Exteriores traduce documentos privados en las 'comisarías políticas' del régimen chino

El Ministerio de Asuntos Exteriores utiliza como traductores jurados de chino a personas vinculadas a las ‘comisarías secretas’ controladas por las autoridades del país comunista. Lo anterior puede comprobarse cruzando las direcciones de estos centros con la lista oficial de intérpretes emitida por el ministerio. Este documento, además, fue actualizado el 28 de octubre de 2022, más de un mes después de que fuese publicada la investigación internacional que alertó de la existencia de los centros clandestinos en varias ciudades españolas.

Los activistas sospechan que la infiltración de ‘comisarios políticos’ entre los traductores oficiales puede ser un problema extendido. En al menos un caso, concretamente en Barcelona, la dirección postal conduce al centro cuyas actividades clandestinas han sido expuestas por Safeguard Defenders. En la práctica, esto implica que un volumen considerable de información privada sensible puede acabar en manos del régimen de Xi Jinping.

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Los traductores jurados son los encargados de acreditar la correcta traducción de todos los documentos necesarios para dirimir asuntos oficiales, tales como trámites burocráticos, pleitos, operaciones comerciales, etcétera. Un alto porcentaje de su trabajo consiste en papeleo rutinario (convalidación de títulos académicos, etcétera), pero por sus manos pasan también temas muy delicados; por ejemplo, las solicitudes de asilo político.

“Se manejan datos muy sensibles, desde cuestiones económicas sobre joint ventures entre empresas españolas y chinas hasta información privada necesaria para trámites civiles, no solo de los ciudadanos que solicitan la traducción, sino también de sus familiares: direcciones, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes penales…”, dice Shiany Pérez Cheng, investigadora de origen taiwanés y analista del Institute for Statecraft, un think tank con sede en el Reino Unido dedicado a estudiar y difundir las amenazas a los sistemas democráticos occidentales.

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Desde Exteriores le restan importancia al problema, argumentando que los traductores jurados solo ofrecen servicios de intermediación y que se trata de una “actividad privada”, aunque sea bajo licencia oficial y tras pasar un examen de habilitación. “No son funcionarios públicos, ni tienen ningún vínculo orgánico, ni laboral, con la Administración. Ni tienen acceso a ninguna documentación, ni actuación ministerial, puesto que ejercen desde su propia empresa o despacho. En ningún caso tienen acceso a información sensible”.

Tanto los activistas como los traductores jurados en activo y los abogados de extranjería consultados por El Confidencial lo ven de otra manera. “Es cierto que el Ministerio de Exteriores no los acredita por su limpieza ética, moral o política, sino que es una acreditación técnica que consiguen pasando un examen. Pero por supuesto que un traductor jurado accede a información sensible, que además está protegida por la Ley de Protección de Datos”, resume Paco Solans, presidente de la Asociación de Abogados de Extranjería.

“En una solicitud de asilo, por ejemplo, toda la información es sensible", explica. "Si, por ejemplo, la Administración pide una traducción jurada en cualquier documento, esto pasa por un traductor jurado acreditado por el Ministerio de Exteriores. Claro que hay información sensible, no tiene sentido negarlo”. El Confidencial ha podido constatar, además, que ciudadanos taiwaneses utilizaron los servicios de traducción jurada de uno de los locales identificados como ‘comisarías clandestinas’.