Justicia y Policía contratan a una firma en la que dos empleados están acusados de extorsión con escuchas policiales

Este año, entre el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, han adjudicado 13 millones de euros a SeproTec, una empresa en la que dos trabajadores que formaron parte de su plantilla son investigados por chantajear con escuchas policiales. En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid tiene abierta una investigación, donde figuran como investigados dos traductores contratados por la Policía a través de la adjudicataria SeproTec, que presuntamente extorsionaron con información reservada al empresario indio, nacionalizado español, Harishchandra Tarachand Varma, que en ese momento estaba siendo investigado en el marco de la operación Prima, una macrooperación contra el fraude fiscal que tuvo lugar en 2014.

Para este juicio, están citados a declarar, como testigos, el comisario Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas y el comisario Andrés Gómez Gordo.

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Concretamente, la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia ha adjudicado 1,3 millones a la empresa SeproTec, para los servicios de interpretación y traducción de la Gerencia Territorial de Baleares y Extremadura. Asimismo, la División Económica y Técnica de la Policía Nacional ha contratado por 11,7 millones de euros, para traducir sus escuchas telefónicas, a una UTE formada por SeproTec y Ofilingua.

La adjudicataria asegura a este medio que fue la Policía la que solicitó la incorporación de ambos intérpretes y que el 22 de diciembre de 2014 dejaron de prestar servicio para SeproTec. Señalan que se enteraron en enero de 2015 de que ambos están siendo investigados, al solicitarles el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Fuenlabrada los contratos de ambos trabajadores. La empresa asegura que desde 2014 no ha vuelto a tener contacto con los procesados.

Este año, tuvo que suspenderse el juicio, en la Audiencia Provincial de Madrid, donde están acusados los dos traductores de la adjudicataria, porque uno de los procesados renunció a su abogado en el último momento. Entre que se da traslado de las actuaciones al nuevo abogado, no se espera que el juicio se reanude hasta el próximo 2021.

'Blackmailer'

La operación Prima arranca en 2012. Ahí es cuando el empresario indio comienza a recibir mensajes de extorsión, y en abril de 2014 lo denuncia ante Asuntos Internos de la Policía. Señala que es un agente el que le chantajea, pidiéndole dinero a cambio de información reservada que le afecta. En los mensajes, el extorsionador se autodenominaba 'blackmailer' (chantajista).

A los pocos meses, la Policía Judicial descubre que las filtraciones de información provenían de los traductores a los que se les asignaron las escuchas de Varma. Las conversaciones que traducían coincidían en tiempo real con los mensajes de WhatsApp que recibía el empresario indio del chantajista.

En 2014, la Fiscalía Anticorrupción se pronuncia y determina que los traductores, Ali. S e Ijaz A., reclamaron 10.000 euros al empresario indio bajo la amenaza de que si no se les pagaba iban a influir en su contra en la investigación judicial que había abierta en ese momento. El empresario terminó cediendo y pagó por esa información.

Precisamente, la Fiscalía sostiene que desde abril hasta noviembre de 2014, el empresario estuvo colaborando con los traductores, intercambiando dinero por información de la investigación judicial en que estaba implicado. Varma y otras 70 personas fueron detenidas en noviembre de ese año en el marco de la operación Prima.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, esta solicita para los dos traductores ocho años de cárcel; igualmente, para el empresario, solicita ocho años y seis meses de prisión por delito continuado de revelación de secretos y cohecho, más una multa por simulación de delito.

¿Qué pinta Villarejo?

Tras empezar a recibir los mensajes de extorsión, Varma percibe que un coche comienza a hacerle seguimientos. Por eso, el empresario de origen indio recurre al comisario para que le confirmase si la matrícula de ese vehículo era la de un coche de policía camuflado. Tal y como señala 'Vozpópuli', fue Asuntos Internos quien confirmó posteriormente que Villarejo aportó al empresario información de carácter reservado; porque le confirmó que, efectivamente, la matrícula sobre la que preguntó era la de un coche policial camuflado que le estaba haciendo seguimientos, ajenos a las actividades de los chantajistas.

