Calviño y Díaz chocan en la ley de los 'riders' y su regulación nacerá sin acuerdo
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Calviño y Díaz chocan en la ley de los 'riders' y su regulación nacerá sin acuerdo

Salvo sorpresas, la regulación de las plataformas digitales nacerá sin acuerdo. Discrepan no solo CEOE de los sindicatos y el Gobierno, sino también las ministras Calviño y Díaz

placeholder Foto: La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (EFE)
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (EFE)

Si nada lo impide, y nada indica que pueda ser así, la normativa que regule la actividad de los ‘riders’ saldrá sin pacto social por la oposición de los empresarios. Lo singular, sin embargo, es que tampoco está muy claro si el propio Gobierno alcanzará un acuerdo. En este caso, por discrepancias profundas entre el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia económica.

Esto es así porque, después de más de medio docena de reuniones —este miércoles, probablemente, será la última—, no hay acuerdo sobre el ámbito de aplicación de la nueva norma. Es decir, si afectará de manera exclusiva a los repartidores de comida, como los que trabajan en Deliveroo o Glovo, o, por el contrario, tendrá eficacia general para el conjunto de las plataformas tecnológicas.

Foto: La 'ley rider' pretende acabar con los falsos autónomos empleados por las grandes plataformas digitales. (EFE)

Lo que esconde esta discrepancia es si los trabajadores son por cuenta propia o por cuenta ajena. Aunque el Tribunal Supremo aclaró este punto de forma taxativa, y sin apenas matices, en la sentencia del pasado 25 de septiembre (ver el texto), en el sentido de que se trata de trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, asalariados, lo cierto es que el sector teme que el Gobierno opte por la vía del real decreto-ley para sacar adelante la nueva legislación. Entre otras cosas, porque el propio Ministerio de Trabajo, según el sector, ha renunciado a reunirse con las empresas directamente afectadas, algo que desmiente el Ministerio, y ha remitido la discusión a las cúpulas empresariales. Lo que pretende el sector, en concreto, es que el texto se tramite a través de un proyecto de ley para facilitar una mayor discusión pública.

Gonzalo Pino, secretario de Acción Sindical de UGT, sin embargo, descarta esta posibilidad, pero echa en falta que los empresarios de CEOE y Cepyme hayan hecho aportación alguna en las negociaciones, lo que supone, según los sindicatos, un boicot en toda regla a la norma.

Foto: Foto: Reuters

La inspección hace su trabajo

Lo que puede estar detrás de esta situación es que se abra en el futuro una enorme litigiosidad como, de hecho, se ha producido en los últimos años. Incluso después de una sentencia del Tribunal Supremo que, en teoría, debería haber delimitado el campo de juego. Muy al contrario, Economía y Trabajo discrepan de cómo interpretar la norma del alto tribunal. De forma rígida, como aspira la ministra Díaz, o más flexible, como pretende Calviño. Con la particularidad de que, mientras llega la norma, la inspección sigue haciendo su trabajo.

“La CEOE no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta”, asegura Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud de CCOO, quien sugiere que el problema no está solo entre Trabajo y sindicatos, por un lado, frente a las patronales, sino también entre las ministras Calviño y Díaz. “No sabemos el margen de maniobra que tendrá Trabajo”, asegura. Por su parte, para el número dos de UGT, lo que está claro es que al final se va a regular, y lo que puede estar en juego realmente es si las empresas “necesitan tiempo” para adaptar sus relaciones laborales a la nueva norma.

placeholder Un 'rider' de Glovo. (Reuters)
Un 'rider' de Glovo. (Reuters)

La sentencia del Supremo en recurso de casación para unificación de doctrina se refería a un caso concreto, el de un trabajador de Glovo. Y lo que dijo es que la actividad de la empresa no se limitaba a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realizaba una labor de coordinación y organización del servicio productivo. Se trata, sostenía la sentencia de la sala de lo social, de “una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad”.

La Vicepresidencia económica, que también tiene entre sus competencias los servicios digitales, teme que si se elabora una norma excesivamente rígida se frene la transformación económica del país en unos momentos en que se están produciendo enormes avances tecnológicos. O, lo que es lo mismo, que la incorporación de trabajadores asalariados en plantilla desincentive nuevos negocios vinculados a las plataformas digitales.

Hay que tener en cuenta que no solo los ‘riders’ estarían afectados por la nueva norma, sino también colectivos como repartidores de prensa o de pan, profesores, instaladores a domicilio o cualquier otra profesión que opere mediante plataformas. Es decir, lo que está en juego es definir, con toda su complejidad, qué es una plataforma digital. Si una herramienta o un empleador.

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