Ofensiva de inspecciones y multas de Trabajo para convertir el empleo temporal en indefinido

El Gobierno ha focalizado en el mercado laboral uno de sus grandes campos de batalla. La reforma laboral ha sido una de las grandes apuestas de la legislatura, y desde el Ministerio de Trabajo la han acompañado de una campaña de inspecciones para evitar fraudes. Se trata de un plan de choque puesto en marcha por el ministerio para perseguir a las empresas que incumplan la nueva regulación del mercado de trabajo y mantengan la precariedad en sus centros de empleo. Fuentes empresariales apuntan a un incremento de las sanciones.

La reforma laboral se aprobó el 3 de febrero con un voto erróneo desde el PP. Desde entonces, han cambiado muchas cosas en la agenda informativa, con la salida de Pablo Casado y, posteriormente, la invasión de Ucrania con la consolidación de un aumento histórico de la inflación, que se situó en el 8,7% en mayo. Pero desde el Gobierno se sigue priorizando que se cumplan los nuevos criterios del marco laboral para que mejoren los datos de empleo, especialmente ante la campaña electoral en Andalucía y, sobre todo, para las elecciones generales que se esperan para 2023.

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Ya en 2021, según fuentes jurídicas y empresariales, hubo una campaña de inspecciones para buscar grietas en los contratos temporales de las empresas y tratar de incentivar que se pasen a indefinidos. Pero entonces los inspectores no tenían las herramientas con que cuentan ahora.

Desde la reforma laboral, es más fácil encontrar motivos para considerar que hay fraude en la concatenación de contratos temporales, y para instigar a las empresas a que aumenten la contratación indefinida. Asimismo, según las mismas fuentes, hay más presión desde Trabajo sobre los inspectores para que levanten actas que presionen para que haya mayor volumen de indefinidos en las empresas.

Nuevo marco legal

El nuevo marco legislativo entró en vigor en abril, y ya ha reducido la temporalidad. La reforma laboral ha incrementado el uso de los contratos fijos discontinuos, limita la concatenación de contratos temporales y penaliza los de menor duración. Además de estas herramientas, los inspectores podrán establecer multas que se establecen por cada contrato cuestionado (hasta 10.000 euros por contrato), en vez de una sanción por todo lo que se hace en la empresa. Dicho de otra manera, las sanciones ahora son mayores y, de hecho, se están registrando más multas y de cuantías mayores, que alcanzan varios cientos de miles de euros en muchos casos.

El ministerio que dirige Yolanda Díaz envió cartas a 83.000 empresas para advertir del riesgo de que estén incumpliendo la normativa con contratos irregulares detectados con los algoritmos con que trabaja la Inspección. El número total de trabajadores en estas empresas casi llega a los 200.000, por lo que se trata de una cifra significativa. De forma paralela, se ha puesto en marcha una campaña de inspecciones. Las empresas avisadas por carta han tenido un mes para regularizar la situación de sus plantillas: una vez superado este periodo de gracia, pueden ser sancionadas.

"La Inspección de Trabajo se está enfocando especialmente en perseguir la contratación temporal fraudulenta a través de la concatenación de contratos temporales, y controlar la debida formalización de los contratos con los fijos discontinuos y la concurrencia de las causas temporales en la contratación y subcontratación con esta fórmula; la prevención de riesgos laborales y cómo se cumple con las opciones mixtas con teletrabajo, y se comprueba que las empresas hayan negociado los planes de igualdad", señala Silvia Bauzá, socia de Allen & Overy.

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Los asesores consultados coinciden en que las inspecciones se están focalizando en sectores como la hostelería y el turismo, sospechosos habituales de encadenar contratos temporales, pero también en consultoría, ingeniería, seguridad, agricultura, telecos, seguridad y en las propias ETT por cobrar importancia con la reforma laboral con fijos discontinuos. Por lo pronto, "las empresas se están alarmando", admite Ana Gómez, socia de Ceca Magán. "Trabajo cruza datos de contratos e identifica empresas con contratos temporales a las que están mandando inspecciones para regularizar cuando detectan fraude", añade.

Ante las sanciones, que alcanzan a menudo las seis cifras, "en general, se intenta negociar con el inspector y tratar de regularizar la situación y reducir así las sanciones. Pero hay presión para cumplir con la reforma laboral", apunta Bauzá, que recuerda que muchas empresas están tardando en cumplir con el nuevo marco laboral, que supone un incremento de costes y del pasivo laboral. De hecho, uno de los objetivos fijados en este plan de choque es el reformado contrato fijo discontinuo, que es la modalidad diseñada para los empleos con componente estacional y que eran los que más abusaban de la temporalidad.

Los asesores consultados coinciden en que las inspecciones se están focalizando en sectores como la hostelería y el turismo

"Empieza a haber inspecciones para controlar los nuevos contratos temporales y los fijos discontinuos, y también los registros de las horas en los contratos parciales", confirma Ignacio del Fraile López, socio de Gómez-Acebo & Pombo. "Estamos viendo más agresividad y sanciones. Hay dos bloques, la primera problemática es que los contratos temporales se ajusten a los criterios de causa y duración de la reforma, y la segunda, que no se concatenen contratos temporales, ya sea de días, semanas o meses", agrega.

En la misma línea, Bernardo Pérez-Navas, socio de Garrigues, indica que, "tras la entrada en vigor de la reforma laboral, se ha activado un nuevo plan de choque contra el fraude en la contratación temporal con el que se insta a las empresas a convertir en fijos contratos suscritos con trabajadores temporales". El experto recuerda que ya hubo otra campaña el año pasado, antes de la reforma laboral, pero ahora se incluyen los cambios de la normativa.