A expensas de que se confirme la fecha de la reanudación del juicio, está previsto que acudan a declarar a la Audiencia, como testigos, los tres agentes que están vinculados a la denominada 'policía política' durante la etapa del ministro de InteriorJorge Fernández Díaz: el comisario Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas y el comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. Cabe recordar que los tres están imputados en el caso Kitchen, sobre cómo se utilizó el aparato del Estado para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, y también forman parte del caso Tándem, donde el principal investigado es Villarejo.

Externalización y precarización: una brecha

Este no es un hecho aislado. En 2016, los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo una operación policial que se saldó con 11 detenidos, de nacionalidades albanesa, rumana, española y marroquí, como presuntos autores de 42 robos con fuerza en domicilios. La banda criminal recibía la información directamente de una intérprete de albanés de la propia policía catalana.

Esto se debe a que, tal y como denuncian los sindicatos, las adjudicatarias no tienen filtros y tampoco una verificación en los datos de calidad, permitiendo que cualquier persona pueda ejercer de intérprete para la Policía y la Justicia. También hay que destacar que hay más posibilidades de ganar un concurso público tirando a la baja, y esto provoca que cueste encontrar profesionales cualificados que acepten las ofertas laborales.

"En el proceso de contratación, las adjudicatarias presentan a gente con titulación, pero después cuelan a gente sin formación"

Laura Izquierdo, presidenta de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, explica que la Justicia cubre con personal laboral, no funcionariado, ciertos idiomas, pero los que no llegan a cubrirse se licitan. "En los pliegos de las licitaciones, se pide a gente titulada. En el proceso de contratación, las empresas presentan a gente con estudios, pero después cuelan a gente sin formación, porque el Estado no comprueba si esta persona formaba parte de las listas que presentó la empresa al comienzo".

¿Malas lenguas en la Justicia?

Izquierdo denuncia que las empresas abaratan lo máximo posible los costes para ganar los concursos públicos, y a eso hay que añadir que los intermediarios se quedan un gran margen y, por ello, las condiciones laborales no son especialmente atractivas para los traductores cualificados.

"Al final, la gente que acepta estos trabajos no tiene formación en deontología y por eso suceden estas cosas". Recuerda, por ejemplo, que en Canarias se dio el caso de un intérprete de la Policía que avisaba a las mafias cuándo era el mejor momento para traer a refugiados.

"La solución pasa por que desde el Estado se cree un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes, una medida que lleva cinco años de retraso"

Son tres las empresas líderes en el sector de la traducción en instituciones públicas. Coincide que a las tres se las acusa en mayor o menor medida de contratar a personas que no están cualificadas y de ofrecer un servicio deficiente. Izquierdo señala que la solución pasa por que desde la Administración se cree un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes, una medida que lleva cinco años de retraso.

Desde el sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, señalan que es una contradicción que se privaticen servicios públicos que están prestando los traductores e intérpretes de la Administración de Justicia y se recurra a la subcontratación de empresas externas, cuando existen decenas de plazas vacantes que no se cubren de manera intencionada por Función Pública y el Ministerio de Justicia.

10 millones al año en traductores

Desde 2008, la Policía Nacional viene recurriendo a empresas externas para cubrir los servicios de traducción y transcripción, ante el incremento de la población extranjera en España. Hasta donde ha podido averiguar este diario, la relación de SeproTec con la Policía se remonta a antes de 2011. Precisamente, en la web de la propia empresa señalan que llevan años siendo "líderes del sector en la traducción e interpretación para servicios públicos".

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La confidencialidad es tan importante en este tipo de servicios públicos que en el contrato se le dedican varios puntos, y se señala que tanto el adjudicatario como las personas que presten los servicios bajo su cargo o dirección "deben mantener una reserva absoluta sobre el contenido de la información objeto de la escucha o transcripción". De hecho, en el pliego, se señala que, de romperse dicha confidencialidad, los intérpretes "incurrirían en un delito perseguible de oficio".

Este último contrato de la Policía Nacional durará 18 meses y no podrá ser prorrogado. Para dar un servicio satisfactorio, se especifica que la adjudicataria debe aportar mínimo 10 intérpretes que hablen árabe dialectal, seis inglés y cuatro rumano, entre otros. De hecho, las adjudicatarias SeproTec y Ofilingua aportan adicionalmente intérpretes de serbio, bammbara, bengalí, 'broken english', persa, iraní, farsi, armenio e igbo.