Un estudio publicado por Hacienda admite la inutilidad de revelar la lista de morosos

¿Sirve de algo publicar cada año la lista de morosos? La respuesta la acaba de ofrecer un estudio divulgado en 'Crónica Tributaria', una revista editada por Hacienda, y su conclusión es que sirve de poco o muy poco. Ni siquiera por el “reproche social” que incorpora su publicación o, incluso, por la “vergüenza” que supone aparecer en un listado público de deudores con el fisco. La mera divulgación del listado en su formato actual, sostiene el artículo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, “no disuade a los potenciales deudores relevantes”.

Es más, sostiene el estudio, “la probabilidad de pago decrece considerablemente cuando se divulga quiénes tienen cuantías muy elevadas de deuda”. Por el contrario, son quienes tienen una deuda más pequeña los que aceleran los pagos a Hacienda. En concreto, el estudio acredita que la divulgación del listado, un quinquenio después de su aplicación, solo ha servido para que el porcentaje de los deudores relevantes se haya reducido en un 42%.

¿A qué puede deberse que el 58% restante permanezca en la lista? Se apunta una primera hipótesis: “La vergüenza asociada [a su publicación] ha sido insuficiente para que los defraudadores liquiden su deuda”.

El autor del documento es el profesor Bernardo D. Olivares, de la Universidad Complutense, y lo que hace es estudiar lo que ha sucedido entre 2015 y 2019 a raíz de que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidiera publicar con carácter anual la lista de los morosos. Otros países (Irlanda, Suecia, Reino Unido o Grecia) aprobaron antes que España revelar la lista de morosos. En el caso español, la cantidad conjunta ‘publicada’ ha oscilado entre 14.100 millones (año 2017) y 15.700 millones (2016). Esta medida, como recuerda el autor, fue acompañada de la aplicación de un instrumento de carácter “represivo, preventivo y educativo” que emplea el reproche público, a través de la divulgación del montante total de deudas y sanciones de las personas físicas y jurídicas por importe superior a un millón de euros.

Morosos que salen y entran

La primera conclusión que saca el estudio es meramente cuantitativa. El listado de deudores ha incluido un total de 518 personas físicas distintas, de las que nueve (1,74%) reincidieron. En tres de las cinco ediciones del listado publicadas hasta ahora, salen más deudores de los que entran, pero la diferencia entre el número de los que salen y el de los que entran solo supera el 5% en 2019, a favor de los primeros. En conjunto, la diferencia es a favor de los que salen, pero esta es solo del 6,75%. Es decir, que la lista de morosos, pese al reproche social que produce salir con nombres y apellidos en los medios de comunicación, apenas favorece el pago de impuestos.

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¿Y quiénes salen? El profesor Olivares lo aclara. Salen quienes tienen las deudas más pequeñas, inferiores a 1,5 millones de euros, mientras que, por el contrario, se produce un “decremento inversamente proporcional a la magnitud del rango de recursos públicos debidos”. O expresado de forma más directa, el reproche social les importa menos a quienes deben más.

El autor del artículo encuentra una segunda hipótesis para explicar la escasa utilidad de divulgar la lista de deudores. La intensidad del miedo es insuficiente para cambiar el comportamiento de los deudores que siguen siéndolo. Esto ocurre, al menos, sostiene el estudio, entre quienes se hallen en la búsqueda de soluciones temporales para sus tensiones financieras. En este caso, la divulgación de su información tributaria “puede tener un impacto irrelevante entre ellos y la sociedad. Por ello, el miedo a figurar en el listado no les afectaría en la medida que cabría esperar”, concluye.

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Mal visto socialmente

La tercera explicación, considera el profesor Olivares, es la potencial laxitud de “la moral tributaria”, entendida como la “motivación intrínseca para pagar tributos”. Es decir, el escaso compromiso de algunos ciudadanos con los servicios públicos hace que no les afecte no pagar los impuestos que les corresponden, aunque sean mal vistos socialmente.

La cuarta explicación se vincula a razones estrictamente económicas derivadas de la última crisis económica, cuya intensidad ha hecho que hasta 2019, incluso, muchos contribuyentes que aparecen en la lista no hayan podido contar con recursos suficientes para cubrir la deuda. De hecho, recuerda el estudio, el número de contribuyentes que no son capaces de reducir su deuda con Hacienda pasa de 50 (14%) en 2016 a 144 (42%) en 2019. Es decir, aumenta significativamente el número de deudores que incrementan la deuda, produciéndose una polarización con los que la reducen. La conclusión que se obtiene no deja lugar a dudas: “Muy probablemente, una buena parte de quienes no pagan es porque realmente no pueden”. Basta una cifra para acreditarlo, el 32% de los deudores físicos (no personas jurídicas) permanece en el listado cinco años después.

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El autor del informe recuerda algunos estudios que ponen de manifiesto que, con carácter general y muy especialmente en el caso de los grandes deudores, el listado de incumplidores relevantes “podría ser contraproducente en su formato actual, al menos desde la perspectiva de garantizar el pago de la deuda por parte de determinados ciudadanos que materialmente no pueden abonar las cantidades que se les exigen”. Eso permitiría reducir o eliminar el “sufrimiento innecesario” que pudiera estar produciéndose por la frustración de las expectativas de resultado del deudor atrapado en esta situación.

Y lo que no es menos relevante, afirma, con el formato actual se lanza un “mensaje desalentador”, toda vez que se produce cuando el conjunto de la ciudadanía observa que los deudores relevantes siguen apareciendo año tras año en las ediciones del listado, como sucede con el 32% de quienes están presentes desde la publicación de la primera edición.