El Gobierno acuerda con sindicatos y patronal la reforma de las pensiones

El Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos y las patronales para la primera parte de la reforma de pensiones que vinculará las prestaciones a la evolución del IPC. La mesa de diálogo social de pensiones celebrada esta mañana del lunes ha alcanzado este principio de acuerdo que posteriormente tendrá que someter la patronal CEOE a la consideración de su órgano de dirección, explican fuentes del diálogo social. Las negociaciones ya estaban muy avanzadas la semana pasada, a la espera de los últimos flecos que se han cerrado en la reunión de este lunes.

Con este acuerdo, el Gobierno cierra una de sus grandes promesas: recuperar la indexación de las pensiones al IPC. El pacto incluye, además, reformas paramétricas para penalizar las jubilaciones anticipadas, especialmente de las rentas altas, y para incentivar el retraso voluntario de la vida laboral. El déficit resultante de la indexación de las pensiones al IPC se trasladará al Estado, de modo que se tendrá que cubrir con impuestos los llamados "gastos impropios de la Seguridad Social". Esta transferencia tendrá un coste actual de 21.000 millones de euros, de modo que cubrirá todo el déficit actual del sistema. Sin embargo, en los próximos años este agujero volverá a incrementarse a medida que se empiece a jubilar la generación del 'baby boom' a partir del próximo lustro.

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El Gobierno y los agentes sociales también han acordado la derogación del factor de sostenibilidad, que se incorporó en la reforma de las pensiones del año 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta herramienta estaba diseñada para ajustar a la baja la pensión inicial de los nuevos jubilados cuando entrase en vigor para acomodarla al aumento de la esperanza de vida. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quería retrasar esta derogación a la segunda parte de la reforma, pero los sindicatos se opusieron frontalmente. El ministerio cedió finalmente y las tres partes han acordado que este factor de sostenibilidad quede eliminado con esta norma y en una reforma posterior se incorporará otro parámetro que será de "equidad intergeneracional", para evitar que los jóvenes corran con todos los gastos de financiar las pensiones de los mayores.

"Lo que se ha alcanzado hoy es un acuerdo muy relevante en materia de Seguridad Social", ha señalado Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, a la salida de la reunión, "es un mensaje de apuesta por la solidaridad intergeneracional". "Probablemente este acuerdo sea uno de los más importantes por su relevancia de la última década en materia de diálogo social", ha explicado Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT. Para los sindicatos se trata de un gran éxito, ya que el acuerdo no solo permite subir las pensiones con el IPC, sino que también ha conseguido garantizar que, en los años en los que caigan los precios, las pensiones queden congeladas y, por tanto, ganen poder adquisitivo.

El Gobierno prevé aprobar esta reforma de las pensiones la próxima semana en el Consejo de Ministros, una vez que la CEOE dé su aprobación definitiva al texto. Eso sí, esta reforma de las pensiones será solo la primera parte. A partir de ahora, el Gobierno tiene que entrar a negociar con los agentes sociales materias mucho más sensibles, como es el mecanismo de "equidad intergeneracional", que tendrá que hacer que los trabajadores de la generación del 'baby boom' soporten, de alguna manera, el sobrecoste que supone la jubilación de su generación. Además, también queda pendiente para esa segunda fase la reforma del Régimen de los Autónomos (RETA) que también es muy polémico por la importante subida de cotizaciones que se aplicará a los trabajadores que más ganen.

Principales puntos del acuerdo

El acuerdo en el diálogo social incluye la derogación total de la reforma del Partido Popular del año 2013. En primer lugar, se suprimirá el índice de revalorización (que implicaba una subida anual de las prestaciones del 0,25% mientras se mantuviese el déficit), que quedará sustituido por una revalorización indexada al IPC en todos los casos salvo cuando bajen los precios, que las pensiones quedarán congeladas. El IPC que se utilizará será la media de la inflación media anual hasta noviembre del año anterior. También se deroga el factor de sostenibilidad que vinculaba el cálculo de la pensión a la esperanza de vida de cada generación.

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La indexación de las pensiones al IPC acelerará todavía más la tendencia ascendente de gasto del sistema que ya crecerá inercialmente por la jubilación de la generación del 'baby boom'. La Seguridad Social ya llega en una situación presupuestaria delicada a este momento, por lo que el Gobierno y los agentes sociales han decidido eliminar el déficit actual del sistema y 'empezar de cero' de cara a la situación tan exigente que se avecina. En concreto, lo que han acordado es que el Estado se hará cargo de los denominados "gastos impropios" del sistema, que son todos aquellos que no son el pago de prestaciones: desde los funcionarios del INSS hasta las políticas activas de empleo. En total, el Estado asumirá 21.000 millones de euros de déficit que obligarán a un importante ajuste en la Administración central, que el Gobierno pretende ejecutarlo por la vía de las subidas de impuestos.

Para evitar un crecimiento incontrolado del gasto en pensiones, el diálogo social también ha acordado algunos cambios paramétricos para desincentivar las jubilaciones anticipadas y fomentar el alargamiento de la vida laboral. Para ello, en la jubilación anticipada voluntaria se incrementará el coeficiente de reducción efectivo, que afectará a rentas medias y altas. De esta forma, la penalización será mayor para quienes abandonen de forma temprana el mercado laboral. En el caso de la jubilación demorada, se elevan los incentivos para que los trabajadores extiendan voluntariamente su vida laboral.

El Gobierno también se ha comprometido con los agentes sociales a realizar, en los próximos meses, reformas de menor calado que tendrán una gran incidencia para los beneficiarios. En primer lugar, se equiparará la prestación de viudedad de las parejas de hecho a las de los matrimonios. En segundo, el establecimiento de cotización para todas las becas, de modo que los jóvenes empiecen a contribuir desde el momento en el que entran al mercado laboral y así vayan construyendo su carrera de cotización. También se renueva la cláusula de salvaguarda para los trabajadores afectados por la crisis financiera de 2008, que puedan jubilarse aplicando las condiciones previas a la reforma de 2011.