El Gobierno acepta que las pensiones ganen poder adquisitivo cuando la inflación sea negativa

Los pensionistas tendrán ganancias de poder adquisitivo cuando la inflación sea negativa y se consolidarán en su prestación sin compensaciones posteriores. Esta es la primera gran cesión del Ministerio de la Seguridad Social a los sindicatos para avanzar en la negociación de la fórmula para revalorizar las pensiones. Y es relevante porque en los últimos años la inflación se ha estancado muy cerca del 0% con varios años en los que el IPC cerró en negativo por varios factores estructurales (globalización, robotización, digitalización, etc.). Inicialmente el ministerio propuso a los agentes sociales que en ningún caso las pensiones ganarían poder adquisitivo 'por la puerta de atrás' con la nueva fórmula de revalorización.

La propuesta inicial del ministerio era que los años con inflación negativa no se recortarían las pensiones, de modo que ganarían temporalmente poder adquisitivo. Sin embargo, esta subida en términos reales no se consolidaría, sino que se compensaría en los años siguientes con subidas inferiores al IPC hasta neutralizar el incremento del poder de compra. Los sindicatos se opusieron frontalmente a esta fórmula y exigieron que en ningún caso se compensaran las ganancias de los años de inflación negativa. Finalmente el ministerio ha aceptado la exigencia de los sindicatos, de modo que se consolidarán las ganancias de poder adquisitivo cuando los precios sean negativos.

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Así lo señala Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO a la salida de la reunión celebrada este lunes con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo: "El Gobierno ha atendido una de las demandas sindicales en la mesa de diálogo social sobre pensiones, [...] finalmente ha renunciado a ese planteamiento y no se produciría esa compensación en los años sucesivos".

Este avance permite al Gobierno dejar cerrado el acuerdo para la revalorización de las penesiones para garantizar el poder adquisitivo. El resultado es que las pensiones subirán siempre igual que el IPC del año anterior salvo en los años en los que caigan los precios, en los que las prestaciones se verán congeladas. Eso significa que la futura reforma no se limita a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, sino que también lo incrementará cuando el IPC sea negativo. Este cambio es especialmente relevante para los años de crisis, ya que es cuando se suelen producir las caídas de precios. Eso significa que los pensionistas saldrán de las crisis con prestaciones mejoradas.

Si se tiene en cuenta la serie de inflación de los últimos siete años (2014-2020) el IPC fue negativo en cuatro de ellos. Eso significa que con la futura fórmula para la revalorización, las pensiones habrían ganado poder adquisitivo más de la mitad de esos años.

Este paso adelante del ministerio es clave para acercar el acuerdo, pero todavía quedan materias importantes pendientes de negociación. Ahora, los obstáculos más importantes se centran en dos cuestiones. La primera es la penalización para las jubilaciones anticipadas, que el Gobierno quiere endurecer para las rentas altas de modo que se elimine la regresividad actual. El segundo es el factor de sostenibilidad, ya que aunque se derogará definitivamente el del Partido Popular, el Gobierno quiere introducir un factor intergeneracional para evitar que todo el coste de las pensiones recaiga sobre los jóvenes (por la vía de mayores impuestos y cotizaciones).

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A pesar de la relevancia de estos aspectos, el ministerio ha vuelto a mostrar su voluntad de acuerdo cediendo en alguna de sus líneas maestras. En este caso, acepta que se produzcan ganancias de poder adquisitivo 'por la puerta de atrás'. Pero no es la única: el ministerio ha eliminado la propuesta de aumentar el periodo cotizado que se utilice para el cálculo de la pensión inicial, que quería elevar hasta 35 años. En este punto el ministerio se encontró con una dura crítica de los sindicatos y también de su socio de Gobierno y finalmente la propuesta ha sido descartada.

Para el ministro del ramo, José Luis Escrivá, el acuerdo en el diálogo social es clave para conseguir que la reforma sobreviva al actual Gobierno y sea estable en el tiempo. El ejemplo de lo que ocurre cuando no hay consenso es de la reforma de las pensiones del Partido Popular, que la aprobó con su mayoría absoluta en 2013 y tuvo que dejar de aplicarla en 2018 ante la presión social y política.

El problema es que esta cesión del Gobierno para asumir las exigencias de los sindicatos implica un incremento estructural del gasto en pensiones, lo que complica más la sostenibilidad de las cuentas públicas de España. Y este punto es clave porque es una de las demandas más importantes de la Comisión Europea para aceptar el reparto de los fondos europeos.