La maraña fiscal de las eléctricas: así pagan 8.900 M en impuestos (sin contar sociedades)

El Gobierno prepara un impuesto específico para las eléctricas, más allá del 25% que tienen que pagar sobre su beneficio, igual que cualquier empresa. Pero las compañías, que están en el foco del Ejecutivo y de la opinión pública por lucrarse con los elevados precios de la luz, ya afrontan un tratamiento fiscal diferenciado. Incluso antes de la crisis energética, las eléctricas pagaban 8.900 millones de euros anuales en tributos, a los que habría que sumar su contribución por el impuesto de sociedades.

En plena batalla por el relato entre Moncloa y las compañías, la Fundación Naturgy ha presentado un estudio de la consultora EY que cuantifica la maraña tributaria a la que se enfrenta el sector. Aunque de parte, las conclusiones del documento apuntan a la ineficiencia de un diseño impositivo excesivamente complejo y al que en 2023 se le podría añadir una nueva figura. "Nos encontramos con una amalgama de tributos que generan una gran presión fiscal y contradicciones en el propio sistema", apunta el informe, titulado 'La fiscalidad del sector de la energía eléctrica en la actualidad'.

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La mayoría de los impuestos están relacionados, de una forma u otra, con la protección del medio ambiente, en línea con la fiscalidad verde impulsada por Bruselas. Sin embargo, el rey de la recaudación sigue siendo el IVA. Solo a través del impuesto sobre el valor añadido, las arcas públicas ingresaron 5.000 millones de euros en 2020; con todos los demás, que son 43, obtuvieron 3.900 millones. Los datos para los ejercicios de 2021 y 2022 se prevén inferiores debido a las rebajas fiscales del Gobierno, aunque el Ejecutivo se lo puede permitir: la extraordinaria subida de la electricidad aumenta la base imponible y ayuda a compensar la disminución del tipo impositivo.

El Ejecutivo decidió en junio de 2021, al inicio de la crisis energética, rebajar el IVA de la luz desde el 21% hasta el 10%. La nueva reducción aprobada este sábado, que lo sitúa en el 5% de aquí a final de año, tendrá un impacto de entre 500 y 600 millones de euros para las cuentas públicas, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda.

Los tres tributos que ha rebajado el Ejecutivo supusieron el 82% de la recaudación en 2020

El Gobierno también ha extendido hasta el 31 de diciembre la suspensión del impuesto de generación eléctrica y la reducción del impuesto especial de la electricidad desde el 5,1% hasta el 0,5%, ambas vigentes desde el pasado otoño. Esto supondrá otro boquete en las vías de ingresos: el primero recaudó 1.146 millones de euros en 2020 y el segundo, 1.160 millones. En total, los tres tributos que ha rebajado el Ejecutivo supusieron el 82% de la recaudación. Los otros 41 apenas contribuyeron a las arcas públicas con 1.600 millones de euros, pero constituyen un embrollo fiscal que provoca "grandes distorsiones" y dificulta la actividad empresarial, denuncia el informe.

De hecho, no son 41, sino muchísimos más. El estudio, liderado por Juan Carpizo y Teresa Checa, los agrupa en categorías genéricas para simplificar el complejísimo entramado en el que participan todos los niveles de la Administración: el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los impuestos de carácter nacional, entre los que también se encuentran el canon hidráulico (154 millones), el impuesto sobre el combustible nuclear (286 millones) o el impuesto especial sobre los hidrocarburos (146 millones), suponen casi nueve de cada 10 euros de recaudación. El resto está en manos de las autoridades regionales o locales.

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Como ocurre en otros ámbitos de la economía, surge el problema de la unidad de mercado. "La dispersión impositiva y normativa existente sobre el sector de la energía eléctrica en España en la actualidad es enorme, con el elevado coste en el cumplimiento de obligaciones formales que ello supone", subraya el informe, muy crítico con la falta de coordinación entre administraciones. Y, en esa maraña, el objetivo medioambiental se diluye. España sigue estando muy por debajo de la media europea en fiscalidad verde, con una recaudación que en 2020 ascendió a solo 1.508 millones de euros, según los datos del propio Ministerio de Hacienda.

La solución, destacan los autores, pasa por una mayor homogeneización para frenar la "imparable creación de medidas impositivas". Y también la litigiosidad: muchos de los impuestos autonómicos y locales están recurridos por las empresas, lo que contribuye a enmarañar aún más la telaraña.

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Por tipo de actividad, la inmensa mayoría de las figuras grava la producción, que es la fase del ciclo eléctrico que más contamina. De los principales tributos, solo el IVA y el impuesto especial de la electricidad se aplican a la comercialización, mientras que el transporte y la distribución se ven afectados por las pequeñas tasas de carácter local.

Ahora, el Gobierno quiere cambiar el paso. Ya no se trataría de que las eléctricas contribuyan a las arcas del Estado para compensar sus externalidades negativas —como el impacto sobre el medioambiente—, sino de que asuman una mayor carga fiscal por los beneficios extraordinarios que les ha granjeado la crisis energética, como sucede en Italia o el Reino Unido. Falta concretar la fórmula, pero el espíritu no deja lugar a dudas. El problema es que a veces una medida bienintencionada puede producir efectos indeseados. No hay más que ver el fiasco de la ayuda de 20 céntimos para el combustible, mientras las petroleras disparaban sus márgenes.

En las próximas semanas, las eléctricas no dudarán en mostrar un dato del estudio para defenderse del nuevo 'hachazo' que prepara el Ejecutivo: la contribución fiscal de cada megavatio hora que se produjo en España en 2020 fue de 36 euros. En otras palabras: la cuarta parte de los costes del sistema eléctrico fue a parar a las arcas del Estado. El nuevo impuesto anunciado por el presidente Pedro Sánchez aumentará aún más la recaudación, pero, a la vista de los antecedentes, nadie puede asegurar que sirva para bajar el temido recibo de la luz.