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Díaz busca desbloquear la 'ley rider' con una propuesta rebajada y basada en sentencias
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Díaz busca desbloquear la 'ley rider' con una propuesta rebajada y basada en sentencias

Se descarta que las plataformas digitales tengan que hacer públicos sus algoritmos de funcionamiento, como se previó en borradores previos y como reclamaron los sindicatos

Foto: La 'ley rider' pretende acabar con los falsos autónomos empleados por las grandes plataformas digitales. (EFE)
La 'ley rider' pretende acabar con los falsos autónomos empleados por las grandes plataformas digitales. (EFE)
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Los retrasos se acumulan en la mesa de diálogo social sobre la regulación laboral de las grandes plataformas digitales, la denominada 'ley rider', que el Gobierno había comprometido llevar al Consejo de Ministros antes de que finalizase el año 2020. Para desbloquear la situación, el Ministerio de Trabajo perfila una propuesta que llevará a la próxima reunión con los agentes sociales, fijada para el 13 de enero, en la que se descarta que las plataformas digitales tengan que hacer públicos sus algoritmos de funcionamiento, como se dijo en algún borrador previo y como han reclamado los sindicatos chocando con el criterio de la patronal.

Pese a descartarse este registro, que tendría dudoso encaje con directivas europeas e incluso con la propia libertad de empresa o la ley de protección industrial, se diferencian los algoritmos aplicados para la actividad empresarial de aquellos que afectan a las condiciones de trabajo y que puedan generar discriminación, según fuentes del departamento de Trabajo. Esto es, se pone el foco en los relacionados con los derechos laborales, no con aquellos relativos al funcionamiento de la empresa.

Foto: La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE)

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aplaudía recientemente una sentencia italiana al respecto, asegurando que "garantizar el trabajo decente es imprescindible también frente a los algoritmos que pueden, en ocasiones, discriminar a quienes trabajan". El mencionado fallo del Tribunal de Bolonia concluía que el algoritmo utilizado por la plataforma Deliveroo para evaluar a sus repartidores, denominado Frank, es discriminatorio. Entre otras cuestiones, este algoritmo no distingue el absentismo laboral injustificado de las bajas por enfermedad o las ausencias del puesto de trabajo para ejercer el derecho a huelga. Una sentencia "a la que habrá que seguir la pista", según manifestaba Díaz a través de sus redes sociales.

La futura ley busca clarificar la naturaleza laboral de la relación entre los trabajadores de estos servicios, mayoritariamente de reparto a domicilio, y sus empresas, para que las grandes plataformas digitales no empleen falsos autónomos. La primera sentencia del Supremo sobre un 'rider' el pasado mes de septiembre, en la que se concluyó que se trata de un falso autónomo, es la línea de la que parte Trabajo.

Foto: Foto: Reuters

El fallo del alto tribunal, que analiza la relación entre una plataforma digital y uno de sus repartidores, afirma que la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta “servicios de recadería y mensajería”, fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Esta primera sentencia se produjo contra la multinacional catalana Glovo. Precisamente, dentro de la patronal, Foment del Treball ha sido la organización más beligerante contra la 'ley rider'.

Varias de las pretensiones iniciales planteadas en anteriores borradores de la ley también han ido rebajándose o desapareciendo, como los pluses salariales por el uso de vehículos o equipos propios, en pro de facilitar un punto intermedio entre sindicatos y patronal. Todo ello, sumado a que desde un principio se descartó incluir las empresas de VTC, a pesar de que muchos de sus conductores operan como falsos autónomos, ciñéndose únicamente a los repartidores de mercancías.

Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (c), la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros. (EFE)

El objetivo ahora es desbloquear cuanto antes este acuerdo, que al mismo tiempo impide abrir la negociación sobre la reforma laboral, el principal caballo de batalla del ministerio liderado por Yolanda Díaz en esta legislatura. En el informe de rendición de cuentas presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su balance del primer año de legislatura, se incluye entre los "compromisos no iniciados más relevantes" limitar la contratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de contrato por parte de la empresa; derogar la ultraactividad limitada de los convenios colectivos y la prioridad aplicativa del convenio de empresa; vincular el descuelgue de convenio a causas económicas graves; reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal, y las sanciones en caso de uso fraudulento.

La prórroga de los ERTE, en vigor hasta el 31 de enero, es sin embargo el acuerdo más urgente en la mesa de diálogo social. Este viernes, en la reunión de la mesa de diálogo social, el Gobierno propondrá una prórroga quirúrgica sin cambios sustanciales. La propuesta prácticamente perfilada es continuista con respecto a la anterior prórroga, tanto en lo relativo a las prestaciones como a las exoneraciones de las empresas.

Los retrasos se acumulan en la mesa de diálogo social sobre la regulación laboral de las grandes plataformas digitales, la denominada 'ley rider', que el Gobierno había comprometido llevar al Consejo de Ministros antes de que finalizase el año 2020. Para desbloquear la situación, el Ministerio de Trabajo perfila una propuesta que llevará a la próxima reunión con los agentes sociales, fijada para el 13 de enero, en la que se descarta que las plataformas digitales tengan que hacer públicos sus algoritmos de funcionamiento, como se dijo en algún borrador previo y como han reclamado los sindicatos chocando con el criterio de la patronal.

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