El Gobierno crea un blindaje 'anti-Castor' para auditar los contratos públicos

El Ministerio de Hacienda está harto de los castores que vienen royendo a su antojo y provecho los antiguos sistemas de contratación pública y ha decidido crear bajo su control fiscalizador una nueva Oficina Nacional de Evaluación que se encargará de vigilar el adecuado desarrollo de las relaciones comerciales entre el Estado y sus sociedades concesionarias. La futura entidad tomará carta de naturaleza a través de una enmienda introducida en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público que actualmente se encuentra en su última fase de tramitación parlamentaria en el Senado.

El departamento de dirige Cristóbal Montoro considera que el Gobierno no puede seguir haciendo el canelo ante la proliferación de casos como los protagonizados recientemente por la empresa ACS. El grupo que preside Florentino Pérez figura en casi todas las salsas como beneficiario de proyectos concesionales que después de un calamitoso fracaso han tenido que ser purgados a costa del erario público con la consiguiente indemnización. Todo ello como consecuencia de un sistema de contratación que obliga al Estado a hacerse cargo de los desperfectos aún en el supuesto de que la responsabilidad del fallo proceda de la incapacidad manifiesta del contratista.

Los ‘agujeros’ derivados de las célebres radiales o autopistas de peaje, junto al más estrepitoso del almacén de gas submarino Castor y el que se va a generar con la suspensión de pagos del túnel del AVE bajo los Pirineos constituyen un quebranto para las arcas públicas que oscila entre un mínimo de 5.000 y un máximo de 10.000 millones de euros. Una cifra realmente escandalosa, dado sobre todo las penurias de Hacienda y los enormes esfuerzos que los contribuyentes han tenido que asumir a lo largo de estos últimos años para cuadrar en la medida de lo posible las cuentas del Estado.

La razón de este singular marco de relaciones comerciales entre el sector privado y el sector público reside en la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado (RPA), una figura del viejo modelo de contratación pública que también ha sido modificada con otra enmienda destinada a repartir de manera mucho más equitativa las cargas. En un próximo futuro el Estado sólo asumirá los costes que se deriven de sus propias decisiones, de manera que las empresas concesionarias tendrán que pagar los platos rotos cuando un proyecto fracase por motivos ajenos a la Administración Pública.

La nueva entidad dependerá de Hacienda y efectuará informes para determinar la sostenibilidad financiera de los contratos con carácter previo a la licitación

Dentro de este mismo esquema de actuación, la Oficina Nacional de Evaluación se convierte en un elemento esencial del sistema como departamento encargado de analizar la sostenibilidad financiera de los contratos, tanto en las concesiones de obras como en las de servicios públicos. La nueva entidad evacuará un informe previo a la licitación en todos aquellas operaciones que incorporen aportaciones públicas para la construcción o la explotación de la concesión, así como también en aquellas concesiones de obra pública y contratos de gestión de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente.

Los informes abordarán una serie de parámetros para comprobar si la rentabilidad del proyecto, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento son razonables en atención al riesgo de demanda que asume el concesionario. Dichos estudios serán realizados a solicitud del organismo contratante en un plazo de treinta días desde su petición, si bien este periodo podrá reducirse cuando se justifiquen razones de urgencia. Los informes serán publicados a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda.

Las comunidades autónomas podrán adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación o, en su defecto, deberán disponer de entidades equivalentes, pero tendrán que efectuar también informes preceptivos en sus contratos de concesión. De forma reglamentaria se fijarán las directrices apropiadas para asegurar que los informes en cuestión se realizan con criterios suficientemente homogéneos en toda España.

La composición, organización y funcionamiento de la futura Oficina Nacional de Evaluación se determinará mediante una orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a cuyo departamento quedará adscrita la nueva entidad. En la misma participarán representantes de distintos ministerios así como la Oficina Económica de Presidencia, que dirige Álvaro Nadal.