser elegida

Foto: Logo de Blackstone. (Reuters)
Logo de Blackstone. (Reuters)
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La historia tiene algo de surrealista y, desde luego, algo de increíble. Lo que pone de manifiesto, en todo caso, es la insuficiencia de la legislación para impartir justicia. Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación adjudicó el contrato de gestión de las solicitudes de visado de quienes pretenden entrar en España a BLS International, una empresa de origen indio que cotiza en la Bolsa de Bombay.

El pliego de condiciones tenía un presupuesto estimado de 175 millones de euros, y la resolución de Exteriores significó que su rival en la adjudicación, VF Worldwide, sociedad que posteriormente adquirió el fondo Blackstone, que era quien prestaba anteriormente el servicio, perdía el negocio de los visados.

No satisfecha con la resolución, VF Worldwide presentó una impugnación al acuerdo de la Junta de Contratación de Exteriores ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que en diciembre, menos de dos meses después de la adjudicación, la rechazó con el argumento de que la empresa adjudicataria, BLS, cumplía los criterios de solvencia técnica relacionados con la prestación de los servicios licitados en los últimos cinco años. Precisamente, el argumento que dio su rival para impugnar la concesión, ya que consideraba que la empresa no habría acreditado su solvencia económica ofreciendo una información insuficiente.

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VF Wordlwide, lejos de desistir, y agotada la vía administrativa, presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, quien finalmente le ha dado la razón en una reciente sentencia. Pero ya era demasiado tarde. El contrato, con una duración de cinco años, había vencido, por lo que pese a tener la razón jurídica —la que le ha dado la Audiencia Nacional—, no puede hacer nada.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Asunción Salvo Tambo, sostiene que es la Junta de Contratación quien debe retrotraer todas las actuaciones —la adjudicación— a 2016, lo cual es imposible en la práctica porque los visados ya están concedidos y la Administración tendría que volver a hacer una nueva adjudicación. O lo que es lo mismo, habría que iniciar el procedimiento desde el minuto uno. La sentencia, en otras palabras, es papel mojado, pese a que ordena “la retroacción de las actuaciones de la licitación al momento de la valoración de las ofertas (...) a fin de proceder a nueva adjudicación del contrato”.

Resolución impugnada

Según la Audiencia Nacional, la empresa adjudicataria incumplió los requisitos de solvencia, lo que “debió conllevar la exclusión de BLS de la licitación, a diferencia de lo considerado por el TACRC en la resolución impugnada, que por ello deberá ser anulada”. Es más, dice la sentencia, “la falta de justificación de la necesaria solvencia económica (...) conlleva un vicio de nulidad radical”. Y esto es así, continúa la sentencia, porque BLS, la beneficiada por la Junta de Contratación de Exteriores, “no dio cumplimiento” a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y se limitó a aportar dos declaraciones que no precisaban la cifra global de negocios referida a la concesión de visados (al menos cinco millones de euros de media durante los tres años anteriores a la adjudicación).

Ambas empresas han vuelto a competir en el nuevo concurso una vez vencido el anterior

Hay “poca duda”, dice la sentencia, de “que dicha documentación no cumplía con la exigida justificación de la solvencia económica del licitador cuando ha sido la propia Administración la que ha reconocido [en una documentación interna] la insuficiencia de la documentación presentada por BLS en el trámite de subsanación”. Expresado en una palabra, la adjudicación fue ilegal.

La Audiencia Nacional, incluso, reprocha al tribunal administrativo que hiciera una resolución “confusa”, ya que no dio respuesta a la cuestión central planteada, que no era otra que la solvencia de la empresa adjudicataria. Pues bien, pese a ello, la propia sala niega la indemnización que reclamó VF Worldwide en su recurso con el argumento de que la estimación parcial del recurso no significa que la filial de Blackstone hubiera sido la adjudicataria en caso de que se hubiera expulsado a BLS del concurso.

Foto: Logo de Blackstone. (Reuters)

La situación, sin embargo, riza el rizo si se tiene en cuenta que ambas empresas han vuelto a competir en el nuevo concurso una vez vencido el anterior, y la ganadora ha vuelto a ser, precisamente, la empresa india que ganó ilegalmente la anterior adjudicación. En este caso, por encima de la filial de Blackstone, del consorcio Capago y de TLS Group, cuya puntuación en los dos criterios fue inferior. El primer criterio evaluó la calidad del servicio de acuerdo con lo convenido por un comité de 15 expertos del Ministerio de Exteriores, mientras que el segundo evaluó la tarifa media a cobrar a los solicitantes de visado ofertada por cada una de las cuatro empresas.

Solicitud de visado

La contratación se hizo mediante un procedimiento de contratación restringidoExteriores gira una invitación expresa a un mínimo de cinco empresas— y el adjudicatario se compromete a recoger y tramitar las solicitudes de visado para visitar o residir temporalmente en España. El contrato, sin embargo, no implica ningún gasto para la Administración, habida cuenta de que el coste del servicio es asumido por el solicitante de visado, que es quien fija las tarifas de acuerdo con un límite que imponen las autoridades.

VFS Globalwide, según datos de la propia compañía, presta servicios a 65 gobiernos a través de 3.539 centros de solicitud de visados en 144 países. Desde su creación, la empresa ha procesado más de 246 millones de solicitudes y casi 110 millones de registros biométricos. Tiene casi 10.000 empleados. VFS maneja toda la información y es responsable de toda la logística del proceso de visados, pero no participa en la toma de decisiones sobre a quién se concede el visado o se le niega, sino que son los responsables consulares de cada país los que tienen la obligación de hacerlo.

La historia tiene algo de surrealista y, desde luego, algo de increíble. Lo que pone de manifiesto, en todo caso, es la insuficiencia de la legislación para impartir justicia. Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación adjudicó el contrato de gestión de las solicitudes de visado de quienes pretenden entrar en España a BLS International, una empresa de origen indio que cotiza en la Bolsa de Bombay.

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