Moncloa y la Junta de Andalucía chocan por la responsabilidad en la quiebra de Abengoa

Aún después de declarar la quiebra, Abengoa sigue levantando ampollas políticas. Mientras que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que el Gobierno de España hizo sus "deberes y tareas" para intentar salvar la viabilidad de Abengoa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que la empresa tenía una deuda de "casi 6.000 millones de euros" y que no considera que se pueda imputar al Gobierno andaluz por la situación de la cotizada.

Abengoa solicitó este pasado lunes la declaración de concurso voluntario de acreedores debido a que no ha logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

Así lo notificó la firma sevillana en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde afirmó que la decisión es "la más adecuada para salvaguardar los intereses de la sociedad y de todos los acreedores". Hasta el pasado 19 de febrero se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía.

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Entre los representantes políticos, nadie quiere asumir la responsabilidad. Este martes, Moreno ha argumentado que no se puede imputar al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) la responsabilidad de la situación de Abengoa, con una deuda de "casi 6.000 millones de euros", y ha señalado que desean y apoyan la viabilidad de la compañía.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno ha apuntado que, "si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa".

De esta manera, ha confiado en que el ICO, el Gobierno, las entidades financieras y la empresa establezcan un plan de viabilidad "serio y que dé futuro a la compañía", mientras, por su lado, ha subrayado que la Junta estará al lado de Abengoa "en cada cuestión que solicite y puedan atender".

A su juicio, Abengoa tiene viabilidad como empresa porque "tiene capacidad, talento y recursos, junto a una oferta muy incorporada a muchos mercados internacionales". No obstante, ha reconocido que esto va depender "del propio plan de viabilidad de la empresa y de los recursos que pueda disponer".

Por su parte, el Gobierno central no ha querido recoger el guante. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha alegado que son otros, como la banca y la propia Junta de Andalucía, los "que tienen explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso" que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.

Montero subrayó que el Gobierno ha apoyado "en todo momento" a Abengoa y siempre ha "tendido la mano" a la compañía para "llevar a buen puerto una difícil situación" agravada por la crisis del covid-19, estando dispuesto a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y CESCE.

Por ello, aseguró que la propia compañía ha explicado en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los motivos por los que no ha podido completar la operación, que "básicamente" se han debido a la falta de un mayor plazo por las entidades financieras, "circunstancia a la que no han accedido", y a la condición de la aportación al plan de rescate de 20 millones por la Junta de Andalucía, "que no se llegó a materializar y que era una cantidad infinitamente inferior a la que el propio Gobierno de España quería plantear", dijo.

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"Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteado", afirmó Montero, advirtiendo de que "no es una valoración del Gobierno, sino que la lectura detenida del hecho relevante de la compañía puede hacer llegar a estas mismas conclusiones".

No obstante, la portavoz del Gobierno dio todo "su ánimo" a la empresa y al administrador concursal para que, "en la medida de lo posible, los puestos de trabajo se puedan preservar".

"Evidentemente, todavía queda camino por recorrer, el hecho de presentar el concurso no tiene que implicar necesariamente que se vaya a producir una liquidación definitiva de la empresa, ojalá el administrador tenga capacidad de buscar un nuevo inversor que se pueda aprovechar del talento y el 'know how' que una de las empresas de ingeniería más importante del país y la más importante de Andalucía ha aportado en los últimos años", añadió.