Blackstone opta a gestionar millones de visados con información sensible

El nombre del adjudicatario final se conocerá en las próximas semanas, pero, por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha seleccionado a cuatro candidatos que optarán a gestionar los cientos de miles de visados que cada año conceden los servicios consulares españoles. Entre los candidatos se encuentra VFS Global, una empresa con sede en Dubái que es filial del fondo de inversión Blackstone. Antes de que fuera adquirida por el fondo de inversión, su matriz, VF Worldwide Holdings Ltd, tuvo su sede fiscal en las Islas Mauricio, un paraíso fiscal.

Blackstone, que maneja a nivel mundial unos activos totales equivalentes a unos 941.000 millones de dólares (una cifra similar en euros), adquirió VFS Global el año pasado, y de esta manera acelera su interés por España. No solo es el mayor casero del país, sino que, además, es ya el primer grupo hotelero. Su desembarco inmobiliario en España comenzó en los años de la anterior crisis financiera, cuando compró una cartera de miles de viviendas sociales al Ayuntamiento de Madrid que finalmente acabó en los tribunales.

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Se da la circunstancia que VFS Global ha pleiteado en numerosas ocasiones contra el propio Ministerio de Exteriores, a quien acusó de adjudicar ilegalmente a una empresa competidora —la india BLS International— el anterior contrato de concesión de visados por un valor estimado de 175 millones de euros. La demanda fue desestimada en su día por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). El posterior recurso está pendiente de sentencia. La filial de Blackstone, igualmente, presentó posteriores impugnaciones que acusaban a la Administración de 'invigilancia' en la concesión del contrato, lo que a la postre favorecía una cesión ilegal. El recurso también fue desestimado.

Hay que tener en cuenta que VFS, la filial ahora de Blackstone, era la anterior concesionaria del servicio, pero perdió la adjudicación en el concurso de 2016, que es el que ahora ha perdido vigencia.

Más de 1,18 millones de visados al año

El nuevo contrato tiene una duración de tres años prorrogables dos más, y, según las estimaciones que ha hecho la Mesa de Contratación, asegura al ganador un negocio de unos 112,35 millones de euros durante su periodo de vigencia. De lo que se trata es de gestionar una media de 1,18 millones de visados al año entre 2023 y 2027, con un mínimo de 640.000 visados en 2023 y un máximo de 1,81 millones durante el quinto año del contrato.

Se trata de un procedimiento de contratación restringido —Exteriores gira una invitación expresa a un mínimo de cinco empresas— y el adjudicatario se compromete a recoger y tramitar las solicitudes de visado para visitar o residir temporalmente en España. El contrato, sin embargo, no implica ningún gasto para la Administración, habida cuenta de que el coste del servicio es asumido por el solicitante de visado, que es quien fija las tarifas de acuerdo con un límite que imponen las autoridades.

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Ahora bien, el pliego de condiciones reconoce la posibilidad de que la empresa adjudicataria introduzca una ‘tarifa agravada’ en determinadas ocasiones y circunstancias, lo que supone unos ingresos adicionales. Esa tarifa debe ser aprobada por el órgano gestor correspondiente, pero lo cierto, como aseguran fuentes autorizadas, es que los servicios consulares de España no cuentan ni con medios ni con plantillas suficientes para analizar con cierto detalle miles y miles de expedientes, lo que hace en la práctica que no haya control por parte de la Administración. Por ejemplo, si algunos expedientes se han retrasado varios meses de manera irregular porque el demandante no cuenta con suficientes recursos para acogerse a ese servicio prémium, más caro.

En ocasiones, se ha acusado a este tipo de compañías que gestionan la concesión de visados de establecer prioridades en función de cuánto paga el solicitante. Si se abona una cantidad extra, el visado se tramita con mayor celeridad o se le da prioridad, lo que se considera una práctica abusiva.

Una investigación realizada en 2019 entre el diario británico 'The Independent' y la oenegé Finance Uncovered, que se dedica a la investigación periodística, acusó a VFS Global —entonces todavía no era propiedad de Blackstone—de presionar a los solicitantes de visado, que son principalmente de países de bajos ingresos, para que compren servicios prémium, como asientos en una sala de espera vip que a menudo no necesitan y no pueden pagar. La investigación reveló que desde su privatización el coste del servicio de visados británico había crecido en poco tiempo de 28 a 122 libras esterlinas.

Régimen de exclusividad

La concesión, en todo caso, supone que el ganador tendrá acceso a información personal de los demandantes muy sensible, ya que el pliego de condiciones incluye los identificadores biométricos y la digitalización de toda la documentación que exige la solicitud, que posteriormente se transfiere a la misión diplomática u oficina consular correspondiente. Fuentes que conocen bien el procedimiento de concesión de visados han asegurado a este periódico que lo que sorprende es que la concesión se haga en régimen de exclusividad, cuando lo razonable sería que la presentación de la documentación en las oficinas consulares se pudiera hacer en régimen de competencia.

El pliego de condiciones, incluso, habilita al adjudicatario el subcontratar con otras empresas la prestación del servicio hasta un porcentaje que no exceda del 50% del total de misiones diplomáticas u oficinas consulares para las que presta el servicio. El pliego, igualmente, exige al contratista la obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado, así como los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

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La filial de Blackstone es líder del mercado mundial en servicios de subcontratación de visados. Fue fundada por su actual CEO, Zubin Karkaria, en 2001, como un servicio complementario de la agencia de viajes de lujo Kuoni, lo que la hizo pionera en la profesionalización del mercado de visas. Ahora es la mayor proveedora de servicios tecnológicos y de subcontratación de visas para gobiernos y misiones diplomáticas en todo el mundo.

Según datos de la propia compañía, VFS Global presta servicios a 65 gobiernos a través de 3.539 centros de solicitud de visados en 144 países. Desde su creación, la empresa ha procesado más de 246 millones de solicitudes y casi 110 millones de registros biométricos. Tiene casi 10.000 empleados. VFS Global maneja toda la información y es responsable de todo la logística del proceso de visados, pero no participa en la toma de decisiones sobre a quién se concede el visado o se le niega, sino que son los responsables consulares de cada país los que tienen la obligación de hacerlo.

Los candidatos

Los datos, como señala la convocatoria, habrán de transmitirse electrónicamente de forma cifrada, y/o físicamente, de manera segura. El adjudicatario tendrá la obligación de prestar el servicio en sus instalaciones, con medios materiales y humanos de la propia empresa.

Junto a la filial de Blackstone, el resto de candidatos preseleccionados son BLS International Service Limited, que es la actual adjudicataria, una UTE (unión temporal de empresas) que reúne a Capago y Societé Generale de Surveillance y, por último, TLS Group.

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BLS, la actual adjudicataria, es una empresa de origen indio que cotiza en la Bolsa de Bombay y opera para el Ministerio de Exteriores a través de 123 centros de solicitud de visas instalados en 49 países. El concurso lo ganó en 2016, según el anuncio de adjudicación, al presentar la oferta económica más ventajosa para la Administración. Entonces, se fijó que la tarifa máxima a cobrar a los solicitantes de visado sería de 15,45 euros.

De la lista inicial, en el actual procedimiento restringido se cayó la UTE LLC Visa Management Service-Visa Handling Service porque al tener sede en Moscú no puede garantizar la reciprocidad que exigen las normas españolas. Esta empresa fue fundada en abril de 2008 en Moscú y es una comercial autorizada por los consulados generales de Italia en la capital rusa y en San Petersburgo.