Los secretarios de Estado pasan a la clandestinidad

El último barómetro del CIS —pregunta 16— ofrecía algunos datos interesantes sobre el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos de los 22 ministros del Gobierno Sánchez. Los cinco ministros más conocidos son (por este orden) Irene Montero, Alberto Garzón, Fernando Grande-Marlaska, Yolanda Díaz y Margarita Robles, todos ellos reconocidos por más del 80% de la opinión pública. Más significativo, sin embargo, es el porcentaje de población que dice desconocer a algunos ministros.

A Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, la conoce apenas el 12% de los ciudadanos, mientras que Raquel Sánchez, su colega de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, solo es identificada por el 17,7% de los ciudadanos. Por debajo del 30% se encuentran Pilar Alegría (Educación), Pilar Llop (Justicia), Isabel Rodríguez (portavoz y ministra de Política Territorial) y Joan Subirats (Universidades), lo que significa que más del 70% no sabe nada de su vida.

El ser conocido en política no es sinónimo de nada, más allá de la fama, que, como se sabe, es algo terrenal y efímero. Y, de hecho, se puede ser conocido por una estupidez que da la vuelta al mundo y, por el contrario, ignorado pese a haber hecho una gran labor.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno nombra secretario de Estado de Hacienda al director de la Agencia Tributaria

EFE

No deja de ser llamativa, sin embargo, su irrelevancia pública cuando en algunos casos se trata de ministerios políticamente muy significativos (Justicia o Política Territorial) o de gran presupuesto (Transportes), lo que parece reflejar en el fondo la existencia de un fenómeno que se viene colando en la democracia española —también en otras— desde hace años, y que tiene que ver con el auge del presidencialismo.

Es decir, la tendencia a ocupar todas las esferas de poder por parte del inquilino de la Moncloa. Un modelo, por cierto, no previsto en la Constitución (artículo 97), que hace descansar en el Gobierno de la nación, no en la figura de su presidente, “la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”. La Ley de Gobierno insiste en esta idea y en su artículo 5 habla de que el Consejo de Ministros es el “órgano colegiado del Gobierno”. Por lo tanto, no tiene un carácter unipersonal.

Meros subalternos

La tendencia a la creación de órganos alrededor de una sola persona, que es la característica de los Estados presidenciales, lejos de corregirse, va en aumento. Hasta el punto de que ahora son los propios ministros quienes imitan a sus jefes políticos y tienden a rodearse (no en todos los casos) de meros subalternos sin perfil propio, casi desconocidos en el ámbito profesional o académico y sin personalidad política, lo que en última instancia también supone un presidencialismo de nuevo cuño. En algunos casos, a costa del prestigio del cargo, que poco a poco se va degradando porque no se elige a los mejores, sino a quienes se presume leales al jefe de turno. Hoy, muchos de ellos podrían salir al rellano de su escalera y ningún vecino sabría que conviven con un viceministro.

El resultado, como no puede ser de otra manera, es que hoy los secretarios de Estado son altos cargos casi clandestinos. Una especie de asesores de lujo del ministro del ramo, pese a que la Ley de Gobierno habla de ellos como “órganos superiores de la Administración General del Estado directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno”. No simples actores secundarios en el teatro de la política.

TE PUEDE INTERESAR

Hacienda amplía el foco a pymes y empresas familiares al atacar operaciones vinculadas

Óscar Giménez

El último caso es el del nuevo secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, nombrado el pasado martes por el Consejo de Ministros para sustituir al anterior, Héctor Izquierdo, cuyo paso por Hacienda es un auténtico misterio, habida cuenta de su nulo perfil público. Desde luego, en la línea de su antecesora, Inés Bardón, un enigma fiscal (en su CV, aparece como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud y todos sus cargos en la Junta de Andalucía lo fueron por designación política de la ministra Montero).

Hubo un tiempo, sin embargo, en que ser el número dos de un ministerio, y no digamos de Hacienda o de Economía, era una cosa importante. Solchaga se rodeó de nombres como Borrell, Guillermo de la Dehesa, Antoni Zabalza o Fernández Ordóñez; mientras que en el primer equipo de Rato estaban Montoro, Folgado y, posteriormente, Luis de Guindos o Martínez Rico. Secretarios de Estado han sido también los hermanos Nadal, Manuel Conthe, Alfredo Pastor, Manuel Marín o José Manuel Campa, actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Todos ellos con un perfil propio que va mucho más allá que el cargo al que accedieron. Sin contar a políticos muy relevantes en la historia reciente de España como Alfredo Pérez Rubalcaba (Educación) o el propio Pedro Solbes, que acabó siendo vicepresidente de la Comisión Europea.

El hecho de que los viceministros sean hoy irrelevantes —hubo un tiempo en que los periódicos nacionales abrían con su nombramiento— refleja, en realidad, el alejamiento de la política de los centros de pensamiento.

Se entendía que para ser secretario de Estado de Hacienda o de Economía había que tener un CV imbatible. O, al menos, una trayectoria profesional acreditada con perfil propio, no una simple cercanía con el poder. El resultado, de nuevo, es un empobrecimiento del debate interno en los ministerios, toda vez que los altos cargos son meros subalternos y carecen de voz propia. ¿Recuerdan algún secretario de Estado que haya dimitido en los últimos años por discrepancias con su jefe? Hubo uno, sí. José Víctor Sevilla, a quien no le gustaban las amnistías fiscales, pero de eso han pasado ya casi 40 años. Era el número dos de Boyer.