La UE acuerda obligar a las multinacionales a publicar los impuestos que pagan en cada país

Las multinacionales tendrán que declarar a partir de ahora sus beneficios y cuántos impuestos pagan en cada Estado miembro, después de que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan alcanzado un acuerdo este martes por la noche. Hace años que estas negociaciones se habían estancado, pero este pacto obligará a las empresas con facturaciones globales superiores a los 750 millones de euros durante dos años consecutivos a publicar cuántos impuestos pagan en cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como en aquellos países considerados como paraísos fiscales por parte de la UE.

El acuerdo no ha sido sencillo, y el Parlamento Europeo querría que hubiera sido más ambicioso. Las organizaciones no gubernamentales que han seguido las negociaciones han lamentado que el resultado “no cumpla las expectativas”, como ha señalado Oxfam. Pero los eurodiputados que han negociado con la presidencia portuguesa defienden el resultado. Entre ellos hay dos españoles: el socialista Ibán García y el ecologista Ernest Urtasun, de En Comú Podem. “El acuerdo no es perfecto, pero es un claro paso adelante”, ha celebrado Urtasun en redes sociales.

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Las críticas se refieren a que la publicación de esos datos es limitada a los Veintisiete y la pequeña “lista negra” de 19 países y territorios no cooperativos en materia fiscal, como Guam o las Islas Vírgenes. El acuerdo, en cualquier caso, deberá ser ahora aprobado por el Parlamento Europeo, así como por el Consejo de la Unión Europea.

La Comisión Europea puso encima de la mesa esta propuesta en 2013, pero desde entonces encalló por la resistencia de algunos Estados miembros. Pero los tiempos están cambiando. Estos mismos días en la OCDE se negocia con el impulso de la nueva administración americana un impuesto global de sucesiones. Las propuestas más prometedoras sitúan ese impuesto en el entorno del 15%, lejos del 21% propuesto por Joe Biden, nuevo presidente americano, pero mucho más de lo que se podía esperar hace algunos años. Algunos de los países que más resistencia presentan a un acuerdo en la OCDE son europeos. En concreto, el más vocal es Irlanda.

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La UE busca con este acuerdo poner en el foco las pérdidas en ingresos fiscales que sufre el bloque comunitario. La Comisión estima que por el sumidero fiscal se escapan entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año. Pero esa información también expondrá la brecha existente entre los distintos Estados miembros. Algunos, como la propia Irlanda o Países Bajos o Luxemburgo, han construido un sistema fiscal a través del cual se han convertido en la base de grandes compañías, que se libran de pagar impuestos en el resto de países beneficiándose de esquemas fiscales mucho más favorables en estos Estados miembros.

En algunas ocasiones esas ventajas fiscales toman forma de acuerdos específicos, los llamados “acuerdos fiscales”, como los que la Comisión Europea consideró ilegales entre el Gobierno irlandés y Apple, por el que obligó a la multinacional americana a devolver a Dublín 13.000 millones en impuestos impagados. Sin embargo, recientemente el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha dado varios varapalos a la dirección general de Competencia del Ejecutivo comunitario, anulando, entre otras, la decisión sobre Apple e Irlanda.

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“El 80% de las pérdidas fiscales de países europeos se produce en los propios paraísos fiscales de la UE, principalmente Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda. La UE es responsable del 36% global de pérdidas fiscales”, ha señalado Urtasun en un comunicado, subrayando la importancia de poner la lupa no solamente en los lejanos paraísos fiscales, sino también dentro de la propia Unión.