Bruselas expedienta a España por la licitación pública en plena fase clave para los fondos UE

En dos meses España tendrá que justificar lo que la Comisión Europea considera una mala aplicación de las normas europeas sobre contratación pública y concesiones. El último aviso del Ejecutivo comunitario antes de dar el siguiente paso en el procedimiento de infracción llega justo cuando da luz verde al desembolso del primer tramo del fondo de recuperación para España, por valor de 10.000 millones de euros, al haber completado los primeros 52 hitos.

En 2016 cumplía el plazo para que todos los Estados miembros implementaran las tres directivas relacionadas con la contratación pública y concesiones. Pero para la Comisión “existen dudas sobre si la legislación española cumple con las directivas de la UE. La Comisión ha identificado deficiencias relacionadas, en particular, con el ámbito de aplicación de las directivas, las normas aplicables a la modificación de contratos y el cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos. Asegurar una aplicación adecuada de las normas de contratación pública garantiza la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, facilita y abarata las licitaciones de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para los contratos públicos y brinda más oportunidades comerciales a las empresas”, señala el Ejecutivo comunitario.

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No es la primera vez que Bruselas avisa al Gobierno de que debe aplicar correctamente las directivas. Envió dos cartas en 2019 y una más en junio de 2021. Ahora, la Comisión da dos meses a España para que responda con sus alegaciones. Si la respuesta no es satisfactoria, el Ejecutivo comunitario dará el siguiente paso en el procedimiento y enviará un dictamen motivado al Gobierno. En última instancia, este proceso puede terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede aplicar multas diarias en caso de incumplimiento de los tratados, aunque no suele llegarse a ese punto.

La cuestión tiene que ver directamente con el fondo de recuperación, porque una parte importante de los fondos se asignan de esta manera, a pesar de que España no está aplicando correctamente la directiva correspondiente a ojos de la Comisión Europea. De hecho, cuando el plan español es aprobado en junio de 2021, publica también un documento de trabajo de los técnicos comunitarios. Y en él se hacen distintas referencias a la necesidad de mejoras en la contratación pública.

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“Mejorar la calidad del gasto público también requeriría fortalecer el marco de contratación pública. España ya había tomado medidas para cumplir la Directiva mediante la creación de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública independiente y la Oficina Nacional de Evaluación. [...] Sin embargo, estos órganos de gobernanza aún no están completamente establecidos o completamente operativos y la adopción de la estrategia de contratación pública a nivel nacional se ha retrasado. Su eficacia dependerá fundamentalmente de los recursos asignados a su implementación y del grado de apropiación en todos los niveles de gobierno”, reza el documento.

De hecho, la mejora de la contratación pública es una constante en las recomendaciones que la Comisión Europea venía haciendo continuamente a España como parte del semestre europeo. Y por eso el Gobierno lo ha incluido en el componente número 11 de su plan nacional, el referido a las administraciones públicas. El componente “tiene como objetivo modernizar las administraciones públicas españolas, mediante la reforma de los procesos administrativos, la contratación pública, la justicia, el empleo público, incluidas las políticas de recursos humanos”, señala el anexo en el que se recogen todas las medidas propuestas por España.

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En la reforma número 4 del componente 11, el Gobierno señala que establecerá “una estructura de gobernanza para abordar la necesidad de un marco de contratación pública coherente que garantice la transparencia, los mecanismos de control efectivos, la interconexión de las bases de datos de contratación pública entre todos los niveles de gobierno y la coordinación entre los niveles de gobierno, con el fin de realizar la Oficina de Evaluación Nacional en pleno funcionamiento y adoptar la Estrategia Nacional de Contratación Pública”.

Son dos objetivos que, precisamente, el Gobierno ha programado para que formen parte del segundo paquete de hitos a cumplir para recibir el siguiente desembolso. En principio, el calendario marca que este listado de hitos, completos y verificables, se entregará a la Comisión Europea en las próximas semanas, dentro del último trimestre de 2021. Sin embargo, el calendario va con algo de retraso: solamente el 12 de noviembre España solicitó el desembolso de los primeros 10.000 millones correspondientes a los 52 primeros hitos, cuando originalmente estaba previsto que lo solicitara poco después del verano.

Sin embargo, son dos caminos separados. El análisis que la Comisión Europea hace sobre los hitos en el plan de recuperación tiene en cuenta el progreso que se hace hacia un cumplimiento final de los objetivos. Y que Bruselas considere que se está cumpliendo un hito no equivale a que se cierre un procedimiento de infracción que tenga que ver con el mismo asunto. Un ejemplo es el que tiene que ver con la reducción de la temporalidad en el empleo público: que la Comisión haya aprobado un hito referente a ello en este primer paquete de objetivos no se va a traducir en un cierre inmediato del procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario tiene abierto contra España hasta que no se compruebe que se está cumpliendo completamente con las directivas correspondientes.