El 'crash' político de Abengoa: una historia de indecisión, confrontación y herencias
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EL FUTURO DE LA EMPRESA, EN EL AIRE

El 'crash' político de Abengoa: una historia de indecisión, confrontación y herencias

La empresa negocia, con empuje del Gobierno de la nación, dejar Sevilla para instalarse en Valencia después de que la Junta niegue 20 millones de euros. Pero detrás hay mucho más

placeholder Foto: Una torre solar de Abengoa en el parque solar de Sanlucar la Mayor. (Reuters)
Una torre solar de Abengoa en el parque solar de Sanlucar la Mayor. (Reuters)

¿Qué son 20 millones en un océano de 40.188 millones de euros? La magnitud del Presupuesto andaluz de 2021, sin contar las ayudas de reconstrucción europeas pendientes de llegar, hace preguntarse a muchos por qué la Junta de Andalucía, en coalición de PP y Cs, deja caer a Abengoa. Una empresa de pedigrí, multinacional que fue un símbolo y que, a lo largo de su historia, ha pasado de que su fundador celebrara almuerzos privados con Felipe González o sus herederos se codearan con Barack Obama y los ministros del PP, a ser tratada como un problema que no tiene solución y que mendiga ayuda a las administraciones.

El Gobierno andaluz acaba de aprobar un plan de ayudas a pequeñas y medianas empresas de 670 millones de euros, ¿ha calibrado bien el impacto en la opinión pública de la fuga de Abengoa a Valencia? ¿Calcula acertadamente la Junta andaluza lo que supone para su discurso de Gobierno del cambio que hará de Andalucía "un destino refugio de la inversión extranjera" y "favorito para el asentamiento de empresas"? La respuesta desde el Ejecutivo andaluz es afirmativa. “Sí y sí”, zanjan.

Foto: (Reuters)

En junio, representantes de Abengoa descolgaron el teléfono para hablar con quien fue consejero de Economía y Hacienda en el último gobierno socialista en Andalucía. Al hoy diputado por Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, le informaron de que estaban a la espera de que la Junta pusiera sobre la mesa 20 millones de euros para sacar adelante un plan de refinanciación de la empresa sevillana que ya estaba en todos los periódicos. Fueron los responsables de Abengoa los que pidieron directamente a los portavoces de la oposición que alcanzaran un compromiso político para que esa ayuda diera un respiro financiero clave para reflotar la compañía. Era importante para el Gobierno andaluz, explicaron, ese compromiso de todo el arco parlamentario.

Hacienda al mando

El socialista Ramírez de Arellano se quedó confundido. Lo normal, pensó, es que lo hubieran llamado directamente desde el Gobierno andaluz. Quedó a la espera y fue el consejero de Hacienda, Juan Bravo, el que descolgó días más tarde para darle detalles. Le explicó que el Gobierno andaluz estaba buscando fórmulas, alternativas viables para inyectar ese dinero en Abengoa. Todo estaba abierto. Podría venir por una quita de deuda de la Seguridad Social, por Empleo, por Industria o por un aval clásico, utilizando la Agencia IDEA... El PSOE asegura que solo puso una condición: "Pedimos transparencia".

Mientras, el Gobierno de la nación mantenía sus propias negociaciones con la empresa andaluza. Abengoa había abierto el diálogo con tres ministerios: Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Industria, Comercio y Turismo. La falta de liquidez se agravaba por los efectos de la crisis sanitaria. Con Madrid sí se encontró una salida. La ministra sevillana María Jesús Montero espoleó el acuerdo.

placeholder Protestas de los trabajadores de Abengoa. (EFE)
Protestas de los trabajadores de Abengoa. (EFE)

El plan para salvar Abengoa pasaba por una reestructuración de la deuda financiera, la entrada de nueva financiación por parte de entidades financieras privadas con garantía del ICO, de los cuales 126 millones están asegurados; la reestructuración de la deuda comercial con proveedores; un préstamo de hasta 50 millones de euros por ICO, también con aval público, y una nueva línea de avales técnicos, con carácter 'revolving', de 300 millones (con una suma asegurada por parte de CESCE de 180 millones de euros, es decir, con una cobertura del 60%). Cantidades que hacían pensar que los 20 millones que debía aportar la Junta no iban a ser un problema.

