Moncloa se resiste al impuesto a las eléctricas y mira a las CCAA para bonificar el transporte

Los distintos ministerios están perfilando los apartados que les corresponden de la prórroga del decreto para paliar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania. Desde el ala morada, con Yolanda Díaz a la cabeza, han puesto el foco en la creación de un impuesto a las grandes eléctricas que tase sus beneficios extraordinarios por la subida de precios. Una propuesta ajena al Ministerio de Hacienda, donde se muestran reticentes y, según indican, por el momento ni siquiera han analizado. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero reivindican que cualquier medida relacionada con la fiscalidad pertenece a su ámbito competencial y deslizan su rechazo a la medida que reclama el socio minoritario de la coalición se incluya en la prórroga del decreto.

La titular de Hacienda aclaraba en declaraciones esta mañana en Sevilla que en cualquier caso se debe encontrar "el vehículo más adecuado" para implantar esta medida. "Los decretos-leyes no pueden incluir estas nuevas figuras fiscales", concluía, al tiempo que negaba discrepancias con la vicepresidenta segunda e incluso se mostraba favorable a "una mayor contribución por parte de aquellos que están obteniendo beneficios con el incremento de los precios energéticos".

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Unidas Podemos ya propuso en la negociación sobre la reforma fiscal establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo del impuesto de sociedades de las empresas eléctricas. Se trataría de un gravamen temporal, cuya recaudación adicional se destinaría a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz. Según sus cálculos, la recaudación por esta tasa alcanzaría los 1.500 millones de euros. Una medida que rescataron en su propuesta de Pacto de Estado de la Energía, argumentando que "los costes debidos a una importante subida del gas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania no pueden volver a pagarlos los de siempre".

Otra de las medidas que generan resistencia es la creación de una bonificación al transporte público. Se encuentra también entre las propuestas trasladadas por Unidas Podemos, con el objetivo de crear un bono de 10 euros. Este fondo de ayuda a municipios y CCAA se ha valorado en 560 millones de euros.

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En el Ministerio de Hacienda responden a esta medida señalando a las administraciones autonómicas y apostando por su implicación a la hora de subvencionar el transporte público. Desde Moncloa, evitan confirmar si se incluirá finalmente esta medida en el decreto anticrisis, a la espera de que se analice, pero sí deslizan que durante la crisis del coronavirus ya se establecieron ayudas en esta dirección. En el aire está también la reforma del bono social eléctrico para extenderlo a dos millones de beneficiarios, agilizando su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones.

Consejo de Ministros del día 28

El Gobierno tiene previsto aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo 28 de junio, dos días antes de que caduque el actual, para prolongarlo durante tres meses más. Los morados reconocen las dificultades para convencer a sus socios, pero entienden que todavía tienen margen de negociación y aumentarán la presión para que finalmente se incluya en el texto. "Las eléctricas deben comprometerse con nuestro país", exigía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

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La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también desligaba este impuesto adicional del decreto anticrisis, aplazando su discusión a la negociación de los presupuestos para el próximo año. "Cada cosa a su tiempo", aseguraba este martes en una entrevista en TVE, vinculando el contenido del decreto anticrisis a medidas excepcionales y la fiscalidad al ámbito de las cuentas públicas. Al contrario que Hacienda, Ribera ha mostrado más simpatías hacia esta medida, llegando a señalar el pasado mes de marzo, en plena escalada de precios, que la Comisión Europea reconocía su "utilidad" en una comunicación. Algunos países europeos como Italia o Rumanía la han puesto en marcha. Los sindicatos también la han justificado para "distribuir los costes ante una situación de dificultad económica".

El grueso del decreto no se prevé modificar, más allá de plantearse un aumento en la bonificación de la gasolina, establecida en 20 céntimos por litro, pero se ha abierto la puerta a incluir otras medidas para paliar el efecto de la inflación. Entre ellas, el Gobierno está ya trabajando en una subida de las pensiones no contributivas en la prórroga del decreto anticrisis. Se trata de una medida que el Ministerio de Seguridad Social pactó con Bildu, aceptando una subida del 15% hasta final de año a cambio de su abstención en el plan de pensiones. La ratificación de este compromiso garantizaría el apoyo de los soberanistas vascos para la convalidación del decreto. De hecho, los votos de los 'abertzales' ya fueron imprescindibles para sacar adelante el primer decreto anticrisis.