El espejismo de Montero: las CCAA tendrán que devolver la financiación extra recibida

En el año 2019, se generó un fuerte choque entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas como consecuencia de la liquidación del IVA. Las regiones acusaron al Gobierno de apropiarse de sus recursos y la Comunidad de Madrid incluso recurrió ante los tribunales, fallo que todavía está pendiente. Si se produjo tal conflicto por el reparto de 2.500 millones, ¿qué pasará a partir de 2022 cuando las CCAA tengan que devolver más de 10.000 millones?

El problema surgirá cuando sea necesario liquidar el sistema de financiación de los años 2020 y 2021 en los años 2022 y 2023. En ese momento, será necesario ajustar la financiación recibida a la recaudación efectiva, que se calcula a partir de los datos de contabilidad nacional. Esto es, se determinará cuánto deberían haber recibido en función de la recaudación generada y cuánto recibieron realmente en concepto de entregas a cuenta. La diferencia entre ambas cuantías será el resultado de la liquidación.

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Cuando hay crecimiento económico, lo normal es que la liquidación sea favorable para las CCAA. Por ejemplo, en 2021, recibirán unos 9.000 millones, porque las entregas a cuenta de 2019 fueron inferiores a la recaudación efectiva. Sin embargo, cuando se produce una caída brusca de los ingresos, las liquidaciones se complican. En 2022, será necesario liquidar las cuentas de 2020, el primer año de la crisis del coronavirus, y entonces será cuando Hacienda pase la factura a las regiones.

La estrategia del Gobierno ha sido blindar los ingresos de las regiones para que así pudieran financiar todas sus competencias transferidas, en especial sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, una buena parte de estos recursos se ha canalizado a través de las entregas a cuenta. En concreto, las CCAA recibirán en 2020 y 2021 unos 2.500 millones más que en 2019, cuando el PIB marcó su máximo histórico. Esto significa unas transferencias de récord muy superiores a las que les corresponderían aplicando la normativa del sistema de financiación. En el acumulado de 2020, la recaudación tributaria está cayendo más de un 10%, y en 2021 se recuperará, pero el descenso seguirá siendo superior al 5%. Esto significa un exceso de financiación que podría superar los 15.000 millones de euros.

"Articularemos un procedimiento para que las comunidades autónomas no tengan que pagar inmediatamente lo que han recibido"

A partir de 2022, será el momento de ‘echar cuentas’, pero las comunidades autónomas tendrán que devolver todos los recursos extra recibidos que no les correspondían. La ministra de Hacienda ya explicó el lunes que, cuando se realice la liquidación definitiva (los cálculos se harán a lo largo del primer semestre de 2021), “articularemos un procedimiento para que las comunidades autónomas no tengan que pagar inmediatamente lo que han recibido como recursos en los ejercicios precedentes”. Eso sí, “tendremos que abordarlo respetando el sistema de financiación”.

Esto significa que la financiación adelantada se convierte en una deuda para las CCAA que tendrán que liquidar a partir de 2022. Lo que hará el Gobierno es buscar aplazamientos en los pagos para evitar un impacto muy severo en un único año. Una estrategia similar a la que siguió el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la crisis financiera, cuando los ingresos se hundieron pero las entregas a cuenta se mantuvieron sin recortes. En ese momento, se optó por descontar anualmente una parte de las entregas a cuenta hasta saldar la deuda.

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Otra opción será incorporar esta transferencia extraordinaria dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica que está elaborando el Gobierno. La cuantía de esta deuda, que probablemente supere los 15.000 millones de euros, es tan abultada que puede convertirse en un mecanismo de presión del Ejecutivo para conseguir los votos de la oposición. En cualquier caso, la batalla política ya ha quedado servida.

Lo que no tendrán que devolver las CCAA son las transferencias extraordinarias de más de 30.000 millones recibidas a través del fondo covid en 2020 y de un nuevo fondo que se creará para 2021. Estas transferencias se han realizado al margen del sistema de financiación, de modo que son a fondo perdido y no se podrán contabilizar dentro de la liquidación anual.