Isofotón y la corrupción

En Andalucía, tras el verano, la negociación encalló. Mientras que el Estado y el ICO comprometían su apoyo para mantener "más 14.000 puestos de trabajo a nivel global, de los que 2.600 son empleos directos en España —además de cerca de 8.000 indirectos—, con una presencia muy relevante en Andalucía", el Gobierno andaluz comenzó a deslizar que había muchas lagunas en el plan de refinanciación de la empresa y que esta aportación no iba a evitar que Abengoa terminara cayendo. "No lo vemos claro", manifestaron.

"La falta de una respuesta clara ha sido lo más desconcertante", admite el diputado socialista Ramírez de Arellano. El Gobierno andaluz nunca le dijo que no a Abengoa ni explicó sus razones abiertamente, "hubiera sido legítimo", sino que empezó a posponer el problema. Es más, el propio presidente Moreno habló con el presidente de la empresa, Gonzalo Urquijo, y se comprometió a dar esa ayuda. La falta de un instrumento jurídico para pagar esos 20 millones no se entendía como motivo. El Gobierno andaluz podría aprobar un decreto ley para dar soporte a esa ayuda, igual que lo ha aprobado para inyectar dinero en las pymes a fondo perdido. Los puestos de trabajo en Sevilla ascienden a un millar de personas pero los auxiliares elevarían mucho más esa cifra y es mano de obra muy cualificada. La búsqueda de ayudas para Abengoa coincide en el tiempo con la resurrección del juicio por Isofotón, donde se juzga a la cúpula del Gobierno socialista de entonces por inyectar ayudas a esa fotovoltaica.

Foto: Empleados, en la entrada de la sede de Palmas Altas en Sevilla. (Fernando Ruso)

Los paralelismos entre ambos casos son evidentes y desde la Junta andaluza empiezan a contar que tras casos como los ERE o Isofotón no encuentran "a un solo funcionario que quiera firmar esa ayuda". Llama la atención que toda la negociación se ha desligado de Economía, capitaneada por Cs y donde reside la Agencia IDEA, cuya cúpula fue también juzgada en el caso de los ERE. En los estatutos de esa agencia, que libra los pagos a las empresas en crisis desde hace décadas en Andalucía, cabría perfectamente, explican directivos de esa agencia pública, la ayuda a Abengoa.

Pero Cs acaba borrado del diálogo con la directiva de la empresa sevillana y el PP sabe que durante años ha denunciado un modelo que achacaba al PSOE y que criminalizaba rescates de grandes empresas que acabaron en muchos casos en los tribunales. Demonizó y judicializó Santana Motor, Delphi, el caso ERE, Isofotón, el caso avales (de préstamos a empresas), todos están relacionados y alimentan el relato de un nido de corrupción y redes clientelares a través de este modelo. Una parte del Gobierno siente que la ayuda a Abengoa es una enmienda a la totalidad del modelo de cambio que habían prometido. Los pluses, a los que finalmente renunciaron los directivos, también sirven a la Junta para dejar claro que la ayuda estaba condicionada a que esos bonus desaparecieran.

Foto: Álvaro Polo, director general de Recursos Humanos de Abengoa. (F.R.)

A finales de octubre, el consejero andaluz de Hacienda, en una reunión con la oposición, saca a colación el tema de Abengoa e insiste, de nuevo, en que se están buscando soluciones. Días más tarde, responsables de su Consejería, en una videoconferencia, explican una fórmula que daría con la salida que llevaban ya cinco meses buscando. "No ponen papeles sobre la mesa pero sí explican una salida de la que me voy a reservar los detalles", asegura el socialista Ramírez de Arellano. Esa fórmula 'ad hoc', que denominó Bravo, existe. La empresa, que había registrado su plan el pasado mayo en la CNMV, empieza a presionar más y el Gobierno andaluz avisa de que no admitirá "chantajes".

Tensión con el Gobierno

Entonces, se cruzó Valencia, La posibilidad de buscar una nueva ubicación para la empresa la puso encima de la mesa la propia Abengoa cuando comenzó a atascarse en sus negociaciones con la Junta. Sin embargo, el primer contacto con la Generalitat de Ximo Puig para explorar una posible nueva ubicación no surgió de Gonzalo Urquijo y su entorno, sino del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo papel en el plan de refinanciación es clave por la aportación millonaria del Instituto de Crédito Oficial. Desde la Administración valenciana se guarda con celo el detalle de quién fue en concreto el interlocutor de Puig en la propuesta, pero se admite que fue una iniciativa gubernamental que derivó posteriormente en los encuentros con Urquijo esta misma semana.

placeholder Ximo Puig. (EFE)
Ximo Puig. (EFE)

Hasta que el jueves reveló oficialmente la existencia de la llamada de traslado en la sesión de control de las Cortes Valencianas, aunque sin citar expresamente el nombre de la empresa, Ximo Puig ha mantenido muy en secreto la vía abierta con Abengoa. El barón socialista no oculta que ha establecido una relación cordial con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno, con quien tiene pendiente una cita en Sevilla y con el que comparte visiones similares en materia de financiación autonómica. Habrá que ver cómo impacta la negociación abierta con Abengoa en esa relación, que explica, entre otras razones, que Puig optase por la discreción y por no mostrar una actitud proactiva hasta que la ruptura de la compañía con la Junta fuera irreparable.

La Generalitat lo estudia

Tanto es así, que el 'conseller' de Economía, Rafael Climent, de Compromís, no se enteró hasta el último momento de la existencia de estas conversaciones. No es un detalle a despreciar, porque Climent podría tener la última palabra en la concesión de un posible préstamo con fondos públicos a Abengoa.

El 'president' ha encargado el análisis de la operación al director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, responsable de tutelar los equipos de trabajo técnicos con la empresa andaluza. El instrumento que mejor encaja administrativamente para justificar un préstamo por importe de 20 millones de euros, como el que pide Abengoa, es el llamado Fondo Valenciano de Resiliencia, el vehículo creado para ayudar a empresas consideradas "estratégicas" con motivo del covid. Un mero cambio de sede social permitiría a Abengoa acogerse a ese fondo, creado en principio para empresas medianas; pero, al tratarse de una compañía industrial, la firma del crédito correspondería al departamento sectorialmente competente, en este caso Economía, del 'conseller' de Compromís.

"He movido Roma con Santiago para ayudar a Abengoa", dijo ayer el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. "Si el traslado de Sevilla a Valencia sirve para salvar empleo es una buena solución", advirtió un día antes la ministra Reyes Maroto, que culpó de esa mudanza a "la pasividad de la Junta". "No me creo que 20 millones del Gobierno andaluz arruinen una operación de 500 millones", replicó el presidente andaluz. Lejos queda aquella intervención privada de la socialista Susana Díaz, tras el derrumbe de Abengoa en 2015, mediando con Ana Patricia Botín para que el Santander, hoy principal acreedor, salvara a la multinacional sevillana que situó Andalucía en el mundo. Abengoa sigue en el aire y, por ahora, dicen todas las partes, nada es descartable. Hubo una época en la que en Sevilla si te contrataban en Abengoa era casi como si te hubiera tocado la lotería. "Te podían llamar de Telefónica, de la Cruz del Campo, de la Sevillana de Electricidad, pero Abengoa era Abengoa, eso era el Gordo". Ha llovido mucho desde entonces.

¿Qué son 20 millones en un océano de 40.188 millones de euros? La magnitud del Presupuesto andaluz de 2021, sin contar las ayudas de reconstrucción europeas pendientes de llegar, hace preguntarse a muchos por qué la Junta de Andalucía, en coalición de PP y Cs, deja caer a Abengoa. Una empresa de pedigrí, multinacional que fue un símbolo y que, a lo largo de su historia, ha pasado de que su fundador celebrara almuerzos privados con Felipe González o sus herederos se codearan con Barack Obama y los ministros del PP, a ser tratada como un problema que no tiene solución y que mendiga ayuda a las administraciones.

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